Víctor Gómez, Doctor en Educación de la Universidad de Massachusetts, realiza un análisis de la reciente política educativa del Ministerio de Educación frente a la Educación Técnica y Tecnológica en Colombia.
Un criterio básico y universal de evaluación de programas y políticas es el análisis de la racionalidad y funcionalidad entre fines y medios. ¿Cuáles son los fines u objetivos básicos del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET)? Según los documentos dados a conocer por el Ministerio de Educación Nacional en el pasado mes de mayo, se busca elevar la imagen social de la educación técnica, lograr su revaloración social para atraer una mayor demanda por este tipo de formación y así lograr que se constituya en una verdadera ‘alternativa’ a la educación universitaria. La educación técnica no puede continuar en la base de la pirámide, altamente estratificada, de instituciones, ni ser considerada como formación para jóvenes pobres y menos capaces.
Por supuesto que este fin u objetivo es deseable y necesario en todas las sociedades, no sólo para lograr mayor cualificación de la fuerza laboral y así aportar al desarrollo económico, sino además para brindar nuevos tipos de oportunidades educativas de calidad a muchos jóvenes a quienes no les interesa la educación académica tradicional y que requieren formación para la inserción laboral. La diversificación de oportunidades educativas es requisito central en la igualdad de oportunidades educativas. No es ‘más de lo mismo’ para todos sino diversificar las oportunidades educativas: nuevos programas, nuevos tipos de instituciones, para atender la gran diversidad de intereses y capacidades. De cada 100 jóvenes un porcentaje determinado quiere ser ‘doctor’ o intelectual, otro porcentaje está interesado en las artes, las humanidades o las ciencias sociales, y a otros les interesa una formación técnica de calidad que les facilite la inserción laboral.
Una muy buena educación técnica es un medio de ampliar y diversificar las oportunidades educativas, de generar ’alternativas’ a las universidades y de promover la movilidad social y ocupacional, la que no puede estar restringida solamente a egresados de la educación universitaria. Es fortaleciendo económica y académicamente a las instituciones técnicas que se logra generar la deseada imagen social positiva de este tipo de formación.
Los retos
¿Cuáles son entonces los medios, las estrategias propuestas en el SNET para lograr estas metas? ¿Se pueden cumplir con eficacia y sostenibilidad para evitar que la política continúe siendo ‘flor de un día’ o ‘fuegos artificiales’ o show mediático, como ha sucedido con numerosas iniciativas gubernamentales de elevar la condición social de la educación técnica? Esta funcionalidad entre fines y medios depende enteramente de la racionalidad que los sustenta.
¿Cuál es la comprensión que se tiene de las causas, las razones de la baja imagen social del técnico, por tanto, de la educación técnica y sus instituciones? ¿Cómo se explica el bajo valor social de esta formación y su lenta desaparición?
El número de instituciones pasó de 59 instituciones técnicas profesionales en 2002 a 32 en 2015. De 800 programas ofrecidos en 2006 hoy solo se ofrecen 506 (3,8% del total de programas ofertados en educación superior). (Véase www.universidad.edu.co ‘La lenta desaparición de la educación técnica profesional’. abril 25, 2016).
La relación entre fines y medios dependerá de la respuesta a estos interrogantes. En el texto del SNET no se presenta ningún análisis de la situación actual de calidad y recursos de las instituciones técnicas, tanto públicas como privadas, y su efecto sobre la baja valoración social de esta formación. Tampoco se presentan datos sobre el costo de programas técnicos de calidad. Estos análisis y estimativos deberían haber sustentado y orientado la propuesta del SNET. Esta carencia analítica la debilita enormemente y la deslegitima, y anuncia el fracaso de dicha propuesta.
Radiografía de la educación técnica
En efecto, es necesario referirse muy brevemente al estado actual de la educación técnica en este país:
En el sector público solo hay unas pocas (8) instituciones pobres, mal dotadas, sin talleres, insumos, instrumentos e infraestructura adecuada, en gran medida obsoletas en relación a la técnica moderna. Son muy escasas las relaciones de articulación con el sector productivo, fuente potencial de recursos adicionales y de aprendizaje. Estas pocas instituciones públicas han sufrido el largo proceso de desfinanciación impuesto desde hace 24 años por la Ley 30. Según el Cálculo del Gasto en Educación. (2002-2015), a estas instituciones sólo se les asigna una muy pequeña parte del presupuesto público en educación superior (0,79% en 2015).
En el sector privado: la mayoría de las instituciones son pequeñas y dependen en un alto grado del pago de matrículas bajas, propias de jóvenes de bajos ingresos. Con lo cual es prácticamente imposible dotar y actualizar talleres, instrumentaciones, máquinas, insumos, para una educación técnica de calidad. Igualmente, imposible es la adecuada remuneración de docentes altamente cualificados y con experiencia en el sector productivo. Solo algunas instituciones privadas estrechamente vinculadas con empresas productivas podrían captar recursos adicionales para ofrecer educación de calidad internacional. Pero casos particulares no conforman una política pública.
