La informalidad, las deficiencias en infraestructura y la incertidumbre política se posicionan como los grandes obstáculos que el país andino debe sortear en su ruta al “club de los países ricos”.
Mientras la organización de la APEC acaparó la atención de la agenda internacional de Perú en este 2024, el país andino tiene otro bloque en la mira para impulsar su crecimiento económico. Se trata de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este organismo de cooperación internacional posee 38 Estados miembros y su finalidad es coordinar políticas económicas y sociales.
Al organismo se le conoce como el “club de los países ricos”, debido a la presencia de economías industrializadas como Estados Unidos, Australia, Japón y la mayoría de los miembros de la Unión Europea. Sin embargo, en las tres últimas décadas, la OCDE ha añadido a economías emergentes como México (1994), Chile (2010) y Colombia (2020) como miembros plenos.
Desde 2012, Perú espera ser el siguiente en la lista, aunque primero debe cumplir con los principios fundamentales de la OCDE. Dichos estándares incluyen un compromiso con la democracia y la economía de mercado, así como adoptar medidas para la lucha anticorrupción, política fiscal y gobernanza corporativa. Ante este panorama, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se mostró optimista.
“Cada vez nos acercamos más a la meta de adherirnos a la OCDE con un esfuerzo conjunto del Ejecutivo y de las diferentes fuerzas sociales de Perú”, declaró el premier peruano durante su participación en la 9º Reunión de Alto Nivel del Consejo de Administración del Centro de Desarrollo de la OCDE en París (Francia) este 11 de diciembre. Previamente en junio, Adrianzén estimó que Perú se uniría finalmente a la OCDE en 2027.
Sin embargo, la inestabilidad política del país andino es un hueso duro de roer. Por ejemplo, en marzo, el Congreso peruano aprobó por insistencia la Ley 31990, la cual establecía un plazo fijo de ocho meses para que la Fiscalía acepte la solicitud de colaboración eficaz y verifique la información aportada por el colaborador. Este cambio fue criticado por el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo por debilitar las investigaciones judiciales en casos de corrupción.
Puertas afuera, la nueva ley ya había saltado las alarmas. Resulta que en octubre de 2023, el Comité Anticorrupción de la OCDE le envió una carta al entonces premier Alberto Otárola con varias sugerencias para el Estado peruano. Una de las más contundentes era evitar que se aprobara la Ley 31990, algo que finalmente no se cumplió.
Como consecuencia, la OCDE suspendió temporalmente el proceso de adhesión de Perú y envió una comisión multisectorial para evaluar la situación del país. La actuación del gobierno de Boluarte causó controversia por negarse a divulgar la carta de la OCDE y adoptar una postura opositora a la iniciativa del Congreso. Incidentes como este podrían repetirse, debido a que la OCDE cuenta con más de 200 instrumentos legales, 25 comités y 29 grupos de trabajos que emiten observaciones para que Perú las reciba y subsane de forma continua.
LOS PUNTOS A MEJORAR
Para Patricio Lewis, investigador asociado del think tank Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), la productividad laboral debería ser uno de los ejes a abordar por el Estado peruano.
“En nuestro país este indicador alcanza una tercera parte del promedio de los países de la OCDE, lo que hace crucial un incremento significativo para alcanzar el estatus de país de ingreso alto. Allí también tenemos retos importantes como la tasa alta de informalidad, la cual es un obstáculo para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible. Otras prácticas que nos alinearían con los objetivos de la OCDE son mejorar la infraestructura y conectividad de transporte para fomentar la diversificación económica de Perú”, declaró Lewis a AméricaEconomía.
Cabe destacar que el Estado peruano ha planificado y desarrollado en los últimos años una serie de grandes proyectos de infraestructura como la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el megapuerto de Chancay y las nuevas líneas del Metro de Lima.
No obstante, los desafíos persisten: a inicios de diciembre, el comité de gobernanza pública de la OCDE advirtió que Perú registra una brecha en infraestructura del 50% del producto interno bruto (PIB). Ante tal problemática, Ana Rosa Valdivieso, la Alta Representante para el Proceso de Adhesión de Perú a la OCDE, recomendó que el país concrete asociaciones público privadas (APP) más transparentes. Si se establecen reglas de juego más claras, el empresario podría participar eficazmente en procesos de infraestructura, así como en mejorar las licitaciones.
“Las alianzas entre las empresas y el sector público obviamente son fundamentales, porque una buena parte de la inversión del país proviene del sector privado. Entonces, en ese sentido, hay que estimular la inversión privada, de tal forma de poder aliviar al Estado de mayores gastos y compartir un poco la responsabilidad, apoyándose en las empresas y otro tipo de organizadores, porque esto es un proceso transversal”, expresó María José Ibáñez, economista e investigadora del CENTRUM PUCP para AméricaEconomía.
Ibáñez opina que el Estado peruano ha dado un paso adelante con la simplificación de la burocracia asociada a la formación de nuevos negocios. La economista compara esta medida con la aplicada en Chile, donde también surgió para aumentar la competitividad.
Por otro lado, Lewis asegura que la baja ejecución del presupuesto público es uno de los obstáculos clave para reducir la brecha de infraestructura. “La ejecución está alrededor del 50% para este 2024, y en los años anteriores, no llegó ni siquiera al 30%. Y eso que hablamos de los fondos destinados para obras menores, es decir, proyectos que no tienen mucho impacto en el crecimiento de la región”, agregó el investigador.
