Mañana, 1 de febrero –como lo establece el artículo 65 de la Constitución–, se inicia el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión.

Tres asuntos relevantes hay en la agenda de los diputados y senadores: las iniciativas para echar abajo la Reforma Educativa promulgada en 2013; para crear la Guardia Nacional, y para modificar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Me detendré en el primero de ellos.

La Reforma Educativa surgió de un amplio consenso entre las fuerzas políticas del país. Varias encuestas registraron, en su momento, el gran apoyo con que contaba en la sociedad mexicana.

Sin embargo, como ocurrió con casi todo lo que se hizo el sexenio pasado, la Reforma Educativa se estrelló contra la pared de los escándalos de corrupción que marcaron el desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto, y pocos quisieron defenderla cuando el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador la sentenció a muerte como parte de las promesas de su campaña electoral.

Como cualquier obra humana, la Reforma Educativa es perfectible, pero es un error exigirle resultados luego de apenas un lustro de haber sido puesta en práctica. Si hoy está condenada, no es por su contenido, sino por el nombre de sus progenitores.

La Reforma Educativa fue atacada con base en una mentira flagrante: que es “punitiva” para los maestros. Nada más falso. Exigir que un maestro tenga los conocimientos para dar clases y que un director de escuela tenga los méritos para ocupar ese cargo no atentan contra la dignidad de nadie.

Es al contrario: quien quiere mantener a los profesores a salvo de ser evaluados no confía en ellos ni los cree capaces de perfeccionar y poner al día sus conocimientos para hacer bien su trabajo.

La Reforma Educativa no es punitiva porque no contempla el despido de ningún maestro que repruebe una evaluación. Tiene tres oportunidades para hacerlo, además del derecho de capacitarse en caso de no aprobar en la primera oportunidad. Y si fallase en tres ocasiones, la sanción estipulada es una transferencia a un área administrativa.

De verdad, ¿eso es punitivo?

Cualesquiera que sean sus limitaciones, la Reforma Educativa tiene un logro fundamental: asignar las plazas de profesores y cargos directivos con base en un concurso de aptitud profesional.

Es decir, acabar con el sistema de cuotas y la compra-venta y herencia de las plazas que privaba en el magisterio.

Si la Reforma Educativa fue necesaria es porque la nómina de la SEP estaba llena de aviadores y personas sin capacidad para la enseñanza. Era ridículo no saber siquiera cuántos maestros había en México.

Era un derroche de recursos públicos que muchos de esos maestros cobraran por hacer funciones de “comisionados” del sindicato, y que los profesores pudiesen faltar a clases para asistir a actividades gremiales, incumpliendo su deber primordial de enseñar a los niños y sin temor a ser sancionados.

Puede ser que no sea la única causa, pero ese estado de cosas –que existió durante décadas– propició un rezago educativo que ha dañado al país.

Lamentablemente, a eso se quiere regresar con echar atrás la Reforma Educativa. La mejor muestra de ello es lo que está sucediendo en Michoacán.

En lugar de estar dando clases, los maestros agremiados en la CNTE están bloqueando las vías del tren –en demanda de que se les paguen supuestos adeudos multimillonarios–, impidiendo que lleguen a su destino miles de contenedores con insumos y productos terminados, lo cual está causando un gran daño a la economía.

Aliados en la campaña electoral, López Obrador ofreció a los maestros de la CNTE echar abajo la Reforma Educativa. El hoy Presidente cumplió, enviando la iniciativa al Congreso, Sin embargo, ahora ese grupo de profesores –por cierto, minoritario en Michoacán– ha decidido no atender el llamado de López Obradora quitarse de las vías.

Tampoco han atendido el exhorto que les hizo en Oaxaca, en septiembre pasado: que a cambio de derogar la Reforma Educativa, los maestros se comprometieran a no faltar a clases.

Me temo que la inminente muerte de la Reforma Educativa, aunada a la resistencia del Presidente de aplicar la ley a los profesores rebeldes, sólo envalentonará más a la Coordinadora y la hará reincidir en sus prácticas chantajistas para extraer rentas del Estado.

Asimismo, restaurará el viejo sistema de privilegios del magisterio, que permitía la asignación de plazas por cuotas, y la compra-venta y herencia de éstas, como ha quedado demostrado con la promesa del gobierno federal de entregar cinco mil plazas a los egresados de las normales como premio por liberar las vías en Michoacán. Algo que, al momento de escribir estas líneas, no había ocurrido.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.