Considerada la mayor empresa de Brasil, la petrolera estatal Petrobras, siempre fue sinónimo de orgullo para los brasileños y de popularidad para los gobernantes de turno, ya sea por su valor de mercado en el ámbito internacional, así como por la esperanza de la autosuficiencia energética después de los mega hallazgos de crudo en alta mar, conocidos como presal. Sin embargo, en los últimos meses la joyita brasileña viene transformándose en el gallito político entre el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), y la oposición, debido a la puesta en marcha de la "Comisión Parlamentaria de Inquérito (CPI)", que investigará sospechas de irregularidades en la compañía.
De acuerdo con un ex funcionario de la compañía holandesa SBM, entre 2006 y 2001 la empresa de arriendo de plataformas petroleras gastó más de US$275 millones en propinas. De este monto, cerca de US$140 millones habrían llegado en manos de ejecutivos de Petrobras. En Holanda el asunto es investigado hace más de un año, pero para Brasil el tema de una CPI a Petrobras no era prioridad hasta que una noticia divulgada por el diario O Estado de Sao Paulo indicó que, cuando Dilma Rousseff era integrante del directorio de la estatal, ella avaló la desastrosa adquisición de la refinería Pasadena, ubicada en Estados Unidos, en 2005...
El directorio autorizó a la estatal a cancelar US$360 millones por el 50% de la refinería. Un año antes la compañía belga Astra Oil canceló US$42,5 millones por el activo. Para empeorar la situación de la ya frustrada transacción, Astra Oil, a través de un juicio, vendió el 50% restante de la refinería a Petrobras, alegando que por contrato la estatal tenía la obligación de adquirir la otra mitad del negocio. En 2012, después de una ardua disputa, la joyita brasileña tuvo que desembolsar US$820 millones para ser la única dueña de la refinería, generando una pérdida de más de US$1.000 millones.
Tras todo lo anterior, las sospechas por corrupción e hiperfacturación aumentaron, y entidades de regulación como el Ministerio Público, la Policía Federal y el Tribunal de Cuentas del Estado están investigando la operación de Pasadena. Además, el 24 de abril pasado la ministra del Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, determinó que el Senado debía instalar la CPI para investigar a Petrobras. Weber atendió solo la solicitud de la oposición, rechazando el pedido del oficialismo, que también proponían investigaciones en los contratos del metro del estado de Sao Paulo y supuestas irregularidades en la gestión del Puerto de Suape, en el estado de Pernambuco.
Les recuerdo que el gobernador del estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, que es del mismo partido político del presidenciable Aécio Neves (Partido de la Social Democracia de Brasil, PSDB), sufre con un caso de corrupción y lavado de dinero entre la multinacional francesa Alstom y once funcionarios de la antigua eléctrica estatal Eletropaulo, que recibieron propinas por BR$23,3 millones (unos US$10,5 millones) para entregar contratos de mantención de trenes y subestaciones de energía. El gobierno de Pernambuco, que es administrado por el otro presidenciable Eduardo Campos, del Partido Socialista Brasileño (PSB), es acusado de fraude al fisco y mal uso de dinero público en las obras de dragado en el Puerto de Suape. El gobierno del estado le debe BR$150 millones (unos US$67,4 millones) a la empresa holandesa Van Oord, responsable por la obra. Iniciado en 2011, el dragado del puerto ya recibió BR$185 millones (US$83,1 millones) de los gobiernos federal y de Pernambuco.
Ahora el líder del PT en el Senado, Humberto Costa, anunció que está juntando firmas para una CPI mixta, formada por senadores y diputados, para investigar el supuesto cartel del metro de Sao Paulo, lo que podría repercutir en la candidatura presidencial de Aécio Neves. Costa declaró que si la oposición piensa que ellos dejarán de lado la investigación en el sistema de trenes subterráneos están equivocados. Agregó que “espera contar con el apoyo del PSDB, que gobierna el estado de Sao Paulo hace dos decadas”. Asimismo, según una fuente de Reuters, los senadores oficialistas, que un principio luchaban para evitar la CPI a Petrobras, decidieron acelerar los pasos de la investigación política y usarla para llegar a la administración de Eduardo Campos como gobernador de Pernambuco. ¿Cómo se ha llegado a todo esto? Simple, Campos no reconoce la deuda con la empresa Van Oord y alega no tener cómo pagar el contrato e intenta pasar la pérdida al gobierno federal. El proyecto, que ya debería estar concluido, es fundamental para las embarcaciones petroleras que desembarquen cerca de la futura refinería Abreu e Lima, de Petrobras, un emprendimiento de BR 20.000 millones (unos US$8.988 millones).
El primer gallito político fue ganado por la oposición, ya que logró instalar un juicio parlamentario a la joyita brasileña, a paesar de que existe mucha diferencia entre la cuestionada pérdida de la petrolera estatal por la compra de la refinería en EE.UU. y los valores mermados en el metro de Sao Paulo y en el puerto de Pernambuco. Sin embargo, para un país donde las palabras corrupción, fraude al fisco, mal uso de verbas públicas, etc., son pan de cada día, lo más justo es que si van a juzgar a la mayor empresa de Brasil, justo también es que se indague qué pasó con los recursos extraviados en ambos estados gobernados por la oposición.
Soy de la idea de que ley pareja no es dura: entonces, que caiga quién tenga que caer en Brasil.
