En su informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, consideró que el gasto fiscal no solamente debe servir para apoyar la demanda interna, sino también para avanzar en inversiones intensivas en empleo, la transformación productiva, además de fortalecer los sistemas de protección social.
Santiago. América Latina y el Caribe deben mantener políticas fiscales y monetarias expansivas para contrarrestar el impacto causado por la pandemia de coronavirus, en medio de la fragilidad que muestra la recuperación económica, reveló este miércoles un informe de la Cepal.
En el documento, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de Naciones Unidas, destacó que los esfuerzos fiscales anunciados en 2020 representaron el 4,6% del PIB en promedio en los países de la región.
Los esfuerzos se dirigieron a fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar a las familias y proteger la estructura productiva.
"Junto con la persistencia de la pandemia y la dinámica de la vacunación, la capacidad para mantener políticas fiscales y monetarias expansivas genera mayores incertidumbres en relación con el crecimiento económico", dijo la Cepal.
El organismo ha estimado que la recuperación de los niveles del PIB anteriores al inicio de la pandemia no se alcanzará antes de 2023 en la mayoría de los países de la región.
Además consideró que el gasto fiscal no solamente debe servir para apoyar la demanda interna, sino también para avanzar en inversiones intensivas en empleo, la transformación productiva, además de fortalecer y universalizar los sistemas de protección social.
La expansión del gasto público y la caída de la recaudación tributaria produjo alzas significativas de los déficits fiscales y de los niveles de endeudamiento en la región, dijo el informe.
"América Latina y el Caribe es una de las regiones más endeudadas y presenta el mayor servicio de la deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios, que se sitúa en el 57%", apuntó.
La Cepal incluso ha planteado la necesidad de ampliar y redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo.
El informe también explica experiencias de varios países que aplicaron impuestos al patrimonio, muchos de los que se han derogado principalmente debido a sus costos de eficiencia y a los riesgos de fuga de capitales.