El Banco de Desarrollo de América Latina propone definir e implementar políticas públicas basadas en principios éticos, adoptar marcos de gobernanza de datos soportados en marcos regulatorios adecuados y preparar la fuerza laboral en lo técnico y cultural para atraer talento.

CAF, el banco de desarrollo de América Latina, ha propuesto un mayor uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de los Gobiernos de la región con el objetivo de mejorar la prestación de servicios públicos.

Según se desprende del informe 'ExperiencIA: datos e inteligencia artificial en el sector público', elaborado por CAF, Microsoft, Telefónica y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia (C4ir.co), un "uso responsable" de la IA por parte del sector público "puede ayudar a que la región dé un salto cualitativo" a la hora de ofrecer los servicios públicos.

El informe también apunta a que el uso de la inteligencia artificial podría mejorar la eficiencia de los procesos burocráticos en América Latina, así como la rendición de cuentas del sector público a los ciudadanos.

"El uso de la inteligencia artificial ya es una realidad y se ha probado en el mundo y en la región. No obstante, es importante descifrar y comprender su potencial, su alcance, los desafíos y las posibilidades a las que nos enfrentamos. Esta tecnología no es buena o mala en sí misma, depende de cómo y para qué se utilice. Apropiarse de ella no supone cambios superficiales, sino trasformaciones profundas", ha subrayado el responsable de la dirección de Innovación Digital del Estado en CAF, Carlos Santiso.

El banco de desarrollo ha propuesto que el uso de la IA debe hacerse con arreglo a tres pilares: definir e implementar políticas públicas basadas en principios éticos, adoptar marcos de gobernanza de datos soportados en marcos regulatorios adecuados y preparar la fuerza laboral en lo técnico y cultural para atraer talento.

El documento también alerta de que las experiencias negativas con el desarrollo y uso de la IA, tanto a nivel público como privado, pueden deteriorar la confianza de los diferentes actores en la tecnología y, en consecuencia, minar su legitimidad para el uso público. Por eso, hay que reconocer los posibles daños por abuso, mal uso, defectos de diseño o efectos indeseados, y garantizar el cumplimiento de un conjunto de principios éticos que prevengan y protejan contra esos riesgos.