La controversia alrededor del cierre de la revista Vanguardia y la Ley de Comunicación ponen de relieve dos concepciones del derecho a la libertad de expresión. Esto está relacionado a cómo se socavan los derechos de los individuos cada que un grupo de políticos se nos presentan como redentores.La filósofa Ayn Rand describía que el truco consiste en “atribuir a los ciudadanos particulares algunas violaciones específicas, constitucionalmente prohibidas al gobierno (y que los ciudadanos no tienen poder alguno para cometer), liberando así al gobierno de toda restricción”.

Por ejemplo, el gobierno atribuye censura a actores privados. En el caso de la revista Vanguardia, muchos han opinado que los dueños han censurado a los periodistas de ese medio. Pero en realidad los accionistas de Vanguardia no tienen el poder de prohibirle a Juan Carlos Calderón y los demás periodistas de la revista expresarse en cualquier otro lugar –como lo hicieron en internet publicando ahí la última edición de la revista y como lo han hecho otros a través de proyectos como LaRepública.ec.– El Sr. Vivanco y sus socios no tienen el poder que sí tiene el Estado ecuatoriano de silenciar a alguien mediante represalias penales, demandas millonarias y/o prohibición legal de determinadas expresiones.

En realidad, la censura solamente es tal cuando proviene del Estado. Cuando un empresario publica en su diario una investigación de un periodista, ese empresario está arriesgando su capital. Puede que esa investigación le acarree pérdida de credibilidad, lectores, y/o anunciantes, así como también puede que esa publicación le genere importantes ganancias, fortalezca su reputación, y/o capture la atención de un mayor número de lectores.

Bajo esta concepción, la libre expresión es la libertad de poder expresarse sin miedo a represalias por parte del Estado. Rand agrega que “la libertad de expresión de los individuos particulares incluye el derecho a no estar de acuerdo, a no escuchar y no financiar a sus antagonistas”.

En cambio, en diversas corrientes colectivistas, se considera que la libertad de expresión comprende el derecho a que el Estado obligue a otros a garantizarnos a cada uno de nosotros los medios materiales para expresarnos como queramos, donde se nos antoje.

Esto suena muy agradable. Pero como los medios materiales siempre son escasos, de ninguna manera el Estado podrá garantizarnos a todos acceso a estos. Las preguntas clave aquí son: ¿Quién elige a los privilegiados que tendrán ese derecho? ¿A costa de quién gozarán de ese privilegio?

En un sistema de libre mercado de comunicaciones son los consumidores de información quienes eligen a los ganadores y perdedores. Mientras que el empresario que se opone constantemente a las preferencias del público sufre las consecuencias económicas de hacerlo, los políticos con el poder de elegir quién podrá expresarse libremente no las sufrirán, entonces difícilmente les importará satisfacer las preferencias de los consumidores.

Al final del día básicamente hay que decidir si queremos que los políticos sean nuestros servidores o nuestros redentores. Si queremos lo primero, Rand consideraba que era la función política del derecho a la libre expresión: “proteger a quienes disienten y a las minorías impopulares de toda supresión violenta, no la de garantizarles apoyo, las ventajas y las recompensas de una popularidad que no ganaron”.

* Esta columna fue publicada originalmente en El Universo de Guayaquil.