¿Por qué si este gobierno federal es el peor calificado desde que existen las encuestas, el PRI sigue ganando en las urnas?, se preguntan cotidianamente los políticos del PAN y del PRD.

A modo de consuelo, los operadores de la llamada oposición se responden que vivimos el riesgo de “la restauración autoritaria” y que revertirla justifica las alianzas que se han propuesto para los comicios de junio.

Ocupadas en el intento de ir de la mano para disputar algunas de las doce gobernaturas a renovarse este 2016, las dirigencias del PAN y del PRD pierden cotidianamente la oportunidad de distinguirse del partido en el poder.

Y esta semana, ambas cúpulas partidistas dieron muestras escandalosas de padecer del mismo mal que le achacan al priismo: la falta de responsabilidad frente a los actos de corrupción de sus gobiernos y representantes.

Apenas el sábado anterior, cuestionábamos la retórica respuesta del PRI frente a la detención en España de su exdirigente nacional, Humberto Moreira, por presunto lavado de dinero.

El deslinde priista hecho a través de un escueto comunicado recurría a la reciclada justificación de que “las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que las integran12”.

Por supuesto que panistas y perredistas reclamaron el deslinde del partido que encabeza Manlio Fabio Beltrones. Cómo es posible, dijeron, que no quieran dar la cara por el endeudamiento en el que dejó a Coahuila y el posible desvío del erario. Pero en los días posteriores, las dirigencias de ambas fuerzas políticas incurrieron en la misma estrategia del avestruz. Y peor aún: echaron mano del deslinde cuando ya tenían los reflectores, las cámaras y las grabadoras encima. Porque antes actuaron con la ceguera de quien se niega a reconocer sus problemas.

Es cierto que en el PRD, esta incapacidad de hacerse cargo de los desastres que sus presidentes municipales generan no es cosa nueva.

Justo el hundimiento electoral del perredismo gravita en la negligencia, tardanza y omisión con la que actuó en Guerrero, donde la narcopolítica engendró la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos.

Entonces, el expediente de la PGR contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, presunto autor intelectual de la persecución de los jóvenes y su entrega a un grupo criminal, hizo al PRD un boquete del que nadie en sus filas quiere hacerse cargo.

El año comenzó mal con el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota. Los perredistas culparon a las bandas delictivas en abstracto. Pero las indagaciones correspondientes indican que éstas habrían actuado para beneficiar a otros compañeros del mismo partido.

El silencio en el PRD, sin embargo, continuó incluso esta semana cuando el alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia —quien se negó al Mando Único del gobierno estatal de su correligionario Graco Ramírez— fue evidenciado por tener antecedentes penales ligados a la trata de personas, entre otras perlas.

En el colmo de la evasión, el Consejo Nacional perredista pidió por conducto de Ángel Ávila deslindarse del edil, ¡porque engañó al partido!

Sí. Así de fácil. Carpetazo. Que se vaya. Mal bicho.

Y en el PAN, que dirige Ricardo Anaya, las cosas habían sido similares ante las versiones de que la diputada local del Congreso de Sinaloa, Lucero Sánchez López, era amiga y cómplice de Joaquín Guzmán Loera.

“No tiene militancia en el partido”, repetían incesantemente en el blanquiazul desde el 2015, cuando se filtró que la legisladora había visitado a El Chapo antes de su fuga y, posteriormente, que pasó con él la noche del 31 de diciembre.

Pero el más reciente capítulo de la narcopolítica mexicana subió de tono por los requerimientos de la PGR para que la improvisada parlamentaria diera cuenta de lo que sabe. Y la dirigencia del PAN no tuvo más que pedirle a la joven que pidiera licencia.

El alegato oficial era que Sánchez López se les coló como candidata de una coalición en la que también participaron otros partidos —PRD, PT y Partido Sinaloense—, pero que de ninguna manera era panista. Así pensaban seguir, si no hubiera sido porque el expresidente Felipe Calderón reclamó en Twitter una explicación del partido.

La provocación del ex mandatario caló no por sí misma sino porque se entendió como un potencial misil de su esposa Margarita Zavala, quien se encuentra en campaña por la candidatura presidencial.

De manera que Anaya —también interesado en figurar como prospecto para 2018— se vio obligado a comprometer una investigación sobre cómo llegó hasta las curules panistas la amiga del capo.

Lo cierto es que no se necesita de Sherlock Holmes para averiguar quién le abrió las puertas a la representante de Guzmán Loera. Los panistas que operan el partido saben nombre y apellido de los operadores del PAN en Sinaloa, de sus cercanías con funcionarios estatales.

La tragedia es que en las filas blanquiazules hay miedo de jalar de más los hilos de la narcopolítica que ahora los exhibe. Sí, miedo de pronunciar en voz alta las sospechas. ¡Claro! Miedo de meterse con la novia de El Chapo y sus protectores.

Si aún le quedan reservas éticas al PAN, habrá quienes se atrevan a desafiar la cómoda cultura del deslinde.

De lo contrario, que se vayan acostumbrando a sumar derrotas. Por supuesto, de la mano del PRD.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.