América Latina se caracteriza por la presencia de un extendido presidencialismo desde que las naciones se independizaran hacia el siglo XIX, emulando el modelo norteamericano. El sistema presidencialista supone la inamovilidad política del presidente durante su gobierno y la duración fija del mandato, siendo ambos factores decisivos en los cálculos de todos los actores políticos.

Lo anterior, se expresa bien en la costumbre latinoamericana de denominar al presidente como “primer mandatario”, reconociéndosele una capacidad de “representación nacional” más fuerte que en los parlamentarios y superior por cierto, a cada ciudadano. No extraña entonces, que el conjunto de actividades políticas, administrativas e incluso simbólicas recaigan en una única persona.

Pero hay veces, en que por razones diversas, las fuerzas políticas nacionales ponen en entredicho la duración fija del período presidencial, procurando remover al presidente antes del término oficial de su mandato. En el siglo XXI tal ha sido el caso de Venezuela en 2004, Honduras en 2009 y Ecuador en 2010; en cada país con sus peculiaridades, pero con el denominador común de pretender terminar anticipadamente un período presidencial.

Tal situación es la que atravesó Paraguay. Su ahora ex presidente, Fernando Lugo asumió la presidencia en agosto de 2008 para un período de cinco años, y vino a remplazar al Partido Colorado asentado por más de seis décadas en el poder. El jueves 21, la Cámara de Diputados paraguaya decidió por 76 votos a favor y uno en contra someter al presidente Lugo a juicio político, por mal desempeño de sus funcionesa raíz de la responsabilidad que se le asigna en la matanza de Curuguaty acaecida el viernes 15 de junio. En ese episodio murieron 17 personas (campesinos y policías) en el contexto de un desalojo a ciudadanos que ocupaban tierras de propiedad de un ex senador del Partido Colorado, que le fueron entregadas por el autócrata y ex presidente Alfredo Stroessner, razón por la cual los campesinos reclaman su “recuperación”.

Las ocupaciones de tierras son recurrentes en el territorio paraguayo a causa de la inexistencia de una solución a movimientos denominados “sin tierra”, y la no concreción de la reforma agraria prometida por Lugo en su campaña. De acuerdo a la oposición, el Ejecutivo habría sido incapaz de canalizar dichas movilizaciones mediante mesas de diálogo, desestimando que el Partido Colorado haya logrado solucionar en seis décadas de mandato tales conflictos.

El juicio político se levantó contra Lugo además por responsabilizársele de la existencia de crecientes niveles de inseguridad en Paraguay, y de poseer vínculos con los campesinos que ocupan tierras ilegalmente, todos argumentos levantados por el Partido Colorado de la coalición derechista, y de más de algún interesado en poner fin al mandato del ex obispo, dado su actuar especialmente en sus tiempos de religioso.

Lo relevante, es que este juicio termina con la destitución del mandatario, hecho inédito en Paraguay. Un caso similar aconteció en 1999 cuando Raúl Cubas renunció, pero lo hizo para evitar la destitución, no sometiéndose al juicio político emanado del legislativo acusándosele de corrupción y de estar implicado en el asesinato de su vicepresidente.

La decisión del Congreso, ha sido consignada por el ahora ex presidente paraguayo como un “Golpe de Estado express por parte del Congreso” (El Comercio, 22.06.2012) categorización con la que concordó el presidente boliviano Evo Morales. Sin embargo, el mandatario paraguayo sostuvo el jueves que no renunciaría a la presidencia de la República, y que se sometería al juicio. Al día siguiente optó por presentar ante la Corte Suprema un recurso de inconstitucionalidad contra el juicio político en su contra porque este “no respetaría el debido proceso por la brevedad de los plazos procesales fijados” (El Comercio, 21.06.2012). Finalmente aceptó la destitución, ambivalencia que debe entenderse por el rol de los actores implicados los cuales eran más que quienes le apoyaban.

En cuanto a los actores involucrados, un factor que complejizó más el escenario, fue la adhesión del Partido Liberal Radical Auténtico, principal aliado del gobierno a la destitución del presidente, convocando a cuatro de los actuales ministros que pertenecen a sus filas, a que renunciaren a sus cargos dentro del gobierno (BBC Mundo, 21.06.2012).

Por otra parte, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) también conminó al ex mandatario a dejar el cargo. Mientras las FF.AA. no se habían hecho parte del conflicto emitiendo un comunicado en el que aseguran mantenerse dentro de sus funciones específicas establecidas por las leyes.

En este contexto donde todos los actores relevantes de la política se pronunciaron a favor de la destitución, la reunión convocada por el Consejo Extraordinario de Cancilleres de los 12 países que la conforman la Unasur, para “preservar la institucionalidad y la democracia en Paraguay” (Emol, 21.06.2012) aparece relevante pero poco efectiva, ya que los cancilleres saben que sus presidentes aún está evaluando las estrategias a seguir, ya que pedir a los embajadores volver para informar o retirarlos de su misión, no es una medida que ponga en jaque al nuevo gobierno.

El juicio estuvo a cargo de los congresistas de la República paraguaya, los cuales mayoritariamente votaron a favor de la destitución, lo cual no reflejó la posición de los países latinoamericanos, en palabras de Lugo, “o todos los países están equivocados o el parlamento paraguayo tiene la razón”.

Así, en un escenario donde los ciudadanos no salieron a la calle, ya sea porque el ex presidente no los convoco o porque no estaban en disposición de movilizarse y con elecciones el 21 de abril del 2013, la probabilidad de darle gobernabilidad a Paraguay es alta, a lo menos los próximos diez meses.

Esta tarea la asumirá el presidente interino Francisco Franco, quien fuera el vicepresidente de la administración de Lugo, hecho de que debe hacernos recordar que la viabilidad de los gobiernos depende de las relaciones establecidas entre el jefe de gobierno, en este caso el presidente, con sus colaboradores, más aun en los casos de gobiernos de coalición, donde los ministros pertenecen a distintos partidos.

En este sentido un desafío a futuro es visibilizar las relaciones de poder entre el ex jefe de gobierno, los líderes de los partidos de su coalición y los grupos externos, ya que buena parte de la explicación de la destitución está en los partidos y los intereses que representan.

El presidente es la figura central de la política latinoamericana y Paraguay no es la excepción. Pero como planteaba el norteamericano Lowi, el éxito presidencial avanza aritméticamente mientras las expectativas públicas avanzan en forma geométrica y en este sentido Lugo se alejo de Dios (La Iglesia Católica Paraguaya) y de la Ley, en opinión del Congreso paraguayo. Sin embargo podrá volver en abril del próximo año y al parecer ese es el camino a seguir, dado que decidió quedarse.