La nueva ley del banco central, que establece una prohibición para entregar liquidez al Gobierno, es parte del acuerdo que Ecuador alcanzó con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito de US$4.200 millones.

Quito. El Banco Central de Ecuador espera recuperar su autonomía con la aprobación de una nueva ley que además le permita una capitalización de US$100 millones y establezca una prohibición para entregar liquidez al Gobierno, dijo este lunes a Reuters la gerente, Verónica Artola.

Durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa, el Banco Central del Ecuador (BCE) se convirtió en una fuente de liquidez para el Gobierno con la compra de papeles y la entrega de sus utilidades y dejó de ser un asesor técnico del gobierno.

La nueva ley del banco central es parte del acuerdo que Ecuador alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de US$4.200 millones, pero Artola dijo que las autoridades han trabajado en la autonomía de la entidad en los últimos dos años.

"Una vez que se apruebe la ley del banco central se tendrá que capitalizar a la institución con US$100 millones y eso nos da una fortaleza", dijo la funcionaria en una entrevista. "Ahora los activos líquidos no son tan altos como deberían para poder cubrir los pasivos", explicó.

La propuesta será entregada a la Asamblea Nacional a fines de septiembre para su aprobación.

El balance del banco central se ha visto afectado por la entrega, a través de la compra de certificados de tesorería, de cerca de US$6.000 millones al Ministerio de Economía durante el gobierno de Correa, como un mecanismo para obtener liquidez.

"Le dejó en una situación no tan sana al balance del banco central que sí necesitamos recuperar", agregó Artola, al señalar que el actual gobierno prohibió la entrega de recursos a través de esos papeles y dispuso que el pago de la inversión se realice en efectivo.

El banco central aún tiene que recuperar unos US$3.200 millones con un plan de pagos acordado con el Ministerio de Economía hasta 2026, dijo Artola. Hasta fines de año se recuperarán cerca de US$500 millones, añadió.

Con la nueva ley, las operaciones estarán totalmente prohibidas a futuro y se incluirá una norma para que las utilidades, de unos US$100 millones anuales promedio, se queden en el banco y no se entreguen al Ministerio de Economía.

El banco central además busca cambiar su estructura administrativa con la figura de gobernadores y recuperar sus áreas de investigación económica para asesoramiento.