Hay consenso entre analistas y actores económicos diversos de que estamos inmersos en una desaceleración económica. Crecemos muy lento, muy lejos del ritmo deseable para atender rezagos sociales de todo tipo, donde la pobreza y la falta de oportunidades son muy alarmantes. Esta no es una buena noticia, sin duda alguna. ¿Pero, hasta dónde puede llegar esta situación en el 2019?
Responder esta pregunta no es fácil ni cómodo, dado los altos costos de caer en previsiones de escasa credibilidad económica y política. En medio de una transición económica y política derivada de los resultados electorales del 1 de julio del 2018, me temo que los supuestos tradicionales para analizar el horizonte macroeconómico de corto plazo no son hoy de gran utilidad.
Pero también sería erróneo y timorato decir que no existe ninguna pista decorosa para hacer un diagnóstico sobre lo que hoy está pasando, así sea éste muy general y modesto, para procurar opiniones razonables sobre lo que pudiera venir en los siguientes meses en el panorama económico.
Lo toral está ahora en revisar el efecto de la inversión en el reciente desempeño productivo del país, cada vez más lento. En todas las corrientes del pensamiento económico y político hay consenso sobre el rol jerárquico de la inversión (privada y pública) en el dinamismo de la producción y empleo, donde la mayor magnitud y calidad de los servicios públicos en educación y salud pueden ser también una consecuencia benigna de un crecimiento económico sostenido y recio.
La primera pista sería revisar las tendencias históricas de la inversión, tanto privada como pública, con las estimaciones recientes del INEGI en cuentas nacionales, más robustas que ninguna otra fuente.
Tomando el periodo 1993-2017, la participación promedio de la inversión privada (IP) en el PIB fue de 16.4%, muy baja de acuerdo a la observada en países exitosos en crecimiento económico y nivel de vida (Corea del Sur, sería el típico ejemplo). Este porcentaje alcanzó su mayor nivel en 1994 (casi 20%), cuando Salinas de Gortari echó a andar el TLCAN (y en el que conflictos políticos violentos dejaron una huella imborrable). Y al año siguiente, en 1995, paradójicamente este indicador cayó casi hasta 13% (el más bajo de todo el periodo), como consecuencia de las cretinas decisiones de política cambiaria del último trimestre de 1994, vinculadas a los problemas políticos emergentes en ese año axial.
Por otra parte, las caídas de la IP fueron en cinco años: en 1995, 2001, 2002, 2009 y en 2013. Destacan, por estrepitosas, la de 1995 y 2009, donde plantamos cara a recesiones inclementes, la primera de origen interno y la segunda de origen externo.
Por otro lado, vemos que la trayectoria de la inversión pública o gubernamental (IG) en ese mismo periodo, fue muy distinta. La participación promedio de esta inversión en el PIB fue de 4.04%, bajísima. En cuatro años ésta quedó por debajo del raquítico 3%: 1996, 1998, 1999 y 2017. En este último año, con Peña Nieto, se alcanzó el nivel más bajo de todo el periodo: 2.84%. Hay que resaltar que en este cuarto de siglo se registraron 11 caídas anuales de la IG, notable la de 1995 (-36%) y, por supuesto, también la de 2017: -17%.
(Paréntesis histórico: con otras fuentes -del CEESP, con información del INEGI-, en el periodo 1939-2016 se observa que la IG alcanzó entre 1977 y 1981 -en el auge petrolero- un crecimiento sostenido, alcanzando su pico histórico en 1981: casi 12% del PIB, guarismo que hay que revisar con cuidado. Algo más: la participación promedio de la IG en el PIB es superior en la etapa 1939-1981 –del nacionalismo económico- a la de 1982-2016 – la neoliberal-. Y, a la inversa, la participación promedio de la IP en el PIB es inferior en la primera etapa respecto a la segunda. Intuitivamente cabe darles crédito a estas estimaciones de retrospectiva panorámica de estos 78 años, aunque habría que cotejar minuciosamente sus datos con los que maneja actualmente el INEGI en cuentas nacionales. El diablo, dicen los sabios, está en los detalles, como siempre).
Vuelvo con mis cifras. Algo sintomático y pernicioso hay en la trayectoria anual de la IG entre 2009 y 2017, con Calderón y Peña Nieto: se registraron al hilo ocho caídas anuales de diferente grado. Durante la Gran Recesión de 2009 en Estado Unidos, el PIB mexicano cayó poco más del 5%, y la tasa de crecimiento de inversión pública fue cero. Hubo una respuesta pasiva del gobierno, cuando lo indicado era, sin duda alguna, incrementar dicha inversión para contrarrestar la fuerte caída de la demanda agregada. ¿Y qué puede explicar la enorme caída de 17% en el penúltimo año de Peña Nieto, sin olvidar la de 2015, que fue de casi 11%? Hay en estos porcentajes un desmentido implacable de la propaganda de un presidente Peña “moviendo a México”.
Una cosa queda establecida, pero poco visible: junto con las ocho caídas de la IG entre 2009 y 2017 se incrementaba también la deuda y el endeudamiento públicos. O sea que el crecimiento del gasto corriente y del mismo servicio de la deuda parece que fue financiado con más endeudamiento. Manejo objetable, por enmarañado e irresponsable, de las finanzas públicas. Y eso que los hacedores de la política fiscal de esos años estaban supuestamente guiados por el paradigma liberal del equilibrio fiscal. Las cifras duras y las conjeturas sencillas sobre este punto no los dejan bien parados.
El promedio de la inversión total como proporción del PIB entre 1993 y 2017 fue muy bajo: 20.5%. El porcentaje más alto fue en 1994 (23%) y el porcentaje más bajo fue en 1995: casi 16%. Es pertinente descollar el segundo lugar, de 2008, antes de la Gran Recesión, en que se alcanzó casi un 23%, insólito preludio de la tempestad que vendría en 2009.
Estos datos no dejan lugar a dudas: la acumulación de capital de México en los 25 años observados (1993-2017) revelan un relativo estancamiento de la inversión, en un nivel muy por debajo de lo visto en exitosas experiencias nacionales de desarrollo. Llama la atención una situación extraña: el ritmo promedio de la inversión total fue de 3%, en tanto que el del PIB fue sólo de 2.5%. Este hecho encierra interrogantes complejos, pues la contribución de la inversión al crecimiento fue menor a la que se supone que debería tener. Pero, ojo, en el mundo de los promedios es fácil resbalarse.
En este cuarto de siglo revisado hubo dos recesiones severas (años de vacas flacas): 1995 y 2009, en las cuales la inversión tuvo caídas muy profundas. Y en los otros años, de vacas gordas (es un decir), la inversión total acompañó claramente a un mediocre desempeño productivo, debido al derrumbe de la inversión pública ya señalado. Esto confirma que la inversión es el buque insignia en el curso de la producción y empleo, aunque, repito, hay señales de que la inversión no tuvo un impacto productivo esperado, ya que dicho derrumbe jugó el papel triste de contención de la actividad económica.
Aunque los datos de 2018 sobre la inversión basados en cuentas nacionales aún se desconocen parcialmente, me aventuro a señalar provisionalmente que en 2019 la magnitud de la IG no será significativa (ni en términos absolutos ni en términos relativos), aunque hay señales de que su desempeño será positivo, con lo cual se revertiría la fatal herencia del gobierno anterior que la dejó caer sin pausa y sin buenas razones. Pero esto es harina de otro costal, material para el siguiente texto.
