Los empresarios denuncian un control sobre la libertad de información y los canales de comunicación en la nueva legislación del país.

Una resolución administrativa estatal que deja en manos del Gobierno la potestad de nombrar personal interno en compañías privadas de telecomunicaciones ha desatado la polémica en Nicaragua, donde algunos analistas creen que la libre empresa está amenazada.

A fines de marzo el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), órgano estatal regulador del sector, emitió un acuerdo en el que ordena a las empresas telefónicas y de servicios de Internet someter a su aprobación el nombramiento de directores y gerentes de informática, sistemas y seguridad.

Ese acuerdo es rechazado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), principales del país, bajo el argumento que el Gobierno se inmiscuye en terrenos privados utilizando normas que atentan contra la Constitución nicaragüense y once leyes nacionales.

"El primer interés del gobierno es el control sobre la seguridad pública", dijo a periodistas en su defensa el presidente ejecutivo de Telcor, Orlando Castillo, una vez iniciada la polémica con la patronal.

"¿Cómo no vamos a saber quién es el gerente de informática? Todos sabemos, en el mundo entero, que cualquiera puede escuchar un celular", alegó Castillo, revelando un temor del Gobierno por la escucha o el espionaje telefónico.

Según el funcionario, con ese acuerdo no pretenden "imponer a ningún gerente", a las compañías Claro y Movistar, que ofrecen el servicio de telefonía móvil e Internet en Nicaragua, sólo saber si los gerentes de informática y seguridad, entre otros, "son personas idóneas".

El Cosep, en manos de su presidente José Adán Aguerri, presentó en estos días un recurso de revisión ante Telcor sobre ese acuerdo y, en caso de no prosperar, adelantó que presentarán su protesta ante el presidente del país, Daniel Ortega, y la Corte Suprema de Justicia.

"Estamos interponiendo los recursos que permitan revertir los alcances inconstitucionales y legales del acuerdo administrativo, por lo que esperamos una respuesta positiva del Gobierno", dijo Aguerri a Efe.

Explicó que la posición de la patronal "es que no se puede permitir, de ninguna manera, so pretexto de interés público, que se legisle en contra de la libertad de empresa".

Argumentó que, de acuerdo a la Constitución y las leyes del país, las empresas "son libres para nombrar a sus directores, gerentes generales y demás funcionarios principales", por lo que no descartó un acuerdo con el Gobierno "a través del diálogo y el consenso".

Un aliado del Gobierno y diputado ante el Congreso, Jaime Morales, que fue vicepresidente de Ortega en el período anterior (2007-2012), cuestionó el acuerdo por establecer un "control e intromisión" a la empresa privada.

De permitirse esa resolución con las telecomunicaciones, después se exigirá lo mismo al sector eléctrico, transporte, bancario y otras actividades, razonó Morales.

La Asociación de Internet de Nicaragua expresó, por su lado, que esas "medidas no tienen precedentes y lesionan los derechos de las Sociedades Anónimas en el país, ya que es competencia exclusiva de la Junta Directiva nombrar a sus gerentes y directores".

Para el académico y comunicólogo Adrián Uriarte, "lo que está en juego" con ese acuerdo "es el derecho constitucional a la privacidad de cada uno de los individuos, puesto que esta disposición atenta a su vez contra la libertad de expresión".

"Y a todas luces la intención del ente regulador es controlar la principal pista de la información en Nicaragua: las bases de datos de servicio móvil e Internet", advirtió Uriarte a Efe.

Uriarte, director de la carrera de comunicación de la privada Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), consideró, por tanto, que "el principal foco de atención" de ese acuerdo, "no sólo debe ser el derecho a la libre empresa, como pujan las cámaras empresariales, sino la amenaza contra la libertad de expresión".

La oposición política nicaragüense también se ha manifestado contra ese acuerdo y solicitaron en el Congreso una interpretación de la Ley de Telecomunicaciones, porque consideran que esa no es una atribución de Telcor.

Uno de sus dirigentes, Eliseo Núñez, dijo que el Gobierno quiere "controlar la información que circula por correos, mensajes de texto y las redes sociales".