Si hace 30 años le hubieran dicho que con un clic en una computadora podría comprar casi cualquier cosa y recibirla en su casa sin firmar ningún papel, habría dicho que no tendría ninguna seguridad de recibir su compra. Hoy Amazon desmiente esa desconfianza. 

Hace 50 años no se hubiera imaginado que con una tarjeta de plástico con un chip y un holograma de una paloma podría ir a China y comprarse un carro sin entregar dinero en ese momento. Hoy Visa desmiente esa desconfianza. 

Si hace solo 20 años le hubieran dicho que podría hacer una transferencia de miles de dólares con un app en su celular sin aparecerse en el banco ni firmar nada, le habrían dicho que es demasiado riesgoso. Hoy todos los bancos desmienten esa desconfianza. 

Si hace solo 10 años le hubieran dicho que podía constituir una empresa u obtener y recibir una garantía sin ir a un notario, los notarios habrían reclamado porque estaban perdiendo ingresos. Y eso es lo que están haciendo hoy. 

Mediante facultades delegadas por el Congreso, el Ejecutivo creó la Sociedad de Acciones Cerrada Simplificada. Una pequeña empresa puede constituirse en minutos sin incurrir en los absurdos e inútiles costos de ir a un notario: un avance importante contra la informalidad. Colombia y Chile son dos extraordinarios ejemplos del éxito de esta iniciativa. 

Se reformó también el sistema de garantías mobiliarias que permite asegurar y obtener crédito de manera más efectiva. Siguiendo la línea internacional (exitosa en innumerables países del mundo), no se requiere intervención notarial. 

Los notarios piden leyes que obliguen a contratar sus servicios. Se escudan en la seguridad jurídica. Pero eso no les importa. Hoy la seguridad se mueve hacia mecanismos informáticos, de bajos costos y acceso masivo, que utilizan sistemas efectivos para asegurar las transacciones y generar confianza. Frente a ello, lo que los notarios hacen es de la época de los dinosaurios. 

Felices exigirían intervención notarial para protegernos de comprar en Amazon, certificar pagos con tarjetas de crédito o efectuar transferencias bancarias. Para nuestra suerte, eso parece muy poco probable. La “seguridad jurídica notarial” es obligarnos a pagar por algo que no necesitamos. 

Por eso se agarran de cualquier cosa. Sostienen que las facultades delegadas por el Congreso no permitían reducir las facultades notariales. Pero olvidan que se trata de instituciones nuevas que nunca tuvieron intervención notarial.  

Es una pena que esta discusión siga por décadas y que los notarios no mencionen sus verdaderas intenciones. ¿Cuánto gana un notario por sellar papelitos y certificar firmas? y ¿cuál es el valor agregado que generan con sus sellitos y certificaciones? Eso nunca lo dicen. Se limitan a decir cosas como “se afecta el sistema romano germánico” trasluciendo que sus propuestas se originan en épocas tan desfasadas como el gobierno de Julio César.

Así que a mis amigos notarios les pido, con todo cariño, dejen de usar la ley para meternos la mano al bolsillo.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.