Por las razones anteriores, la gran mayoría de programas denominados como ‘técnicos’ nada tienen que ver con la técnica moderna sino con áreas de formación (administración finanzas, comercio, contabilidad, mercadeo, educación preescolar, etcétera) que no requieren talleres ni instrumentación ni insumos propios de la técnica moderna.
La imagen social negativa de la educación técnica es, por tanto, cierta, realista, fundamentada, no es sino el reflejo de la realidad.
No puede ser explicada como un patrón cultural tradicional que subvalora el trabajo técnico. En realidad, los jóvenes perciben a estas instituciones y programas como de segunda o tercera clase. Esta imagen social negativa está directamente relacionada con la continua disminución de la matrícula en educación técnica.
Fines y medios
En relación a la racionalidad entre fines y medios es notoria la ausencia en la propuesta del SNET de un análisis objetivo de las causas o razones de la situación deficitaria (del subdesarrollo, la desfinanciación, la proliferación de programas no técnicos, la débil identidad con el saber técnico) de la educación técnica en el país, situación brevemente enunciada en este texto. Y esta mala calidad de instituciones y programas genera la baja valoración social de este tipo de formación en los jóvenes y familias. Sin este análisis o diagnóstico, ¡cómo es posible identificar soluciones o propuestas de política? ¿Son descontextualizadas, improvisadas y superficiales las políticas del SNET? ¿Auguran por tanto ineficacia y fracaso de esta política?
¿Qué hacer?
Se requiere por tanto una política alternativa para lograr los mismos fines de revaloración social de la educación técnica. El primer paso es reconocer que Colombia carece de un sistema público de educación técnica postsecundaria y de calidad. Ya ha sido mencionado que solo hay ocho institutos técnicos profesionales en el país, desfinanciados desde hace 24 años, sobrevivientes de otras épocas en que se financiaba y promovía la educación técnica, como los Institutos Técnicos Industriales ITIS y los Institutos Técnicos Agrícolas (ITAS).
El primer objetivo de política debe ser el fortalecimiento académico y económico de las actuales instituciones, hoy asociadas en la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas-REDTTU y la expansión de este modelo a las diversas regiones del país.
Se requiere entonces una política de financiación, dotación, sometimiento a estándares internacionales de calidad y acreditación, con docentes altamente cualificados y con amplia experiencia en el sector productivo. Sus referentes académicos deben ser las mejores instituciones técnicas en el contexto internacional.
Un buen referente es la experiencia, ampliamente estudiada, de los ‘community colleges’, con financiación compartida entre el Estado nacional, la municipalidad y las localidades (counties). Es como si en Bogotá y otras ciudades los politécnicos (o community colleges) compartieran recursos tanto del Gobierno nacional como de las Secretarías de Educación y de las localidades. Con estos recursos, Bogotá tendría 6 o 7 Politécnicos en las principales zonas urbanas. Posibilidades similares en las principales ciudades del país.
Una apuesta por la equidad
Una característica muy importante de los ‘community colleges’ es su contribución a la igualdad social de oportunidades pues aquellos estudiantes interesados en complementar su formación técnica con estudios posteriores en ‘colleges’ de cuatro años, toman algunos créditos generales en matemáticas, lenguaje, historia, etcétera que son aceptados en las universidades.
Actualmente un alto porcentaje de estudiantes universitarios en Estados Unidos provienen de los ‘community colleges’. Estas instituciones conforman un modelo de educación técnica de calidad, complementada con oportunidades de movilidad educativa y social. Pero eso requiere un alto grado de fortalecimiento académico de cada ‘community college’ lo que supone una adecuada financiación. No se puede pretende tener calidad en la educación con presupuestos mínimos, como los de Colombia.
Esta propuesta alternativa de política busca fortalecer y expandir un modelo de educación técnica postsecundaria de carácter público, cuya calidad reconocida modifique la actual imagen social negativa de este tipo de formación, de tal manera que vuelva a ser considerada como una alternativa deseable a la educación universitaria tradicional y aumente así la demanda de jóvenes competentes y motivados. Esta propuesta es muy diferente de la del SNET que nivela por lo bajo la oferta de formación técnica al proponer una articulación curricular con instituciones de ‘formación para el trabajo’ (IETDH), cuyo objeto ha sido la formación en oficios y ocupaciones de baja calificación.
Esa es su misión y trayectoria, no están capacitados para ofrecer educación técnica de calidad internacional, mucho menos para ofrecer también créditos de índole general o académica, para estudiantes interesados en proseguir estudios universitarios, como se propone en el SNET.
Si actualmente la educación técnica tiene una muy baja valoración social por parte de estudiantes y familias, seguramente será aún más negativa al equipararla con la formación en oficios y ocupaciones de baja calificación. Y en esto reside un error garrafal de la propuesta del SNET: pretender mejorar la imagen social de la educación técnica con medios y estrategias que generan el efecto contrario. La imagen social de este tipo de educación requiere referentes de alta calidad reconocida, no nivelando por lo bajo. Y este grave error de concepción de la política es lo que permite anticipar su ineficacia y fracaso. El posconflicto necesita un nuevo sistema de educación técnica y tecnológica.
*Profesor del área de Sociología de la Educación de la Universidad Nacional de Colombia.
Foto: Pexels