Hace dos semanas, el ministro de Economía y Finanzas de Perú, José Arista, anunció que el 36% del presupuesto nacional será destinado a las regiones. Como las carteras del Poder Ejecutivo ya tienen asignados proyectos fuera de Lima, los recursos que asignan podrían superar el 45%. Lewis advierte que se necesita mayor eficiencia en la gestión de estos recursos para no repetir casos como Majes-Siguas II. Se trata de un proyecto de irrigación en el departamento andino de Arequipa, cuya construcción se encuentra paralizada desde 2010 por discrepancias políticas.
“Las políticas de salud, saneamiento y educación se quedan a medio terminar y la gente siempre voltea al Ejecutivo, pero son funciones que están descentralizadas. Así que al no tener bien definidas las reglas y roles de cada nivel de gobierno, eso también genera malestar y sensación de ineficiencia. Son indicadores que la OCDE está tomando en cuenta para garantizar el ingreso de Perú a la organización”, explicó Claudia Sicoli, Directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a AméricaEconomía.
En cuanto a la gobernanza corporativa, Sicoli afirma que hay un grupo pequeño de grandes empresas que tienen cubiertas las prestaciones sociales. Es decir, sueldos con altos niveles de productivida, las garantías laborales, el capital social, entre otras. Sin embargo, hay un tejido amplio de empresas pequeñas y medianas, que son más del 90% del empresariado peruano, que son deficientes en ese sentido. “Todavía hay un largo camino por recorrer en temas de responsabilidad social corporativa y todo lo que tiene que ver con la gobernanza empresarial”, asegura.
BENEFICIOS Y LAS APUESTAS A FUTURO
Una vez que Perú sea admitido como miembro pleno de la OCDE, María José Ibáñez asegura que el país se posicionará como un mercado más atractivo para atraer inversiones presenciales directas.
“Claramente podríamos tener un crecimiento económico a través de la generación de nuevos empleos, la transferencia de conocimiento y tecnología, así como la actividad exportadora. Porque finalmente la OCDE es una vitrina para lograr acuerdos internacionales como nuevos Tratados de Libre Comercio”, sostuvo la investigadora de CENTRUM PUCP.
Asimismo, Ibáñez sostiene que el fortalecimiento del capital humano es clave en el proceso de afiliación. Desde su perspectiva, las inversiones en educación e investigación permiten que las personas contribuyan de mejor forma al crecimiento económico. Un ejemplo concreto es que la construcción de grandes proyectos como el megapuerto de Chancay requiere mano de obra calificada que ocupen puestos de trabajo de alto nivel.
Es importante resaltar que en noviembre, el director de Educación y Competencias de la OCDE visitó Perú y destacó mejoras en ciertos aspectos como el desempeño en las pruebas PISA y una caída en los índices de deserción escolar. Aunque como es previsible, hay un largo camino por recorrer.
“En el sector educación, tenemos problemas con la infraestructura, la formación de profesores y la competitividad intraescolar. Y si bien se están implementando políticas desde hace algún tiempo, vemos que desde el gobierno se han generado varios retrocesos. Se permitió que profesores cesados por malos resultados en exámenes regresen a sus cargos y se destruyó todo lo avanzado en la calificación de universidades”, lamentó Claudia Sicoli.
Otra de las grandes políticas valoradas por la OCDE es la transición energética. Pese a que el gas natural se está abriendo paso en el transporte público y pesado de Perú y en marzo, se aprobó la Ley de fomento del hidrógeno verde, los expertos consideran que el país se encuentra rezagado con respecto a sus vecinos.
“La implementación de las energías renovables debe ser parte de la política pública. Hablamos de un elemento cuyas condiciones de explotación y acceso deben estar reguladas. Ese debate también involucra la opinión de la sociedad civil. Hay diferentes posturas dependiendo de la región, de cuáles serían las fuentes de energía que mejor funcionarían en cada una. Así que ponerse de acuerdo en ese tipo de cosas creo que sería lo más difícil”, señala Ibáñez.
Por su parte, Patricio Lewis sostiene que Perú debería promover la inversión en energías renovables, debido a que es uno de los principales países que se verá afectado por el cambio climático. Un ejemplo actual es la grave sequía en Piura, departamento fronterizo con Ecuador, donde los habitantes se quedarían sin agua potable este 15 de enero, según voceros del Proyecto Especial Chira-Piura.
“Tenemos que analizar cómo podemos usar recursos como el gas natural para ser mucho más eficientes en el caso del reuso. O los casos de la energía solar y eólica, donde tenemos un potencial muy grande. El problema es la falta de capacidad para gestionar y desarrollar esos proyectos”, advierte Lewis.
Por último, si se cumpliera el pronóstico del premier Adrianzén, Perú debería ingresar a la OCDE en 2027, bajo la tutela del gobierno que asuma tras las elecciones del año anterior. Es aquí donde la incertidumbre política alarma a propios y extraños, pues el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que más de 40 partidos políticos entrarían en la carrera electoral.
“Por ahora no se vislumbra una fuerza preponderante. Pareciera que todas están en el mismo nivel, así que puede ganar alguien de cualquier espectro político. En ese escenario, el futuro del país dependerá precisamente de las prioridades y líneas de trabajo del próximo gobierno”, señala Sicoli. La economista afirma que la mejor solución para este problema sería motivar a los partidos a que formen coaliciones con objetivos e ideas comunes.
