Es un hecho incontrovertible que el gobierno federal y los gobiernos locales han sido incapaces de cumplir con la principal tarea que tienen asignada: brindar seguridad a los ciudadanos. La cifra oficial de mil 591 homicidios mensuales en lo que va del sexenio es tan sólo una muestra de la magnitud de la crisis de inseguridad en México. A ello se agregan los secuestros, las extorsiones, el derecho de piso que pagan muchos empresarios para poder operar negocios legítimos, el peaje cobrado a los transportistas, los asaltos en casa habitación, el robo de automóviles y el resto de los delitos del orden común o federal.

En opinión de algunos, la muy precaria seguridad de la que gozan los mexicanos, agravada en los territorios controlados por el crimen organizado o en aquellos que literalmente han sido abandonados por los gobernadores, justifica o al menos explica el surgimiento de las llamadas policías comunitarias y grupos de autodefensa. Pero unas y otros no son lo mismo a pesar de que se insista en colocarlos en el mismo saco.

El origen de ambos tipos de organización está en el fracaso de los gobiernos para brindar seguridad, pero aquí terminan las similitudes. Sus reivindicaciones, propósitos y formas de operar son muy distintas. Lamentablemente, en México no tenemos experiencias de policías comunitarias.

Las policías comunitarias con las que se ha experimentado de manera exitosa en algunas ciudades de América Latina (e incluso de Estados Unidos) asoladas por la delincuencia común u organizada son organizaciones que surgen del diálogo y la colaboración entre un gobierno local y los habitantes de una ciudad, un municipio o una colonia. Están basadas en la comunicación y actuación conjunta de los ciudadanos y los cuerpos policiacos partiendo del reconocimiento de que los primeros tienen mayor comprensión de los problemas de seguridad y que pueden contribuir no sólo con información sino también con su presencia activa en la prevención y el combate del delito. El éxito de estas policías comunitarias se ha reflejado tanto en la disminución de los índices delictivos como en la modernización de los cuerpos policiales y en el aprecio social por ellos.

Las policías comunitarias no tienen signo político ni reivindicaciones que vayan más allá de la de restablecer la seguridad en las calles, los negocios, los espacios públicos, las casas y las escuelas. Sus demandas se ciñen a exigir lo que, consideran, puede mejorar las condiciones de convivencia y seguridad: instancias de participación, mayor número de elementos en las corporaciones, mejores equipos y salarios, mayor preparación y condiciones de trabajo. Muy importante también, los recursos económicos en que se basan las policías comunitarias son transparentes y provienen del presupuesto gubernamental. Finalmente, las policías comunitarias no arman a la comunidad. Por el contrario, entre sus objetivos está el combate a la portación de armas por parte de los ciudadanos.

El empoderamiento no se da a través de la posesión de armas sino, como en el caso Bogotá y otros lugares, involucrando a la comunidad en la identificación de los problemas que más importan a la población, en la supervisión del gasto destinado a la seguridad y en el control de un sistema de vigilancia y quejas sobre la actuación de la policía.

El contraste con los grupos de autodefensa que en México han tomado control sobre algunos municipios no podría ser mayor. A diferencia de éstos, las policías comunitarias se instituyen dentro del marco legal vigente, actúan conforme a un programa que puede ser monitoreado, no pretenden privatizar la seguridad, no exigen la salida de sus territorios de las instituciones policiacas o militares ni tampoco actúan con impunidad. No brindan seguridad selectivamente ni extraen rentas de los miembros de la comunidad; no instalan retenes ni bloquean carreteras; no queman locales de los partidos políticos ni detienen sin debido proceso a presuntos delincuentes; no portan armas de uso exclusivo del Ejército ni secuestran a sus integrantes. En suma, no imparten justicia por propia mano. Mucho menos efectúan un despliegue de fuerza por las calles exhibiendo armas de alto poder, protestando por las reformas que pretende aprobar el Congreso o convocando “a luchar contra las fuerzas del gobierno opresor”.

Los grupos de autodefensa que han surgido en México se quieren vestir con el ropaje de las policías comunitarias, pero en nada se parecen. Las policías comunitarias son una experiencia organizativa a emular tanto en lo que toca a la prevención del delito como a la lucha contra la delincuencia. Los grupos de autodefensa son organizaciones que se deben combatir. Las primeras son muestra de revitalización institucional, los segundos son signos de desinstitucionalización.

El Estado tiene la obligación de brindar seguridad, pero también de mantener el orden y de impedir que los problemas se resuelvan al margen de la ley. En ninguna de estas dos tareas el gobierno federal y los gobernadores tienen buenas credenciales que mostrar.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.