El cambio climático nos obliga a usar mejor el agua, promover la energía solar y eólica, e innovar en tecnologías que buscan mitigar los riesgos de la contaminación. Consecuencias serias como el deshielo de nevados que, además de perder su belleza, limita la provisión de agua, hace comprensibles los enormes esfuerzos a nivel global para establecer medidas legales y económicas que limiten la emisión de gases, tanto en la producción como en el consumo.

Sin embargo, cuando uno compara el avance de las medidas que buscan minimizar el daño ecológico con las destinadas a resolver un problema igual de grave –como es el de la corrupción-, uno constata que no existe el mismo empuje, pues es evidente que no hemos logrado generar un nivel de conciencia similar al que existe para los efectos del calentamiento global, no obstante que la corrupción causa perjuicios similares o peores.

El mundo sufre un serio problema “climático” en el ámbito de los negocios. Cada día los empresarios nos enfrentamos a una serie de dilemas éticos que requieren que deslindemos entre el bien hacer y la tentación de abusar de nuestro poder para beneficiarnos en detrimento de otros, violando la ley. Al ignorar el Estado de derecho, distorsionamos las reglas de juego y desincentivamos la participación honesta y transparente de los demás; en otras palabras, afectamos el ecosistema empresarial.

La última encuesta a nivel nacional sobre la percepción de la corrupción en el Perú, elaborada por Ipsos Apoyo por encargo de Proética, con el patrocinio de Confiep e IPAE, señala que la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas en el Perú, superada solo por la inseguridad ciudadana. Y si bien las instituciones percibidas como las más corruptas son el Poder Judicial (56%), la Policía (52%) y el congreso (47%), las empresas en nuestro país salen muy mal libradas en este estudio, pues cuatro de cada cinco entrevistados consideran que son corruptas, percepción seriamente agravada por la actividad de la minería ilegal, según el propio estudio.

El 79% de la población cree que la empresa privada es cómplice y no víctima en casos de presión para cometer actos corruptos, frente a un 73% según la encuesta de 2010. De otro lado, apenas 12% piensa que las empresas fomentan buenas prácticas, 11% que tiene código de conducta y 8% que cuentan con herramientas para combatir actos corruptos. Según el estudio llevado a cabo, el 78% de los encuestados piensa que la gran empresa es más corrupta que la mediana, pequeña y microempresa; y que las nacionales son más corruptas (49%) que las extranjeras (38%). En el estudio de 2010, el 34% pensaba que entre los empresarios había más corrupción que en el resto de la sociedad; dicha visión ha aumentado ahora a 45%. En forma similar, un creciente número (82%) piensa que la corrupción afecta al desarrollo de las empresas del país.

Es evidente que la corrupción empeora año a año, y afecta el ecosistema empresarial a minar la confianza del mercado y perjudicar el desarrollo económico y social del país, amenazando hasta la democracia misma. Por ellos es imprescindible asumir el desafío personal de luchar efectivamente contra este problema que afecta a la sociedad entera. Obviamente que fortalecer la integridad corporativa combatiendo la corrupción no es tarea fácil; sin embargo, no tenemos opción. Necesitamos ejercer verdadero liderazgo y compromiso personal, para asignar a la tarea de combatir la corrupción la misma que damos a la protección del medio ambiente, pues construir empresa sostenibles no depende solo de los buenos productos y servicios, sino de un compromiso firme para actuar responsablemente.

Nunca antes como hoy han sido tan necesarios la buena gobernanza corporativa y los sistemas de control interno que incluyan medidas anticorrupción para reforzar la integridad y promover una gestión responsable de los negocios. En este sentido, resulta loable que IPAE Acción Empresarial haya creadO un grupo de trabajo conformado por empresarios comprometidos con el desarrollo de iniciativas que promuevan un dialogo claro y abierto en la comunidad de negocios para fomentar la ética empresarial y mejorar la transparencia. Somos conscientes de que de poco o nada valdrán los esfuerzos que hagamos en educación, salud, infraestructura e inclusión social, si no atacamos frontalmente el flagelo transversal de la corrupción, que mella la competitividad del país y atenta contra los más pobres.