No es la primera vez. No es ninguna sorpresa que los expertos designados por la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considere inverosímil la explicación oficial de lo ocurrido en Iguala. Especialistas forenses ya expresaron hace meses sus dudas sobre la versión de la Fiscalía y los parientes de los desaparecidos la rechazaron de pleno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México acusó a las autoridades investigadoras de graves deficiencias y los propios expertos de la CIDH se quejaron hace escasas semanas de falta de apoyo hacia su trabajo.

También es conocido el patrón de respuesta: una serenidad burocrática francamente provocadora. En el liberal México todo discurre por un curso socialista. En esta ocasión, el presidente anunció vía Twitter que las conclusiones del grupo de expertos serán tenidas en cuenta en las investigaciones. Al parecer, el tema ni siquiera merece que se celebre una rueda de prensa. No levantar más polvareda parece haberse convertido en el lema del gobierno federal, presidido por Enrique Peña Nieto.

Pero lo ocurrido en Iguala es más que un caso especialmente trágico de desaparecidos entre muchos otros. Ya solo este punto de vista supone un escándalo. Si el crimen se convierte en el día a día de una sociedad y la impunidad en la norma, el Estado de derecho es solo una palabra extraña y la democracia una ilusión, al menos para la mayoría de las personas que no pueden permitirse pagar un guardaespaldas y que no se han corrompido por dinero o por seguridad. O que no han tenido nunca la posibilidad de dejarse sobornar. Eso es lo que Iguala representa.

Los 43 estudiantes se han convertido en un símbolo de las casi 25.000 personas desaparecidas y de los incontables crímenes impunes de corrupción, violencia, asesinatos de periodistas, víctimas de la lucha contra la droga del predecesor de Peña Nieto y de todas las deficiencias, presuntas y probadas, de su propio gobierno. Seguramente esto le parezca injusto al presidente, y lo es en parte, pero debe tomarlo en cuenta en toda su dimensión.

Las reformas económicas y educativas de Peña Nieto sirven de poco en esta crisis y las leyes con las que su gobierno ha intentado controlarla en los últimos meses resultan ineficaces si no se cuenta con un sistema de seguridad y judicial dignos de confianza. México necesita ayuda, no un lavado de imagen. El orgullo nacional está fuera de lugar en esta situación, el gobierno debe pedir apoyo a Naciones Unidas. También puede contribuir la prevista asociación en materia de seguridad con Alemania, aunque podría implementarse mejor en el marco de una acción internacional, siguiendo el ejemplo de la Comisión contra la Impunidad de la vecina Guatemala.

Iguala fue la gota que colmó un enorme vaso. Este caso simboliza todo lo que desde hace décadas discurre rematadamente mal en México. Una gran parte de la sociedad civil se ha levantado contra ello, pero su voz no ha encontrado hasta ahora una vía política. Actualmente la credibilidad de la clase política está tan hundida, que no hay ningún partido que se haya ganado la confianza de los desesperados. Iguala también significa esto: con este caso cae la aceptación de la democracia en México. Esa es la verdad que debe afrontar el gobierno.