El impacto de la protesta en la economía, especialmente en los sectores petrolero y productivo, incidió en las estimaciones del crecimiento del PIB del país, según el Banco Central, que reconoció que para 2020 se prevé una modesta recuperación.

Quito. La economía de Ecuador se contrajo un marginal 0,08% en 2019 debido al impacto de una huelga nacional que paralizó al país durante dos semanas en octubre y que dejó pérdidas por unos US$821 millones, dijo este viernes el Banco Central.

Las protestas, lideradas por el movimiento indígena, fueron en rechazo a la decisión del presidente Lenín Moreno de eliminar el subsidio a la gasolina extra y al diésel, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos US$4.200 millones.

El impacto de la protesta en la economía, especialmente en los sectores petrolero y productivo, incidió en las estimaciones del crecimiento del PIB del país, según la gerente del organismo Verónica Artola, quien reconoció que para 2020 se prevé una modesta recuperación.

"Si podríamos tener algunos efectos en 2020 (de las pérdidas por las protestas), de todas maneras de acuerdo a la previsión del banco central para el año sería de 0,7% de crecimiento”, agregó Artola en diálogo con periodistas.

Este es la primera cifra negativa del desempeño de la economía desde que Moreno asumió el cargo en mayo del 2017.

En el 2016, el PIB se contrajo un 1,5%, la primera vez en una década, afectado por la caída de los precios del crudo y un devastador terremoto que azotó al país.

Ecuador enfrenta un abultado déficit fiscal, que en 2020 las autoridades económicas estiman alcanzaría un 3,1% del PIB, y un agresivo endeudamiento externo, que según Moreno se debe al mal manejo de la economía de su antecesor, Rafael Correa.

Moreno desistió de las medidas de austeridad para poner fin a las protestas que duraron casi dos semanas y abrió un diálogo con varios sectores para buscar mecanismo de focalización del subsidio a los combustibles, sin resultados hasta el momento.

El mandatario logró la aprobación en la Asamblea Nacional de nuevos impuestos y contribuciones especiales para las empresas, como parte del paquete para reducir el déficit fiscal.