La empinada cuesta de enero de este 2015 tiene en las manifestaciones de eso que se hace llamar la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) la mejor evidencia de que la clase política y gobernante no necesita cambiar para seguir repartiéndose el poder.

Porque si bien hay varias malas noticias que abonan en el pesimismo, como distintivo en el arranque del año, todas, al final de cuentas, van a parar a la misma conclusión: nadie, absolutamente nadie, se está tomando en serio eso de que, después de la tragedia de Ayotzinapa, México no puede seguir igual.

Por el contrario. Con el inicio de 2015 hemos vuelto a la normalidad propia de un año electoral: políticos y funcionarios con un ojo en las interminables emergencias y otro en las listas de candidatos a cualquier puesto que garantice permanecer en el intocado sistema de representación, sea en el aparato de la cosa pública o en alguna curul del Poder Legislativo.

En contraste, de la energía social, ciudadana, mayoritariamente juvenil y universitaria que vivimos en el último trimestre de 2014, en respuesta a la desaparición de los 43 normalistas, y que pudimos interpretar como un ya basta hacia tanta impunidad, sólo parece quedar el vandalismo de la CETEG, con sus 200 mil pesos por hora de boteo en la Autopista del Sol.

Con capacidad de iniciativa, despliegue y reclamo, la antes denominada disidencia magisterial —porque es obvio que su actual hegemonía nada tiene de marginalidad— ha logrado que la cuesta de enero sea eso, justamente, para unas autoridades federales y estatales centradas en atender la agenda de las emergencias.

De manera que, en vez de presentar un reporte actualizado de las investigaciones en torno a la desaparición forzada y el asesinato de los jóvenes, hace más de 100 días, la Procuraduría General de la República (PGR) se concentra en desahogar el bomberazo que conlleva el enfrentamiento de integrantes de la CETEG con fuerzas federales cuando quisieron abrir a golpe de trailer las puertas del 27 Batallón en Iguala.

Y la institución responsable de demostrar la verdad histórica y jurídica de la muerte de los muchachos, para dar paso a la justicia que significa castigo a los autores intelectuales y materiales, se desvía de lo importante para atender lo inusitado: anunciar que el Ejército abrirá sus instalaciones a los padres de los normalistas.

Acto seguido, la Secretaría de Gobernación, cuyas atribuciones en materia de seguridad le confieren un papel central para la prevención del delito y el diseño de estrategias de inteligencia y contención del crimen organizado, se ve obligada a sumarse a la agenda de la emergencia que la Ceteg dicta.

Porque el anuncio que salió de las oficinas del procurador Jesús Murillo Karam, diciendo que todas las bases castrenses se abrirían de par en par para los familiares de los normalistas, debía ser precisado.

Y he ahí que el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien le toca lidiar con la debacle de las policías municipales y la interminable solicitud de auxilio de las autoridades estatales en una decena de entidades, no le queda más que distraerse de los asuntos estructurales para aclarar la noticia del momento: que la invitación es sólo para ir al 27 Batallón en Iguala.

Además, como a la idea de abrir los cuarteles le faltaba sustento legal o institucional, el responsable de la política interna continúa resolviendo el bomberazo y le extiende la convocatoria de la visita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Por cierto, si bien el ombudsman todavía no nos ha dado luz sobre el caso Ayotzinapa, ya se ocupó de ponerle su estilo a otro de los expedientes de justicia a resolver, al reclasificar las ejecuciones de Tlatlaya como violaciones graves.

Pero como también ahí todo sigue igual, cuando se le pregunta qué consecuencias tiene el ajuste, el titular de la CNDH dice que no hay cambios en las recomendaciones y que éstas siguen siendo las mismas que dictó su antecesor Raúl Plascencia.

Y como se trata de apagar el fuego, después de los manguerazos, los problemas no sólo siguen intactos, sino que, incluso, se profundizan; tal como lo demuestra el reconocimiento del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de que hoy por hoy no existen condiciones para realizar los comicios en Guerrero.

¿Algún político de esa entidad dijo yo para revertir el mal augurio? Silencio. Ellos están ocupados en designar candidatos y repartirse el botín, mientras el senador Armando Ríos Piter protagoniza su propio bomberazo al compartirnos una porosa historia de que sus compañeros del PRD de siempre le quisieron condicionar la candidatura al gobierno estatal a cambio de inmunidad para el exmandatario Ángel Aguirre.

Y así, la cuesta de enero con delegados capitalinos que se van de campaña, e impresentables como el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, a quien le crecieron Los Templarios y que ha sabido colarse en la lista de futuros diputados perredistas, al tiempo que el comisionado federal en la entidad, Alfredo Castillo, nos asegura que la pesadilla ya pasó.

Bienvenidos a la normalidad, con uno que otro sobresalto económico y ante la evidencia de que los reclamos ciudadanos de 2014 acabaron secuestrados, junto con el trofeo de los 212 camiones que la CETEG tomó “en nombre del pueblo”.

Sí, la clase política puede dormir tranquila. ¿Y la justicia para los 43? El sueño de los justos.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.