En las últimas décadas, América Latina ha sido escenario de profundos debates constitucionales, muchos de ellos impulsados por la necesidad de redefinir los marcos normativos y fiscales para hacer frente a las demandas sociales. Sin embargo, estos procesos se han desarrollado de forma aislada en cada país, lo que ha dado lugar a regulaciones fiscales dispares y, en ocasiones, contradictorias. Desde mi perspectiva como académico y especialista en derecho tributario, este escenario invita a pensar en un nuevo camino: la creación de un marco constitucional común para Latinoamérica que promueva la justicia y la coherencia normativa a nivel regional. 

 Esta propuesta, que presentamos y debatimos en las XXXII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario y que es fruto de una investigación de dos años en colaboración con expertos de toda la región, se sustenta en tres pilares fundamentales: el Estado de Derecho, la igualdad y los derechos humanos. Estas bases no son solamente ideales abstractos; representan herramientas prácticas para evitar arbitrariedades y garantizar que el sistema tributario sea un vehículo de desarrollo económico y cohesión social.

 Estado de derecho: la clave para evitar abusos

 Asegurar que las leyes se apliquen sin arbitrariedades es una condición esencial para un sistema fiscal justo. Cada ciudadano debe tener la posibilidad de cuestionar sanciones y decisiones fiscales que no se ajusten a criterios universales de justicia. En este sentido, un Estado de derecho efectivo no solo previene el abuso del poder estatal, sino que ofrece un marco predecible para los contribuyentes, protegiendo la inversión y garantizando seguridad jurídica.

 Igualdad: un pilar para reducir desigualdades sociales

 En el ámbito tributario, la igualdad no significa que todos paguen lo mismo, sino que cada uno contribuya en función de su capacidad económica. Quienes tienen mayores ingresos deben asumir una mayor carga fiscal, no solo como una cuestión de justicia, sino como un mecanismo para promover la cohesión social y reducir las brechas económicas. Un marco fiscal equilibrado tiene el potencial de convertirse en una herramienta poderosa para fomentar el desarrollo inclusivo en nuestros países.

 Derechos humanos: la ética que debe guiar la política fiscal

 Las políticas fiscales no pueden, bajo ninguna circunstancia, vulnerar los derechos humanos fundamentales, como la protección de la propiedad o el derecho a la privacidad. La existencia de tributos confiscatorios es una señal de alarma que debe movilizarnos para garantizar que las leyes fiscales se apliquen de forma justa. Los contribuyentes tienen derecho a procedimientos transparentes y sanciones proporcionales que no afecten injustificadamente su actividad económica.

 Una propuesta basada en el análisis empírico y comparativo

Este proyecto no es una propuesta teórica desconectada de la realidad. Durante dos años, 46 expertos de diversos países latinoamericanos analizaron la situación constitucional en sus territorios, identificando puntos en común y desafíos específicos. Este enfoque comparativo nos permitió detectar áreas donde es posible la armonización normativa y abrir espacios de colaboración que trascienden las fronteras nacionales.

En conclusión, se requiere una construcción colectiva para la justicia fiscal regional.

En un momento en que varios países latinoamericanos están inmersos en discusiones sobre reformas constitucionales, la creación de un marco constitucional común en materia tributaria es más relevante que nunca. La experiencia de naciones europeas, como Italia o España, que comparten con Latinoamérica el núcleo de la misma tradición constitucional, demuestra que la integración normativa puede facilitar la justicia y la cohesión, pero esto no se puede lograr imponiendo modelos por mayoría política. Es imprescindible construir consensos que reflejen los principios universales de justicia y participación ciudadana.

 La justicia fiscal no es una utopía, sino una necesidad para el desarrollo sostenible de la región. Este marco común, basado en el Estado de derecho, la igualdad y los derechos humanos, tiene el potencial de transformar las políticas tributarias latinoamericanas, alineándolas con estándares internacionales y creando un entorno más justo y seguro para todos. 

Un camino hacia la armonización regional es posible, pero solo será efectivo si lo construimos juntos, con la participación de todos los sectores y en el marco de un diálogo amplio y transparente. La justicia tributaria es un derecho, y su conquista es responsabilidad de todos.