Leo Pinheiro, expresidente de la empresa constructora OAS, ha informado al Ministerio Público de Brasil, que habría pagado 101 millones de pesos en el año 2013 para financiar la campaña presidencial de Michelle Bachelet y que ello se lo había sido solicitado Lula da Silva. ¡Creer o no creer, esa es la cuestión! Porque Pinheiro ha sido un consumado comprador de políticos para favorecer sus negocios en toda América latina y, ahora, acosado por la justicia, es capaz de acusar de pecador al mismo Jesucristo para salvar su pellejo.

Pinheiro utiliza la "delación compensada" para obtener la libertad condicional. Entonces, ¿cuál es la validez de sus dichos? ¿Hasta qué punto podemos creer en la palabra de un corruptor y delator cuyo único objetivo es salvarse de la cárcel?

En favor del descreimiento hay que agregar algo más. El sistema de justicia brasileño ha dejado de ser fiable. El juez Moro se apuró en condenar al expresidente Lula y enviarlo a la cárcel por el caso Lava Jato; pero, curiosamente, se convierte, sin mayor trámite, en ministro de Justicia del recién elegido presidente Bolsonaro, y en el hombre más mimado de su gabinete. Algunos meses después, gracias a un hacker, se conocen comprometedoras conversaciones del juez Moro que, en medio del juicio contra Lula, había mantenido con los fiscales de la Lava Jato.

Así las cosas, existen entonces fundamentos para creer que el juez Moro fue parte de una operación política de la clase dominante brasileña para encarcelar a Lula e impedirle su participación política, debilitar al Partido de los Trabajadores (PT) y favorecer así el triunfo de Bolsonaro. 

Pero, para ser justos, tampoco se puede negar la existencia de dineros empresariales que ensuciaron al gobierno del PT, muy especialmente de Petrobras y de OAS, que desataron la corrupción y dieron origen al escándalo Lava Jato.

Es claro que el PT no está limpio. Tiene responsabilidad en las platas oscuras que manejaron los exministros José Dirceu y Antonio Palocci, entre otros. El vínculo de ambos con las sucias operaciones de Petrobras y de OAS es demasiado evidente. Y, ese comportamiento desprestigió al PT y ayudó al triunfo de Bolsonaro. Lamentable.

Es preciso ser claros: recibir dineros del empresariado corrompe a los hacedores de las políticas públicas y destruye las instituciones republicanas. La ética y la democracia exigen independencia a los servidores públicos.

Gracias a la "delación compensada", Pinheiro dio a conocer los dineros que supuestamente habría entregado para la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Pero la escasa credibilidad del empresario y del poder judicial brasileño dificultan conocer si se trata de un hecho verdadero o falso. Podría ser una operación política para desprestigiarla.

Sin embargo, es justo reconocer que las campañas políticas en Chile también han estado teñidas por el financiamiento empresarial y la corrupción. Todas las campañas, de derecha, centro e izquierda. Y, en el último tiempo, se han conocido varios casos de financiamiento ilegal de la política, entre los cuales están algunos partidarios de la presidenta Bachelet y también operadores de su campaña presidencial. Pero respecto de OAS sólo se había vinculado al candidato presidencial Enríquez Ominami. En realidad, los financistas de candidaturas presidenciales y parlamentarios, de distintos sectores políticos, fueron Soquimich, Corpesca y Penta. Este es el Lava Jato chileno.

También hay que señalar que en Chile el Poder Judicial no ha estado a la altura de las exigencias ciudadanas. Igual que en Brasil, aunque en una dimensión distinta. Su pérdida de prestigio obedece, más bien, a que no se atrevió a enviar a la cárcel a ningún político o empresario. Fiscales y jueces en Chile ha sido complaciente con la corrupción y han tratado con guante blanco a todos los políticos y empresarios. En Brasil, en cambio, el Poder Judicial, como se señaló, ha servido para acosar al PT, favorecer a la derecha y a los empresarios.

La corrupción se ha acentuado en América Latina en los últimos años. La defensa de la democracia y el respeto a la ciudadanía exigen al mundo político mantener distancia de los dineros del empresariado. Sólo así no se repetirán en Brasil un Lava Jato ni tampoco en Chile los casos de Soquimich, Penta y Corpesca en Chile.

El poder económico despliega su accionar corruptor sobre todos los gobiernos y partidos políticos para favorecer sus negocios. Y, se ha especializado en años recientes en capturar dirigentes de centro izquierda para neutralizarlos y luego desprestigiarlos. Es preciso detenerlo.

Pero, también, en años recientes, el poder económico se ha especializado en utilizar a las instituciones republicanas, y a los medios de comunicación de la gran prensa para hacer operaciones de limpieza contra políticos que no son cómodos a sus intereses. Por ello, sobre todo quienes se presentan ante la ciudadanía como críticos del sistema económico imperante, y que desean impulsar transformaciones, no pueden apelar al empresariado para financiar su accionar político.

El empresario corruptor Pinheiro no es creíble y, probablemente, tampoco lo son algunos operadores de la campaña de Bachelet. Pero nadie puede dudar que la presidenta Bachelet es una persona honrada y completamente alejada de los recursos que financiaron su campaña.