La respuesta de la presidenta Michelle Bachelet al emplazamiento ciudadano en relación al caso Caval (grosso modo, donde está implicado su hijo y su nuera por un millonario crédito entregado por el empresario número uno de Chile), se resume básicamente en "es necesario regular la relación entre la política y los negocios". Esta aproximación intenta asociar este caso con la situación ventilada en el caso Penta (donde un grupo económico habría financiado irregularmente a algunos políticos de la oposición), tratando de meter a todos (gobierno, oficialismo y oposición) en la misma canasta.

¿Qué hay detrás de esta acción? Es una estrategia de negociación. Al meter a todos los jugadores en el mismo problema, es más fácil aunar voluntades, lograr acuerdos y materializar una solución que, en el colectivo, no dañe a los actores que se han beneficiado de las ineficiencias del sistema.

Según reportes de acceso público (habrá que verificar su exactitud), la empresa Caval (ligada al hijo de la presidenta) registró ganancias por más de 2.500 millones de pesos en la operación inmobiliaria cuestionada. Por lo tanto, bien vale la pena el esfuerzo familiar (Bachelet-Dávalos) por defender y retener ese monto.

Pero no nos confundamos, el caso Penta (con todo lo cuestionable que pueda ser) no es, ni se parece en nada al caso Caval. En el caso Penta (y su derivada SQM) los individuos que fueron receptores de dinero argumentan que dichos fondos fueron utilizados para financiar campañas políticas, actividad necesaria para acceder a un puesto en el Senado o Cámara de Diputados. Ellos pueden argumentar que, desde sus roles como senadores o diputados, intentan construir un país mejor para todos y que las campañas son un gasto inevitable en el sistema actual. Uno podrá creer o no ese argumento, pero está en la mesa y es de toda legitimidad (no importa el color del candidato). Esto no legitima la entrega de los dineros a la policía, pero los tiñe de una tonalidad "sistémica". El "sistema" está mal y tenemos que regularlo. Pero estamos todos en este lodo.

Sin embargo, en el caso Caval la actividad potencialmente ilícita tuvo por objeto el enriquecimiento de un individuo. Es decir, ganancias de 2.500 millones para el exclusivo uso y goce de los dueños de la empresa Caval. En ese sentido, el caso Caval se parece mucho más al caso "Bilbao". Es decir, al uso ilegítimo de información privilegiada para ejecutar una transacción en la cual el valor económico es "distributivo" (uno gana, el otro pierde).

No obstante, la estrategia del gobierno y el oficialismo ha sido ligar ambos casos y meter a Dávalos junto a Délano, Lavín, Ponce (procesados en el caso) y todos los políticos, de todo el espectro, en la misma canasta, tratando de establecer que son parte de los flujos de dinero desde las empresas a la política. Parte del "sistema" que todos tenemos que mejorar.

Para los que nos dedicamos profesionalmente a la práctica de la negociación, esta estrategia es bastante evidente, pero para los no profesionales puede pasar inadvertida y la ciudadanía puede seguir hablando de "Caval" y "Penta" como sinónimos. Pero no lo son.

Por otro lado, la oposición parece ser receptiva, hasta ahora, al planteamiento del gobierno. ¿Por qué? Porque a todos los involucrados les conviene. Esto se parece mucho a la negociación acuerdo Longueira y Lagos en medio del caso MOP-Gate. Ambos casos presentan la misma anatomía y se podría repetir el mismo resultado. Alta probabilidad de acuerdo de todas las partes.

Hasta ahora la estrategia de la presidenta ha sido efectiva. Habrá que ver si el itinerario judicial de este caso sigue una trayectoria que genere tranquilidad social.