Mientras que en 2018 el Congreso de Perú ha puesto sobre la mesa la necesidad de implementar una ley para establecer un control previo de fusiones y adquisiciones, la dinámica del mercado transaccional en el país ha despertado interés en los inversores con significativas operaciones que hoy en día hacen parte de la discusión acerca de la conveniencia de tener o no una ley de control de concentración empresarial.
Según datos registrados por Transactional Track Record (TTR) sobre el mercado M&A de Perú, la nación ha registrado hasta marzo de 2018 un crecimiento del 229% en el capital movilizado, con un total de 30 operaciones, de las cuales 16 suman un importe no confidencial de US$ 3.730,08 millones.
Luego de haber experimentado una significativa contracción en términos de importe en 2017, el cambio de tendencia en el primer trimestre de 2018 está alineado con las perspectivas del mercado inversor, el cual considera que el comportamiento en el segmento M&A podría crecer de manera moderada.
Esta preferencia optimista se debe a destacadas movidas empresariales como la adquisición de Quicorp por parte InRetail, valorada en US$ 583 millones; la adquisición de Pecsa por Primax, valorada en US$ 273 millones, entre otras operaciones mayores a US$ 100 millones que incluso se registran, por valor operacional, como algunas de las más destacadas de América Latina en el transcurso del año.
Tras el registro de este tipo de operaciones en los tres primeros meses de 2018, el debate para la creación de una ley de control previo de fusiones y adquisiciones, que se ha puesto sobre la mesa en más de una ocasión en los últimos cinco años, ahora sigue más vivo que nunca.
Al respecto, es importante conocer los motivos, los retos y la evaluación objetiva de la ley de control previo de concentraciones presentada anteriormente en dos ocasiones en 2016, y sumada a otras tres nuevas propuestas que han sido presentadas a la Comisión Económica del Estado en los últimos meses.
Por una parte, uno de los impulsos más importantes de esta coyuntura legislativa es que Perú, candidato para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se encuentra evaluando la recomendación del mismo organismo que consiste en crear una ley de competencia a través de un análisis de fusiones y adquisiciones, de modo que se puedan aceptar, prohibir o regular las operaciones empresariales en el país.
Este organismo, conformado por un grupo de países que poseen -en la teoría- buenas prácticas gubernamentales, estaría enviando una señal para que sea necesario alinearse con países socios como Chile o México, o con países que tengan mecanismos de acción preventiva frente a estas movidas empresariales, así como con el resto de 90 países que también tienen una normativa que regulan fusiones, adquisiciones y concentraciones empresariales.
No obstante, los gremios empresariales, Comex Perú, Confiep, entre otros miembros del rubro empresarial, manifiestan que ya existe un marco legal para que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) acepte, prohíba o regule las fusiones registradas en el país, así como para que sancione el comportamiento abusivo de oligopolios o monopolios en estas movidas empresariales.
Sobre este aspecto, Indecopi cumplirá un papel relevante en este futuro proceso y en las perspectivas del mediano plazo en el mercado M&A, pues esta coyuntura será clave para que los inversores puedan estar atentos para tomar futuras decisiones, ya que esta entidad podría ser la encargada de supervisar las transacciones, donde el grupo económico resultante tenga el 51% de cuota de participación o más, en uno o más mercados. Todo este proceso para que ello no aterrice en una práctica de monopolio.
El reto
Sin duda, el reto para evaluar la viabilidad de la ejecución de una ley de control previo de fusiones y adquisiciones en Perú tendrá que ver con la responsabilidad por parte de los legisladores de crear una regulación adaptada a Perú, pero con una base de casos exitosos en el ámbito internacional, puesto que el tener en un determinado país una ley de control de fusiones no implica que en todos los casos la implementación sea eficiente o eficaz en el ámbito regulatorio.
Asimismo, será vital la implementación de políticas técnicas basadas en el comportamiento de diferentes mercados y sectores económicos, en el respectivo umbral del importe de la operación, la capacidad técnica del ente regulador, entre otros elementos que requieren una clasificación rigurosa para promover la competencia y vigilar las concentraciones en el país.
Con esta coyuntura tan importante, que pone sobre la mesa los efectos del libre mercado y la competencia, Perú se convierte hoy en día en un mercado expectante en el ámbito inversor y, en especial, en las futuras operaciones M&A que se realicen en el ámbito local. La evaluación de esta implementación podría ser relevante para analizar si realmente esta medida será provechosa para generar una mayor eficiencia del mercado, para conservar la competencia, y para que realmente se genere un beneficio para los consumidores y usuarios. Por ahora, no cabe duda que este nuevo panorama entrevé un nuevo futuro en el mercado transaccional en el país y que solo lo podremos ver en el futuro. El radar inversor en Perú seguirá activo.
