Con esta reforma se podría finalmente establecer el costo financiero de la crisis lo que en los 21 años posteriores no se ha logrado. En el Gobierno de Rafael Correa "se habló del fin de la crisis de 1999", sin embargo siguen vigentes varias tareas por solucionar, explicaron desde el organismo.

Una nueva entidad denominada Unidad de Gestión y Regularización, adscrita a la Función Ejecutiva, será la sucesora de una serie de otras entidades (AGD, Ugedep, la Subgerencia de Políticas Legales y Activos del Banco Central del Ecuador) que se han encargado del problema del cierre de la crisis financiera de 1999.

Así lo establece la Ley de Defensa de la Dolarización, que será reenviada (luego de que esta fuera devuelta) en estos días por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional, con carácter de urgente.

La Ley que hace una serie de reformas al BCE para procurar su independencia también trae un extenso capítulo sobre el manejo de la banca cerrada.

De esta manera, se establece que la Dirección Nacional de Consolidación y Regularización del Banco Central, que lleva adelante diversas tareas relacionadas con la banca cerrada por la crisis financiera del 1999, se convertirá en la nueva Unidad de Gestión y Regularización. Esta Unidad contará con autonomía operativa, jurisdicción coactiva y personería jurídica.

La gerenta del Banco Central, Verónica Artola, explicó que este punto fue “una petición expresa del Banco”. Para la funcionaria, el BCE ha debido cargar con el manejo de la crisis de 1999, lo que representa un manejo de compañías, bienes, autos, “problemas legales infinitos”… Entonces la idea sería volver a crear una institución que maneje el proceso de banca cerrada.

Al ser consultada si sería como crear una nueva AGD, negó esta posibilidad, y más bien dijo que se espera que sea más ágil y eficiente. Aclaró que los 25 miembros que ahora conforman la Dirección Nacional de Consolidación y Regularización pasarán a la Unidad de Gestión.

Explica además que como consecuencia de este cambio también se blinda al BCE de cualquier problema legal que pudiera acarrear. En caso, por ejemplo, de que los exaccionistas de alguna de las entidades interpusiera algún juicio internacional, el BCE no debe verse afectado.

Para Artola, con esta reforma también se podrá llegar, finalmente, a establecer el costo financiero de la crisis, que en los 21 años no se ha logrado. En el anterior Gobierno se procedió al cierre de la AGD y se habló del fin de la crisis de 1999. Sin embargo, a decir de Artola, esto no ha sucedido y más bien siguen vigentes varias tareas por solucionar.

Así, la Unidad deberá cumplir acciones relacionadas con la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, la Resolución de la Junta Bancaria JB-2009-1427 y del Decreto Ejecutivo 705, y demás normativa aplicable referente a las IFI extintas, así como el cobro de los déficits patrimoniales y obligaciones a sus exaccionistas. La Ley también establece que, con sede en Quito, esta Unidad estará sujeta al control y supervisión de la Superintendencia de Bancos.

En la ley se indica: “Todos los activos y pasivos, derechos y obligaciones, responsabilidades, facultades, atribuciones, funciones y competencias del Banco Central del Ecuador relacionados al cierre de la crisis bancaria de 1999 se transferirán inmediatamente a la Unidad”. Adicionalmente, los bienes culturales pasarán de manera gratuita en favor del Ministerio de Cultura.

En la disposición general duodécima se establecen las reglas para calcular los montos que deberán cobrarse a los exaccionistas de las instituciones financieras extintas.

Entre tanto, sobre el trámite en la Asamblea, ayer el Ministerio de Economía y Finanzas informó que apenas el Consejo de Administración Legislativo (CAL) notifique oficialmente de la devolución del proyecto de ley, se lo reenviará con las correcciones de forma correspondientes.