Sean países de economías desarrolladas que buscan salir de las crisis económica o países emergentes en pos del progreso, gobiernos y empresarios reconocen lo importante que es contar con las políticas públicas adecuadas para mejorar los niveles de infraestructura, lo que tiene relación directa con el grado de prosperidad de los países.

Por ejemplo, si uno observa entre los países más desarrollados, encontrará que el Reino Unido ha comprometido para los próximos cinco años US$326 mil millones para mejorar su infraestructura con proyectos enfocados en ferrovías, producción de energía y acceso de banda ancha. En el otro extremo, China viene ejecutando desde el año pasado un plan de doce años que apunta a invertir US$1 billón (millón de millones) solo en los primeros cinco años. India, a su vez, tiene un plan similar.

Un estudio de Ernst & Young y Urban Land Institute señala que los proyectos de infraestructura para los próximos 25 años excederán los US$50 billones. Las razones por las que los Estados buscan mejorar su infraestructura van más allá de sus ámbitos meramente nacionales. Por ejemplo, lo que está invirtiendo China para completar la mayor red mundial de trenes de alta velocidad (16.000 kilómetros) y cubrir un territorio como el de EE.UU., o su plan de igualar la red de autopistas interestatales de este país, no se compara con sus otros planes de trenes de alta velocidad a lo largo de Asia e India (nótese que se espera que el flujo comercial entre China e India sea el mayor del mundo en 2020), sino que busca también interconectarse a las redes ferroviarias europeas, como parte de su cadena de suministro.

En el Perú no somos ajenos a estas necesidades. Desarrollar nuestra infraestructura es fundamental para el progreso social y económico de nuestro país, y para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente la más necesitada. Asimismo, nuestra creciente clase media hace necesaria la ampliación eficiente de adecuadas políticas públicas para disminuir el enorme déficit de infraestructura que padece el Perú. Un estudio de Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que ese déficit es aproximadamente US$40.000 millones, cercano al 25% del PIB. En el 2005 era 33%, pero en términos absolutos -considerando el significativo crecimiento del PIB- no ha habido un cierre importante de esa brecha, a pesar de las importantes inversiones efectuadas.

Según el estudio del IPE, la brecha en transporte representa cerca del 40% del déficit total; le sigue saneamiento y electricidad, con cerca de 20% cada uno. En telecomunicaciones la brecha es algo menor, 15%, aunque el continuo avance de la tecnología y el creciente volumen de contenido y datos hacen que infraestructuras y tecnologías como el 3G sean obsoletas en muy corto plazo, y sean sobrepasadas por el 4G y el LTE. Los mismo pasa con la banda ancha doméstica y empresarial que cada día es mas insuficiente.

Para que la economía peruana avance a paso firme, se necesita pisar fuerte el acelerador en los temas de infraestructura, pues esta es la cuarta “pata” de la mesa, junto con las otras tres que el WEF considera básicas para la competitividad y el desarrollo de los países (salud, educación primaria, estabilidad macroeconómica e institucional).

En este contexto de urgencia –en que día a día se pierden decenas de millones de soles por baja productividad- la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura es crítica, sea en forma directa o bajo la figura de las asociaciones público-privadas (APP). Sin embargo, para eso se requiere no solo fijar periodos razonables para el repago de la deuda de capital, y plazos y tasas de retorno adecuados para las inversiones, sino fundamentalmente eliminar los engorrosos e innecesarios trámites burocráticos, y resolver los cuellos de botella de funcionarios estatales de tercer nivel que contagian los proyectos con “parálisis por análisis” o incapacidad de decisión.

El aparato estatal debe ser ágil y eficiente para materializar los proyectos de inversión que tanto necesita el Perú. No debemos caer en la figura del “perro del hortelano”: recordemos que el bienestar de la población es la razón de ser del Estado y de los funcionarios públicos.