Este 30 de agosto se cumple un año desde que el Convenio de la Apostilla entró en vigencia en nuestro país, cuyo propósito consiste en reducir a un solo trámite la legalización de documentos emitidos en Chile para su uso en el exterior, eliminando el tedioso peregrinaje por diferentes servicios públicos nacionales e incluso extranjeros al que anteriormente estábamos acostumbrados.
Durante este período, las distintas instituciones competentes para expedir apostillas en nuestro país (Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación, de Salud, y el Servicio de Registro Civil e identificación), han otorgado alrededor de 260 mil certificaciones de este tipo, en forma gratuita y descentralizada a lo largo de todo Chile. Esto último es posible debido a que la apostilla chilena es generada de manera electrónica, lo que además la reviste de altos niveles de seguridad y confiabilidad que facilita la libre circulación de documentos chilenos por el mundo.
Tal como en el minuto de su puesta en marcha afirmó el Canciller Muñoz, este verdadero golpe a la burocracia ha permitido que los ciudadanos que han necesitado hacer valer un documento emitido en Chile en alguno de los restantes 112 Estados miembros del Convenio, se ahorren en total alrededor de 1 millón de trámites, que ya no son necesarios de efectuar. Lo anterior en el entendido de que lo que hoy es posible conseguir de una sola vez y en cualquiera de las regiones del país, bajo la antigua cadena legalizaciones importaba transitar en promedio por cinco servicios públicos distintos, con el consiguiente gasto en tiempo y dinero asociado, y terminando obligatoriamente en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago.
Desde el punto de vista económico, esta transformación contribuye a facilitar los negocios y el comercio internacional, dando fluidez, por ejemplo, a la preparación de la documentación necesaria para participar en licitaciones internacionales o para realizar inversiones extranjeras, abaratando además sus costos.
Los beneficios para la ciudadanía de nuestra incorporación a la apostilla son concretos, y se insertan dentro del proceso de modernización del Estado, tarea en la que como Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores nos encontramos firmemente comprometidos, en sintonía con las prioridades definidas por la Presidenta de la República Michelle Bachelet.
