Una nueva reforma, aprobada por 86 de 135 asambleístas en una reciente sesión del legislativo local, evitará que se usen las reservas del banco para financiar gasto público y recuperará sus cuatro sistemas de balance.
El ministro de Economía de Ecuador, Mauricio Pozo, aseguró el viernes que la nueva ley que prohíbe al banco central utilizar sus reservas para financiar gasto público ayudará a cubrir un importante desfase del balance de la entidad en el largo plazo y a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La propuesta legal, que fue remitida en tres ocasiones por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional, fue aprobada la noche del jueves por 86 asambleístas de los 135 presentes en la sesión. Otros 41 asambleístas votaron en contra de la propuesta, algunos de ellos argumentando que la reforma buscaba una privatización del Banco Central del Ecuador (BCE).
"Esto es un avance muy importante para la estabilidad, para la dolarización, para la economía", dijo Pozo a una radio local. "Esto le da consistencia al banco central y que no vuelva a ser una oficina de gestión del Ejecutivo o del gobierno de turno".
La reforma devuelve al banco su autonomía técnica y blinda sus reservas para evitar que financien gasto público a futuros gobiernos, una práctica que, según Pozo, ha dejado a la entidad con un "descalce" de aproximadamente 6.600 millones de dólares que fueron prestados al gobierno del expresidente Rafael Correa.
"Se tomaron los billetes de las reservas y le cambiaron con papeles y esa plata utilizó el gobierno (de Correa) para prestar en mil cosas, hasta en corrupción", explicó Pozo. "El momento que tengamos una relación uno a uno de todas esas obligaciones estamos cubriendo la dolarización", añadió, al señalar que en la propia ley hay un calendario hasta el 2035 para cubrirlas.
Además, con la reforma se recuperan los cuatro sistemas de balance del banco y se crean la Junta Monetaria y la Junta Financiera, cuyos miembros será independientes al Ejecutivo y con funciones específicas. Actualmente, el banco tiene una sola junta con un delegado directo del presidente.
Ecuador firmó el año pasado un acuerdo con el FMI por US$ 6.500 millones con un plan económico que incluye además una reforma tributaria, laboral y de seguridad social.
El presidente electo Guillermo Lasso, quien asumirá el cargo el 24 de mayo por cuatro años, ha dicho que buscará una revisión del acuerdo con el FMI para plantear su decisión de no subir impuestos y otras propuestas económicas más abiertas al mercado. Tras la aprobación de las reformas, el FMI realizará una revisión de los cumplimientos por parte de Ecuador este mismo mes para aprobar un desembolso de los US$ 1.500 millones previstos entregar en este año.
