El triunfo de Michelle Bachelet despeja las especulaciones respecto a la diferencia con su contendora y la cuantía de la abstención electoral. En el primer caso, determina el grado de la crisis que deberán enfrentar ambas coaliciones, mientras que en el segundo se abre un abanico de interpretaciones.

El escenario post elecciones, presenta amplios procesos de complejidad, marcados entre otros, por la diversidad de intereses al interior del Pacto Nueva Mayoría, donde cada grupo de parlamentarios que pertenecen a un mismo partido, o poseen afinidad ideológica, podrán ejercer una capacidad de chantaje sobre el resto y específicamente sobre el gobierno para asegurar la aprobación, en términos de tiempo y contenidos, de los proyectos que envíe el Ejecutivo. A su vez, los partidos de centro derecha, tendrán que definir su situación en forma separada para luego plantear una oposición común o caso a caso, según los proyectos de ley de que se trate, a sabiendas que en la centroderecha prima el personalismo político mezclado con posiciones ideológicas y valóricas. 

La interpretación de la abstención se expresará en dos extremos. Por una parte, aquellos que plantean que la no concurrencia a sufragar se debe a que aceptan y legitiman el modelo político y económico y aquellos que señalan exactamente lo contrario, lo cual significa, en ambos casos, un intento de apropiación del sentir político de quienes se abstuvieron.

En este sentido, cabe considerar que Chile no posee elementos de comparación, ni estudios que reflejen lo que implica esta alta abstención. Por tanto, las diversas interpretaciones tienen algún grado de validez pero sin posibilidad de contrastación empírica.

Lo que si podemos decir, es que considerando los niveles de cultura política y democrática, la abstención constituye una alerta política que exige reflexión y análisis. A nuestro entender, empezar un debate ahora sobre un retorno al voto obligatorio cuando la próxima elección presidencial es en cuatro años, es desviarse de lo sustantivo en términos políticos y democráticos.

El escenario político se percibe fragmentado y a la espera de las primeras decisiones de la Presidenta para establecer cuáles son las señales de conducción de su gobierno. Será distinto si su gabinete se ciñe solo a las propuestas partidistas de su pacto, o si genera un gabinete más transversal que incluya independientes de un amplio arco ideológico. Sus señales respecto a la forma en que expresará su estilo de conducción serán importantes para establecer los escenarios de conflictividad que enfrentarán el primer año y su capacidad de negociación. Mantener una línea de conducción sin disidencias internas y sin la emergencia de liderazgos alternativos, será uno de los desafíos de su gestión, especialmente cuando hay opiniones distintas respecto al ritmo de implementación de las reformas y cambios anunciados.

En este sentido, la llegada de la Nueva Mayoría al gobierno, significa la designación de una cantidad no despreciable de mandos de segunda y tercera línea en el Estado (subsecretarios, jefes de división, directores de entidades estatales, intendentes, gobernadores, asesores varios, etc). El proceso de instalación no será fácil ni automático. La primera fase es la ministerial y la asesoría presidencial y luego el resto de la alta burocracia. Las sensibilidades de los partidos se verán expresadas y conforme los niveles y áreas que se distribuyan entre los partidos Demócrata Cristiano (PDC), el Radical Socialdemócrata (PRSD), el Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Comunista (PC), La Izquierda Ciudadana (IC), el Movimiento Amplio Social (MAS) y los independientes que se suman a Nueva Mayoría.

El traspaso del poder estará marcado por incertidumbres y desconfianzas, que pueden demorar la implementación de iniciativas presidenciales y dejar en evidencias no solo conflictos entre quienes dejan el poder y quienes lo asumen, sino que también al interior de la nueva coalición gobernante. En este contexto, la posición que tengan los representantes del Partido Comunista será uno de los temas que concitará la atención política de actores políticos y analistas.

Los conflictos esperables, por tanto, se concentrarán en la Coalición por el Cambio, donde tanto Renovación Nacional (RN), como la Unión Demócrata Independiente (UDI) y otros movimientos deberán resolver sus diferencias generando una o varias estrategias para funcionar como oposición y establecer sus prioridades. A su vez, la Nueva Mayoría tendrá que manejar también sus divisiones internas, que pueden ser más visibles al momento de distribuirse el poder y plantearse un cronograma de gobierno para los primeros seis meses.

Todo pareciera indicar que los ajustes entre el estilo de gobierno y la influencia de los partidos políticos seguirá la tónica planteada en su primera administración y seguida por el actual gobierno. Esto es, tomar distancia y privilegiar la unidad del equipo gubernamental y negociar con los partidos políticos según las necesidades y prioridades programáticas.

La legitimidad institucional del gobierno de Bachelet no puede estar en duda. Las reglas del juego democrático han sido generadas y aceptadas por todos los actores, incluida la ciudadanía. La cuestión entonces no debiera transitar por el cuestionamiento a la legitimidad, sino más bien por el diseño de vías institucionales para orientar las demandas sociales, dotarlas de espacios de expresión y transparencia, y junto con ello plantear mecanismos de negociación acorde al escenario nacional e internacional.

Chile es probablemente uno de los países de mayor dependencia externa, razón por la cual la dinámica económica y política de las distintas regiones del mundo incidirá directamente en decisiones y grados de implementación de sus propuestas. De similar forma, las expectativas levantadas en la región apuntan a un nuevo diseño de las relaciones con la vecindad y los organismos regionales, sin olvidar el rol que cabe a Chile en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Chile posee un liderazgo regional, en términos de soft power, y es referente en diversas materias a nivel internacional. El nuevo gobierno cuenta con las credenciales suficientes para potenciar y proyectarse en el ámbito internacional pero también exige una coherencia con la conducción política doméstica. 

El gobierno de Michelle Bachelet propone una gestión donde haya más política y menos economía. En realidad, en estos meses se espera que defina mejor la formula mediante la cual se resuelve la relación entre Estado, Mercado y Sociedad, acorde a los objetivos programáticos planteados y los equilibrios internacionales que son exigibles a Chile. Bachelet cierra una etapa de Chile, en términos de consolidación del crecimiento y abre una nueva respecto a un desarrollo social basado en los requisitos de una gobernanza con mayor participación y representación pero bajo criterios de transparencia y ética política.