El modelo económico y la Constitución de 1980 favorecieron el enriquecimiento del 1% de las familias chilenas, condenando a la vulnerabilidad y desesperanza al restante 99%. El golpe de Estado de Pinochet atentó contra los derechos humanos, pero además inicio un periodo de 40 años en que la mayoría nacional ha sufrido un sistemático asalto a sus derechos económicos, sociales y políticos.
La preocupación exclusiva de los gobiernos por el crecimiento, con un Estado pasivo, sin autoridad ni voluntad para orientar el desarrollo, ha culminado en una economía caracterizada por una elevada concentración de la riqueza. Los ricos han aumentado su riqueza, apoyados en un régimen político que impide la representación ciudadana y que ha encargado a la derecha y a la Concertación la defensa de sus intereses. En consecuencia, el modelo económico y la Constitución de 1980 se han convertido en instrumentos de extracción de recursos desde el 99% de los chilenos a favor del 1% de las familias más ricas. No le sirven a todos los chilenos.
En primer lugar, el Código Laboral inventado por José Piñera, y maquillado por los gobiernos de la Concertación, ha bloqueado la sindicalización y negociación colectiva e impide el derecho a huelga efectivo. Gracias a ello la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se ha reducido. El crecimiento del PIB, que casi alcanza a los US$20.000, se reparte entre muy pocos, lo que ha permitido ampliar el poder económico del 1%. El salario medio del 75% de los trabajadores no supera los $350 mil pesos (US$685) mensuales, prueba fehaciente de la debilidad negociadora de los trabajadores y fundamento de la vergonzosa distribución del ingreso existente en el país. Los trabajadores no tienen poder de negociación.
En segundo lugar, los pequeños empresarios tampoco reciben los frutos del crecimiento económico. Por el contrario, han sido tan explotados como los trabajadores. Los bancos, también propiedad del 1%, obtienen año tras año ganancias extraordinarias, gracias a tasas de interés usureras que cobran a los pequeños empresarios. El Banco Estado ha optado por actuar como banco privado y, en vez de favorecer a las pymes, les cierra el acceso al crédito o les extraen excedentes con tasas de interés varias veces superiores a las que aplica a los grandes empresarios. El mercado no los trata a todos por igual. Favorece sólo a los grandes capitalistas. Por su parte, el Estado no ejerce su rol compensador con los débiles. El discurso gubernamental sobre las pymes siempre ha estado lleno de retórica y su accionar no va más allá de programas pilotos. El progreso de los emprendedores se encuentra bloqueado.
En tercer lugar, los consumidores sufren agresiones brutales a sus derechos. Las multitiendas, supermercados y farmacias se han enriquecido gracias a la explotación de los consumidores. Además de sus posiciones oligopólicas, la tasa de interés convencional del 50%, más comisiones, multas y trampas varias, estrangulan a los clientes modestos. La ganancia del gran comercio establecido se encuentra menos en la venta de productos y mucho más en el negocio financiero derivado del endeudamiento de los clientes. La clase media y los sectores populares, que obtienen bajos salarios de su trabajo, sobreviven gracias a una vorágine de deudas, las que han potenciado las ganancias del 1% más rico. Los comportamientos ilegales de La Polar, así como la condonación impositiva a Johnson’s son reveladoras tanto de la incapacidad regulatoria del Estado como de su actitud complaciente con los grandes negocios. Los consumidores están en la indefensión.
En cuarto lugar, la salud, educación y previsión, convertidas en negocios han empobrecido a la clase media e impiden el progreso de los sectores populares. El lucro y la mala calidad de la educación reproducen la pobreza en las familias de bajos ingresos y entregan un futuro incierto a los niños provenientes de capas medias. Sólo los hijos de familias ricas que pagan colegios privados tienen garantizada una buena educación, que luego se extiende a las mejores universidades en Chile y en el extranjero. El sistema educacional separa radicalmente a los niños, lo que reproduce el clasismo existente en el país; al mismo tiempo, enriquece a negociantes inescrupulosos a costa del endeudamiento de las familias chilenas.
La política fiscal restrictiva ofrece a los sectores de extrema pobreza hospitales derruidos, largas filas para atenciones en hospitales, médicos mal pagados y un AUGE de implementación confusa. En cambio, en el ámbito privado, existe el sistema de Isapres para personas de altos ingresos, con clínicas tecnológicamente sofisticadas, altamente costosas, aunque con manifiestas discriminaciones. Las Isapres además se benefician del dinero público que reciben para responder a las prestaciones del AUGE cuando el sistema público no las puede efectuar. El sistema de salud es discriminador; maltrata a los enfermos de bajos ingresos; y, extrae grandes sumas de dinero de las familias de ingresos medios que han optado por las Isapres.
El sistema de AFP entrega a los ancianos pobres y de clase media pensiones insuficientes para atender una vejez digna. Sin embargo, sus ganancias se han multiplicado generosamente desde su instalación a la fecha. Independientemente del éxito o fracaso de las colocaciones de los recursos de los afiliados a las AFP, éstas obtienen indefectiblemente sus comisiones. De hecho, con las sucesivas crisis económicas internacionales el sistema de AFP ha desvalorizado las pensiones de los trabajadores. Sin embargo, aún cuando se reduzcan los depósitos de los afiliados, los dueños de las AFP y sus ejecutivos conservan sus generosos ingresos. El sistema está conduciendo al empobrecimiento de los adultos mayores. Su crisis es ineludible.
El tratamiento distinto que se brinda a la población chilena en educación, salud y previsión, según diferencias de ingresos, es éticamente cuestionable y políticamente insostenible. En la práctica, la multiplicación de los negocios al ámbito social sólo ha servido para un mayor enriquecimiento de las siete familias que controlan la economía nacional y que son protegidas por el duopolio político. Por ello, la reivindicación del movimiento estudiantil de poner término al lucro a la educación y convertir a ésta en un derecho ha tenido gran acogida en la ciudadanía. A corto plazo sucederá lo mismo con la salud y previsión.
El golpe de Estado lo dieron las Fuerzas Armadas. Pero el asalto económico y social que sufrimos cotidianamente es responsabilidad de los grupos económicos, que se han enriquecido gracias a la indefensión y vulnerabilidad del 99% de los chilenos. Ello ha sido facilitado por el duopolio político. Porque el 1% de las familias ricas financia las campañas electorales y recluta a políticos destacados como miembros de los directorios de sus empresas. Vasos comunicantes entre la política y los negocios que han debilitado la moral republicana.
En la penosa vida que sufrimos cotidianamente los chilenos tienen una alta cuota de responsabilidad los dirigentes de la Concertación. Asumieron el pensamiento neoliberal, renunciaron a modificar el sistema electoral binominal; validaron la Constitución del 1980, con la reformas de Lagos, y aceptaron la hegemonía de los medios de comunicación, de propiedad de los grupos económicos. Resulta irónico, y casi dramático, que la misma generación política que vivió los procesos de transformación a favor de los humildes, impulsados por Frei Montalva y Salvador Allende, y que luego desafió a Pinochet, haya aceptado el modelo económico y el régimen político que construyó la dictadura. El camino se encuentra abierto para que un nuevo liderazgo asuma la dirección de los asuntos del país. El 99% de los chilenos lo demanda.
