Desde este martes iniciamos en Ciudad de México una reunión de tres días para debatir la participación de los jóvenes en la política y su rol en la consolidación de la democracia en América Latina y el Caribe. Más de 30 organizaciones juveniles de la región y contrapartes nacionales que trabajan en políticas públicas orientadas a juventud estarán presentes, incluyendo jóvenes líderes y lideresas políticas.

El tema es fundamental, no sólo para la región. Casi la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años y más de un tercio tiene entre 12 y 24 años. Este factor demográfico junto a condiciones de inequidad y desigualdad juvenil y los recientes movimientos sociales, desde la Primavera Árabe, el 15M en España, y el Movimiento YoSoy132 de México, hasta el movimiento estudiantil en Chile, reafirman  la necesidad de redoblar esfuerzos para atender sus demandas y necesidades así como también el reconocer la capacidad de los jóvenes en la promoción de cambios sociales.

De los 600 millones de latinoamericanos y caribeños, más de 26% son jóvenes (entre 15 y 29 años), lo que representa una oportunidad única para el presente y futuro desarrollo y gobernabilidad de la región.

Los Informes de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (regionales y nacionales) han demostrado que los jóvenes tienen un enorme potencial para contribuir al avance de la sociedad y ser agentes activos de cambio. Sin embargo, a pesar de los notables progresos en la lucha por la reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo de elecciones libres y transparentes, y el fortalecimiento de nuestras democracias, hay evidencia creciente en la región de problemas estructurales de desigualdad en el ejercicio de los derechos ciudadanos, y en las oportunidades y acceso a empleo, servicios y bienes públicos que afectan a los jóvenes directamente.

Factores como el ingreso, el género, origen étnico o residencia son claros condicionantes, cuando no barreras determinantes, en el acceso y disfrute de derechos ciudadanos y condiciones de vida básicas.

La satisfacción de las necesidades mínimas no está asegurada para una gran cantidad de jóvenes. La incidencia de la pobreza y la indigencia afecta a un 25% de los jóvenes de entre 15 a 29 años, lo que impide el ejercicio efectivo de derechos consagrados y reconocidos en las constituciones nacionales y diversos instrumentos internacionales.

Además, solo el 35% de los jóvenes entre 15 y 29 años en la región tiene acceso a la educación. Igualmente revelador es el hecho que uno de cada dos latinoamericanos posea más que educación básica, pero solo un 18% cuente con educación universitaria.

Mas preocupante aún son los aproximadamente 20 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian, la llamada generación “NINIs”. Así, en América Latina, más de 18% de jóvenes entre los 15 y 18 (9,4 millones) no estudian ni trabajan: 54% son mujeres y 46% son hombres.

Eso también significa que muchos jóvenes actualmente se encuentran más expuestos a condiciones y situaciones de vulnerabilidad y riesgo. Si América Latina y el Caribe representa menos del 9% de la población mundial, concentra el 27% de los homicidios en el mundo, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La exposición a la violencia e inseguridad, se agrava ante la construcción y percepción distorsionada del joven, principalmente de bajos ingresos, como potencialmente violento, consumidor de drogas y moralmente débil. El tema de la seguridad ciudadana, bien como la importancia de invertir en los jóvenes, serán abordados en el próximo Informe Regional sobre Desarrollo Humano del PNUD.

A menudo los jóvenes, hombres y mujeres, no se sienten representados en los discursos  y mecanismos políticos tradicionales, no participan de espacios de decisión,  ni en debates sobre temas socioeconómicos y políticos claves aun cuando se sienten sensibles a las demandas de equidad y justicia social, protección medioambiental y diversidad cultural, según datos de la Unesco.

Pero su inclusión y participación efectiva fortalece y renueva la democracia.Estos tres días discutiremos buenas prácticas de gobierno, sociedad civil y de Naciones Unidas en la región en la inclusión política de los jóvenes. También debatiremos el uso de la tecnología y redes sociales, incluso plataformas electrónicas vinculadas al PNUD, que cuenta con una Escuela Virtual que ha capacitado a 80 jóvenes indígenas, afrodescendientes y mujeres de una docena de países de la región en inclusión política.

Para el PNUD el desarrollo de acciones conjuntas y alianzas sienta las bases para avanzar hacia el logro de una participación política inclusiva de las juventudes. Se lo debemos a las generaciones de latinoamericanos que han tenido y tendrán el privilegio de nacer y crecer en democracia.

*Esta columna fue publicada originalmente en la revista Humanum del PNUD.