Estaba anunciada la derrota de Chile en La Haya, aunque fue menos dolorosa de lo esperado. El “fallo salomónico” le significó a nuestro país la pérdida de  21.000 km2 de su zona económica exclusiva. Los pescadores podrán trabajar ahora sólo hasta 80 millas frente a la costa de Arica. No es una catástrofe, pero tampoco es lo mismo de antes. A fin de cuentas, la demanda peruana, sin ser un éxito total, ha puesto en evidencia las graves falencias de la política internacional de Chile.

La renuncia a la integración regional, el distanciamiento con los vecinos, la preeminencia de los asuntos económicos por sobre la densificación de las relaciones internacionales y el énfasis en los países desarrollados y el Asia-Pacífico, han marcado la política exterior chilena en las últimas dos décadas. A ello se agrega la autocomplacencia por un manejo económico interno que al mismo tiempo descalifica la política que se impulsa en los países de la región críticos del neoliberalismo. Finalmente, el deterioro económico-social de las zonas extremas del país, muy especialmente Arica, han debilitado la política exterior y entregan argumentos adicionales para las reivindicaciones marítimas y territoriales de los países vecinos.  

Chile se ha equivocado. Su política internacional no es atribuible a un gobierno en particular. Es una política de Estado, compartida por todo el establishment. Nuestro país se ha aislado de la región y con ello ha sentado bases para que los vecinos inmediatos no vacilen en sus reivindicaciones territoriales. Ello explica en gran parte la derrota en La Haya. Esa misma política le ha significado a Chile la demanda boliviana, también en La Haya, para su salida al Pacífico.

Con el retorno de la democracia, la Cancillería chilena priorizó la integración económica regional y los entendimientos políticos vecinales (se destaca la solución a 24 de los 25 conflictos limítrofes con Argentina). Esto cambiaría con la intromisión del ministro Foxley, desde el ministerio de Hacienda, en asuntos internacionales, quien impuso la política de favorecer un acuerdo económico con los Estados Unidos y distanciarse de los vecinos.

Foxley fue el principal promotor de la política de alejamiento de la región y Lagos la llevó a cabo vigorosamente; pero todo el establishment la aprobó. Los parlamentarios, los partidos políticos, los empresarios y la prensa siempre aplaudieron el quehacer de la Cancillería y la política exterior de valorar lo económico, con énfasis en el mundo desarrollado. Ahora no se pueden quejar. Los lamentos de hoy son el fruto de la complacencia que tuvieron en el pasado.

Durante la presidencia de Bachelet, con plena hegemonía de los gobiernos nacional-populares en la región, la Cancillería pasa a ser dirigida por Alejandro Foxley, adversario crítico radical de las nuevas políticas económicas impulsadas por los gobiernos de Argentina, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Tampoco se tuvo el talento diplomático para combinar con inteligencia y pragmatismo la liberalización económica al mundo con los asuntos vecinales. A partir de ese momento se cierran todas las puertas para la integración de Chile en la región y sólo se mantiene una poco creíble retórica a favor del Unasur y la Celac.

Por su parte, el gobierno de Piñera ha concentrado su accionar en la Alianza del Pacífico y el TPP (Acuerdo Transpacífico). Ambos proyectos no tienen justificación económica alguna ya que la economía chilena tiene una profunda apertura, vía TLC, con todos los países participantes de tales acuerdos. El propósito escondido es otro. La Alianza del Pacífico apunta a coordinar los modelos neoliberales de Colombia, Perú, México y Chile, mientras el TPP sirve para apoyar el predominio hegemónico de los Estados Unidos en el Asia, en desafío al posicionamiento de China. Es la ideología y la política la que manda en ambos caso. No la economía. Y por ello el resto de los países de América Latina rechazan rotundamente ambos proyectos.   

Más allá de la economía, existen hitos político-diplomáticos muy relevantes que han debilitado a Chile en la región.  El apoyo del Presidente Lagos al golpe de Estado contra Chávez. El abrupto retiro de las negociaciones para incorporarse al MERCOSUR, optando por el TLC con los Estados Unidos, sin consulta a las autoridades del bloque regional. El apoyo entusiasta al fracasado ALCA, rechazado por Brasil y Argentina. El escaso compromiso con la CAF y el franco rechazo al Banco del Sur y al ALBA, favoreciendo siempre al FMI y al Banco Mundial.

Así las cosas, Chile ha perdido aliados en la región, vitales para evitar cuestionamientos territoriales. Brasil y Argentina se mantienen distantes. Brasil se olvidará de Chile mientras no expliquemos coherentemente nuestro entendimiento con México en la Alianza del Pacífico y el TPP con los Estados Unidos. Por otra parte, las críticas del establishment chileno a los Kirchner han sido infamantes, mientras Venezuela es descalificada a diario.

Ecuador terminó su relación carnal con nuestro país. El actual presidente Correa desconfía de la postura pronorteamericana y neoliberal de los gobiernos chilenos y, habiéndose resuelto el conflicto en la cordillera del Cóndor, ha estrechado las relaciones diplomáticas con Perú. Así las cosas, el gobierno del Ecuador, en manifiesta contradicción con Chile, fijó el límite marítimo común con Perú, alejándose de su postura de refrendar los tratados de 1952 y 1954. Ello debilitó la posición chilena en la Haya.

Por otra parte, se ha cometido el serio error de dilatar las demandas boliviana para una salida al mar y ahora Bolivia, renunciando a las conversaciones bilaterales, ha optado por presentar una controversia en La Haya. Las tensiones con el gobierno altiplánico se han multiplicado durante el gobierno de Piñera, con un deterioro manifiesto de las relaciones vecinales. Nuevamente una política internacional equivocada es la que impide a los gobiernos de Chile enfrentar con fluidez e inteligencia las demandas de Bolivia, cuya agilización habría aliviado notablemente nuestra frontera norte.

En el plano interno, el neoliberalismo le ha hecho un flaco favor a la protección de la soberanía nacional. Un Estado sin política de fomento productivo y con un desarrollo social precario es el culpable de la creciente pobreza de Arica. Ello contrasta con el potente progreso de las zonas limítrofes del Perú, en especial de la ciudad de Tacna. Cuando no hay visión estratégica sobre las zonas limítrofes y la economía se fundamenta estrictamente en criterios de mercado, dejando de lado la responsabilidad inversionista y social del Estado, la seguridad nacional es la que termina debilitándose.

En las condiciones descritas resultaba inútil asistir a La Haya. Más aún, las cuerdas separadas, que se impusieron en la controversia, fue un error adicional de la Cancillería. Al independizar la problemática jurídica de los asuntos económicos se debilitó la posición chilena frente al Perú. Nuevamente la protección de los negocios predominó por sobre la soberanía territorial. Persistir en la Alianza del Pacífico, con el país que nos demandaba en La Haya e insistir en la importancia de las inversiones, restó fuerza a la posición chilena en la controversia marítima.

La demanda peruana ha sabido aprovechar las debilidades de Chile. El desprecio por las relaciones vecinales, la extrema ideologización de la política exterior y la exagerada defensa y valoración de lo económico en la diplomacia, han sido grandes  responsables de la derrota de Chile en La Haya.