Este 20 de enero, los ojos del mundo estarán puestos en la investidura de Donald Trump como presidente de la nación más poderosa del mundo. Su segunda administración llega cargada de interrogantes, que van desde la gestión migratoria, su política arancelaria, el futuro del USMCA y la integración económica de Norteamérica, hasta la postura de Estados Unidos ante conflictos internacionales, su relación con la OTAN y sus vínculos transatlánticos.

Entre tantos temas cruciales, considero que uno destaca por su potencial legado en la teoría política: la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Este nuevo organismo, diseñado para replantear el funcionamiento del gobierno estadounidense, podría marcar un antes y un después en la gestión pública a nivel global.

Primero, porque al frente de este nuevo Departamento, Trump ha designado a Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Si bien es cierto que ambos son perfiles controversiales, también han demostrado habilidades excepcionales en la innovación y la gestión de procesos complejos. Musk, en particular, ha transformado industrias completas, desde los vehículos eléctricos con Tesla hasta los viajes espaciales con SpaceX, y ha redefinido la conectividad global con proyectos como Starlink. Su ambiciosa visión ha roto paradigmas y podría aportar una perspectiva revolucionaria a la gestión gubernamental.

Segundo, porque una exitosa implementación del DOGE contrastaría con modelos como el de la Unión Europea, que se caracterizan por una burocracia robusta y compleja que muchas veces es percibida como costosa e ineficiente.  Si bien la idea de un Estado reducido no es nueva -pues se remonta a visiones del liberalismo clásico y del libertarismo-  lo innovador serán las herramientas tomadas del sector privado que la dupla Musk-Ramaswamy ponga sobre la mesa. Su enfoque refuerza la idea de que la creatividad y la innovación florecen mejor en entornos sin excesivas restricciones burocráticas y regulatorias. Esta visión no implica necesariamente la ausencia de regulación, sino una más inteligente.

Tercero, el modelo propuesto tiene el potencial de transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía al replantear el propósito y los métodos de la burocracia. Si el DOGE logra demostrar que un aparato gubernamental más ágil y tecnológicamente avanzado puede ser igual o incluso más efectivo que los modelos tradicionales, las implicaciones serían profundas. Podríamos presenciar una tendencia global hacia la reducción de estructuras administrativas innecesarias y la adopción de sistemas basados en datos e inteligencia artificial como pilares de la gestión pública.

En caso de ser exitoso, países como México y otras economías emergentes podrían encontrar en el DOGE un modelo para superar barreras sistemáticas como la corrupción y la ineficiencia gubernamental. En lugar de replicar sistemas costosos y altamente burocráticos, podrían implementarse soluciones escalables y adaptadas a contextos específicos, acelerando el desarrollo económico y social.

Sin embargo, la replicabilidad de este modelo no solo dependerá de sus resultados en términos de eficiencia, sino también de su capacidad para evitar los riesgos asociados de la desregulación extrema y mantener un equilibrio entre eficiencia y equidad social. De lograr este balance, el DOGE podría convertirse en un referente de cambio sostenible para la administración pública en todo el mundo.

Considero que el DOGE tiene el potencial de convertirse en el mayor legado de la administración Trump 2.0. Más allá de controversias, representa una excelente oportunidad para replantear cómo los Estados pueden responder a las demandas del siglo XXI y repensar los modelos de gestión pública.

Si bien es cierto que los desafíos en su planeación y posterior implementación son inmensos, su éxito puede marcar el inicio de una tendencia global que conduzca a una nueva visión de un Estado adaptado a las necesidades de su tiempo