América latina es un área que sorprende por su bajo desempeño relativo en relación a la dotación de recursos naturales y  humanos que posee. Una de las asignaturas pendientes de la región está precisamente en la mejora de la competitividad.

Para articular un desarrollo sostenido es clave acudir a  un instrumento indispensable como es el de políticas industriales (PI) bien elaboradas y políticamente factibles.

Es un lugar común escuchar que el proceso de crecimiento está íntimamente asociado a la acumulación de conocimiento y a la diversificación de la estructura productiva de un determinado país. Para que esto se concrete es vital disponer de una PI que sea realista y operativa con el objeto de alcanzar mayores niveles de competitividad. Las restricciones para la implementación de una determinada PI están dadas por el tamaño, el grado de desarrollo y las diversas estructuras productivas de las diferentes economías nacionales.

La PI estuvo asociada en toda la región, en un primer momento, con la estrategia de sustitución de importaciones que fue, sin lugar a dudas, la primera fase en el proceso de industrialización que los países encararon. La PI tuvo después, a lo largo del tiempo, como instrumentos centrales la protección comercial, la promoción de inversiones directas, el apoyo crediticio de los bancos de fomento y el desarrollo de la inversión externa directa.
La visión crítica de cómo se fueron desenvolviendo las estrategias mencionadas llevó a fuertes debates con tópicos clásicos. Con la rivalidad entre posiciones liberales en oposición a las desarrollistas, hemos perdido mucha energía en la región. Los gobiernos más liberales de los 90, comprometidos con reformas estructurales, avanzaron en políticas industriales, en muchos casos relacionadas principalmente con el sector automotriz.

La discusión sobre el rol de las PI no es sólo referente a América Latina sino que alcanza a economías desarrolladas y a otras regiones emergentes. El debate de las PI, por ejemplo en Asia, es bien marcado y aún está vivo. Algunos responsabilizan a las PI como la causa fundamental de la crisis de 1997 por el excesivo intervencionismo estatal en el sudeste asiático.

Los críticos de las PI adoptan a veces una expresión que es representativa de toda una filosofía: “La mejor política industrial es precisamente la que no se tiene”. Esta es una afirmación que no tiene en cuenta que las estrategias de desarrollo deben coordinar la iniciativa del mercado con el impulso del sector público.

Las políticas industriales existentes en la región, que se vinculan en forma estrecha con las de competitividad, se pueden clasificar de acuerdo a la Cepal en cuatro bloques
1. Políticas que siguen la inercia del proceso de sustitución de importaciones.

2. Políticas centradas en sectores que procuran su desarrollo.
3. Políticas derivadas de aprovechamiento de economías de escala o de red.
4. Políticas de sostén de clusters, en particular de aquellos integrados por pymes bajo la tutela de grupos económicos, multinacionales o grandes firmas nacionales.

Muchas veces se hace referencia a la necesidad de que las PI sean horizontales y se asume de este modo cierta neutralidad en el impacto sectorial. Este punto parecería cuestionable, ya que es muy difícil que no haya cierta discrecionalidad hacia algún sector al modificarse la dotación de recursos de la economía.

Existen en la región experiencias recientes en el terreno de la PI. Méjico transita su “Política económica para la Competitividad”, donde se han definido 12 sectores prioritarios. Brasil, por su parte, ha encarado a través de las “Directrices de Política industrial, tecnología y comercio exterior” una orientación de su desarrollo industrial. Se hace énfasis en Brasil en actividades que son intensivas en conocimiento: Semiconductores, software, medicamentos y bienes de capital.

En el caso argentino no existe un plan director que oriente el proceso de crecimiento, si bien ha habido algunos avances en este sentido a través de la Agencia para la Inversión.

Teniendo en cuenta que es clave contar con mecanismos de evaluación de las políticas encaradas para facilitar el aprendizaje institucional, las limitaciones que están presentes en la implementación de PI se relacionan, en base a un estudio de casos en la región, con la baja capacidad de seguimiento, la precariedad de los acuerdos público-privados, la debilidad de las señales económicas asociadas a que falla la implementación. En el caso argentino, en particular, estamos ante una coyuntura especial para tomar en cuenta lineamientos básicos como los esbozados para desarrollar una política industrial eficaz que no sea la cenicienta de los planes de crecimiento sustentable.