Según la Cepal, casi el 14 % de los ocupados en México recibe un ingreso aún inferior al salario mínimo, que en el país se ubica en 67,29 pesos diarios (US$5 diarios).

La reciente propuesta del alcalde de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de elevar los salarios mínimos primero en la capital y después en todo el país, generó esta semana una multitud de reacciones encontradas de representantes de diversos sectores sociales.

La propuesta de Mancera, realizada esta semana en un foro internacional sobre la materia, coincidió con la postura crítica de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) sobre México, expresada en un informe presentado también estos días en el Distrito Federal.

La Cepal situó a México como el único país de la región en que el salario mínimo es inferior al umbral de la pobreza.

Según la Cepal, casi el 14 % de los ocupados en México recibe un ingreso aún inferior al salario mínimo, que en el país se ubica en 67,29 pesos diarios (US$5 diarios), mientras que el poder de compra de los salarios mínimos ha caído cerca del 70 % en los últimos 33 años.

La Población Económicamente Activa (PEA) de México, un gigante de 112 millones de habitantes, se ubicó al cierre del primer trimestre de este año en 51,8 millones de personas, de las cuales 49,3 millones tienen empleo y los restantes 2,5 millones están desempleadas y 4,1 millones son subocupados.

Del total de las personas ocupadas, 33,5 millones son subordinadas, 11 millones trabajan por su cuenta, 2,8 millones no reciben remuneración y otros 2 millones son patrones.

La propuesta de debatir en un foro sobre el salario mínimo fue apoyada por diversos sectores, entre ellos varios gobernadores, dirigentes políticos, instituciones académicas y organizaciones sociales.

Mancera, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció que entregará este mes a los gobernadores una propuesta oficial para incrementarlo, cuyo objetivo central será que ese ingreso rebase la línea de pobreza del trabajador ante "la nueva oleada de precarización del empleo".

El rector de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, respaldó la propuesta para equilibrar los logros macroeconómicos con las necesidades microeconómicas y reducir la desigualdad y la pobreza.

Por el contrario, el ministro de Trabajo, Alfonso Navarrete, rechazó que se apruebe un aumento salarial por decreto o por medio de una consulta ciudadana, como han sugerido Mancera y los sindicatos.

No obstante, indicó que el ministerio de Hacienda tiene preparada una propuesta para elevar el ingreso de los mexicanos con el fin de que se pueda recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo.

El gobernador del Banco de México (central), Agustín Carstens, advirtió que un aumento al salario mínimo podría generar presiones inflacionarias en caso de que este incremento no vaya acompañado de un aumento a la productividad, aunque aclaró que "los salarios reales no aumentarían".

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo cúpula de los empresarios, pidió un "debate objetivo" que "no se contamine con fines políticos, ni se oriente por posiciones populistas", las cuales "acabaron golpeando gravemente al poder adquisitivo de los trabajadores y a la economía en general".

El líder de los comerciantes del centro de la capital, Guillermo Gazal, calificó la propuesta de Mancera de convocar a una consulta popular como "irresponsable y populista" debido a que generará un enfrentamiento entre patrones y empleados.

Gazal pidió al alcalde capitalino, que suena como un aspirante a la Presidencia del país en 2018, no generar falsos debates aprovechando la necesidad de millones de trabajadores, generando falsas expectativas que difícilmente se podrían cumplir en el corto plazo.

El investigador de la Universidad Iberoamericana Alejandro Rodríguez Arana explicó a Efe que un aumento de los salarios mínimos provocaría un aumento en la tasa de desempleo en el país de tres puntos porcentuales.

"Esto significa que millón y medio de personas perderían su empleo en los próximos cuatro a cinco años", advirtió.

Agregó que también provocaría presiones inflacionarias, lo que llevaría al banco central a tomar medidas restrictivas, lo que impactaría en la producción.

Rodríguez Arana, doctor en economía, reconoció sin embargo que un aumento al salario mínimo "ligeramente superior a la inflación tendría efectos positivos".

Por su parte, el economista mexicano Jonathan Heat afirmó que los controles de precios terminan por generar desequilibrios más dañinos que lo que quieren corregir.

Heat indicó que el debate debe centrarse en buscar verdaderas soluciones para preservar el poder adquisitivo de la población más afectada, generar crecimiento y reducir paulatinamente la pobreza.