En su discurso ante los empresarios estadounidenses y mexicanos la presidenta Claudia Sheinbaum dio tres mensajes: primero, el tratado de libre comercio entre las dos naciones es clave para México y debe ser fortalecido; segundo, las inversiones extranjeras son fundamentales para el desarrollo de país; y, tercero, las inversiones están seguras y habrá reglas claras. Ella así lo garantiza. La gran pregunta es qué tan creíble es esa garantía para los potenciales inversionistas.
Madison, presidente de EUA al inicio del siglo XIX, explicó por qué es problemática la afirmación de la presidenta Sheinbaum: “Puede ser un reflejo de la naturaleza humana el que tales mecanismos [los contrapesos] sean necesarios para controlar los abusos del gobierno. Pero ¿qué es el gobierno en sí mismo, sino el mayor de todos los reflejos de la naturaleza humana? Si los hombres fuesen ángeles, no sería necesario ningún gobierno”. Para que las “garantías” que ofrece la presidenta tengan credibilidad entre potenciales inversionistas, nacionales o extranjeros, éstas tienen que estar sustentadas en estructuras institucionales que gocen de legitimidad y permanencia, justo lo contrario a lo que el país vive estos días.
De hecho, apenas pasaron algunas horas entre el discurso de la presidenta ante el consejo empresarial bilateral para que sus propias palabras demostraran lo frágil de sus garantías. En lugar de afirmar que los jueces o la Suprema Corte resolvería sobre los diferendos en materia judicial, lo que daría sustento a la división de poderes y al contrapeso que ese poder debería representar, la presidente afirmó que “La jueza se está extralimitando” y que no se va a acatar una orden de un juez, en este caso un amparo, porque “la petición de esa juez no tiene sustento jurídico.” Yo no juzgo sobre la materia en disputa porque no tengo idea quién tiene razón en el diferendo específico, sólo leo las declaraciones y deduzco la obvia contradicción entre lo dicho en un foro y en el otro.
En el primer foro ofrece reglas claras y garantías, en tanto que en el segundo afirma que éstas no existen y que ella es la autoridad última para determinar qué es legal y qué no lo es. ¿Qué habría de concluir de esto el abogado corporativo de las empresas que podrían interesarse en invertir en nuestro país? Como escribió Madison en el Federalista 51, los contrapesos son la única garantía porque los seres humanos, los de a pie y los presidentes, da igual, no son ángeles y son susceptibles de cambiar de opinión y apegarse las veleidades del momento.
Por si faltara claridad en la visión presidencial, unos días después cerró el círculo al afirmar que “Ni una jueza, ni ocho ministros, pueden parar la voluntad del pueblo de México.” Yo no se cuál es la voluntad del pueblo de México, pues incluso con su amplio margen de victoria electoral ella no representa a la totalidad de la población. Además, lo que se estaba votando era quién nos gobernaría, no cada decisión o propuesta legislativa específica. Como escribió Ruchir Sharma “La intromisión del Estado es una práctica generalizada [en América Latina]. Los intentos erráticos por reformar el sistema judicial en México, la reforma constitucional en Chile y la interferencia presidencial en las empresas estatales en Brasil están aumentando la incertidumbre y ahuyentando a los inversores internacionales.” Si la presidenta tiene razón, la inversión crecerá de manera significativa; si Sharma tiene razón, vendrán tiempos complejos para México y para el proyecto del nuevo gobierno.
La pregunta que queda en el aire es si, efectivamente, como afirmó la presidenta, “sus inversiones están seguras en México.” En la frase que siguió radica la clave: “Tengamos la certeza todos que va a ser con reglas claras.” Quienquiera que haya observado la manera en que se aprobó la reforma judicial o, todavía peor, las leyes secundarias, tendrá severas duras de eso que se denomina “reglas claras.” Lo que yo observé fue una colección de procesos caóticos, poderosos intereses particulares sesgando los artículos de las nuevas leyes, una jauría viendo como sacaba raja del trámite y una abrumadora mayoría de legisladores simplemente levantando la mano sin tener idea (o el menor interés) de lo que se estaba aprobando. Más que reglas claras, lo que la reforma judicial anticipa es una verdadera anarquía en el proceso de elección de jueces, muchos de ellos escogidos para responderle a algún líder político o criminal.
Más que claridad en las reglas, lo que el gobierno está avanzando es una creciente incertidumbre respecto al futuro, exacto lo opuesto a lo que requiere un inversionista para comprometer su patrimonio en nuestro país. La incertidumbre no es un factor nuevo en el gobierno mexicano: de hecho, esa fue la razón por la que se procuró el TLC en los noventa, el factor más importante de estabilidad y avance económico en los últimos cincuenta años. El problema hoy es que no hay garantías de permanencia del Tratado y el gobierno mexicano insiste en elevar los niveles de incertidumbre.
Como dijo Cantinflas, "A la hora de votar, todo son promesas...a la hora de cumplir, todo son excusas." La certidumbre se logra con instituciones, no con promesas o garantías personales. Nunca es tarde para comenzar a construirla.
