La iniciativa, planteada por la oposición, se ha aprobado con una amplia mayoría en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El Gobierno chileno se ha posicionado en contra de esta segunda iniciativa, aduciendo que la medida terminará perjudicando al sistema de pensiones.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado este martes una nueva reforma que propone un segundo retiro de hasta el 10% de los fondos provisionales del sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema de pensiones privado del país, sin pagar impuestos en el marco de la pandemia de coronavirus.

La iniciativa, planteada por la oposición, se ha aprobado con una amplia mayoría, 11 votos a favor y uno en contra y fija las mismas condiciones que la primera, aprobada en julio.

El proyecto pretende proporcionar a las familias chilenas dinero para enfrentarse a la crisis generada por la pandemia, que ha llevado a un crecimiento del desempleo y las deudas a raíz de las restricciones sanitarias.

Tal y como ya ocurrió con el primer proyecto, el Gobierno chileno se ha posicionado en contra de esta segunda iniciativa, aduciendo que la medida terminará perjudicando al sistema de pensiones. La aprobación de la ley en julio supuso un duro golpe para el Ejecutivo de Sebastián Piñera, ya que se logró con votos de la coalición política oficialista Chile Vamos.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha señalado este martes en Radio Cooperativa que es "incompatible ir por una mejora de las pensiones y al mismo tiempo tomar medidas que las debiliten".

Durante su intervención ante la Comisión, Briones ha indicado que aprobar la propuesta supone un gasto permanente al fisco, que ya ha desembolsado US$7.000 millones para mitigar los estragos derivados de la pandemia de la COVID-19. "Ustedes asumieron un honorable compromiso de hacer un retiro por una sola vez, y aquí estamos", ha afeado.

En esta línea se ha expresado también la ministra de Trabajo chilena, María José Zaldívar, que ha reiterado que, si se promulga la nueva ley, se usarían "recursos que están pensados para ser usados por una futura pensión", asegurando que se están poniendo en riesgo "las futuras jubilaciones".

Aunque ha reconocido que si la iniciativa sale adelante atendería "necesidades que son muy urgentes", ha recordado que la situación actual de Chile es distinta a cuando se aprobó la primera iniciativa en julio, pues aproximadamente 400.000 personas han recuperado sus empleos.

Las iniciativas continuarán tramitándose en la Comisión de Constitución del Congreso, donde serán revisadas en particular, para luego ser despachadas a Sala plena en alrededor de 4 o 5 sesiones.

Para su avance desde la Cámara de Diputados hacia el Senado, en tanto, se necesitará la aprobación de 93 legisladores. El proyecto podría estar listo en diciembre si se aprueba en su totalidad.