Piñera no está en condiciones de gobernar. No controla a Carabineros de Chile, institución que actúa agresivamente y que ahora golpea a adultos mayores; comete irregularidades tributarias, al transferir dineros a Islas Vírgenes; además, quiere sacar nuevamente a los militares a la calle, con la poco creíble justificación de la protección a la "infraestructura crítica".

El presidente ha convertido la represión en la prioridad de los asuntos de gobierno, desplazando las exigencias principales de la ciudadanía a lugares secundarios: freno a las desigualdades, términos de los abusos y la corrupción. Con ello ha arrastrado a una vorágine de enfrentamientos sociales y políticos que están afectando gravemente al país. Así las cosas, amenaza con utilizar nuevamente el Estado de emergencia, no distingue entre movilizados y vándalos, y defiende ciegamente al general director de Carabineros, responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

Existe un segundo hecho que debilita la capacidad de Piñera para gobernar: el director de Impuestos Internos, Fernando Barraza, confirmó recientemente, ante una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que la familia Piñera Morel cometió irregularidades tributarias en los años 2016 y 2017, con la realización de transferencias de dinero a las Islas Vírgenes. Barraza reconoció que se detectaron operaciones por US$100 millones y que recién se pudieron cobrar los impuestos correspondientes por esa transferencia en 2018, aunque se condonaron los intereses correspondientes por la infracción. No es éticamente aceptable dedicarse a la política y transferir dineros a paraísos fiscales y menos intentar eludir impuestos.

En tercer lugar, en medio de su extrema debilidad, el presidente nuevamente equivoca el camino al proponer una reforma que entregue el resguardo de la "infraestructura crítica" a las FF.AA. Respuesta peligrosa en medio de las protestas ciudadanas. Según el abogado constitucionalista, Claudio Nash, sacar a los militares a la calle, sin declarar estado de excepción pone en riesgo la democracia, porque se retorna a ideas propias de la Doctrina de Seguridad Nacional; da excesivas atribuciones al presidente y permite eventualmente que los militares tomen el control del Parlamento y tribunales, sobre todo si no se ha precisado lo que se entiende por "infraestructura crítica". Además, colocar militares en las calles, en el contexto actual de duros enfrentamientos, sólo puede conducir a una masacre inevitable.

El presidente ha perdido legitimidad. Sus decisiones gubernamentales y su comportamiento personal han culminado en una caída a pique de su popularidad, con un manifiesto desprestigio a nivel internacional, incapacidad para lograr consensos y, sobre todo, en un manifiesto fracaso para controlar el orden público. Así las cosas, la economía está en el suelo y el dólar en las nubes; el gobierno muestra un evidente deterioro internacional, las movilizaciones no se detienen y los derechos humanos son arrasados cotidianamente; vándalos y represores están sin control, con Carabineros desprestigiados y sin estrategia para imponer el orden.

El poder es legítimo cuando los gobernados obedecen a la autoridad, porque tienen el convencimiento de que esta actúa en beneficio de toda la sociedad. A partir del 18 de octubre quedó de manifiesto que el 90% de las familias chilenas estima que el poder actúa en favor de una minoría. Por tanto, Piñera, que es la cabeza más representativa de ese poder, se sustenta solo en la fuerza. Y esto es insuficiente para gobernar.

La crisis de legitimidad del gobierno de Piñera es grave. La ruptura entre la dominación legítima y la aceptación ciudadana del poder ha puesto en peligro el sistema político y la estabilidad de la sociedad. Ya no hay confianza en el gobierno y tampoco en la justicia de sus decisiones. Así las cosas, mientras no se suelde esa ruptura, la sociedad y la economía marchan al descalabro. Por eso Piñera tiene que irse. En bien del país.

El presidente y sus socios ricos del 1% no tienen voluntad ni respuestas para enfrentar las desigualdades, los abusos y los actos corruptos que cuestionan a la mayoría nacional. No están dispuestos a hacer concesiones en el ámbito social y, paralelamente, anuncian el apocalipsis frente al plebiscito constitucional. No tienen la menor disposición a ceder algún privilegio y por ello insisten, una y mil veces, que la represión es el único camino para salir de la crisis.

Piñera opta por la represión antes que por cambios sustantivos en la repartición del poder y la riqueza. Al mismo tiempo, su discurso agresivo amplifica los enfrentamientos. Piñera no está en condiciones de resolver la crisis. No está en condiciones de gobernar.