Bajo el título Crisis de la Desigualdad: América Latina y el Caribe en la Encrucijada, el organismo analiza causas profundas que explican el rezago de la región en distribuir más equitativamente los ingresos, el bienestar y las oportunidades.
El Observador de Uruguay. La región de América Latina y el Caribe es especialmente vulnerable a los impactos de la pandemia causada por el Covid-19, profundas desigualdades que se manifiestan en múltiples dimensiones, desde género y raza hasta accesos desiguales a servicios de educación y salud, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Bajo el título Crisis de la Desigualdad: América Latina y el Caribe en la Encrucijada, el organismo analiza causas profundas que explican el rezago de la región en distribuir más equitativamente los ingresos, el bienestar y las oportunidades.
El informe toma en cuenta las medidas tradicionales de ingresos y también indicadores menos tangibles como el rol de la geografía y de la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“La desigualdad en América Latina y el Caribe es bien conocida pero no necesariamente bien entendida”, dijo Eric Parrado, economista jefe del BID.
“Vemos cómo el contrato social está fracturado en muchos niveles. Los pobres se encuentran más vulnerables al cambio climático, reciben una peor educación y cuidado de salud y los programas gubernamentales para redistribuir los ingresos son menos efectivos en la región que en otras regiones. Como resultado, nuestras escuelas y ciudades están segregadas por ingresos en niveles que no se ven en otras partes”, afirmó.
Duro golpe del Covid-19. El informe señala que la crisis del Covid-19 tiene algunas características que la hacen especialmente regresiva en el corto y largo plazo. Inmediatamente después de que la pandemia golpeara la región, la mayoría de los gobiernos implementó medidas estrictas para restringir la circulación de las personas fuera de sus hogares, lo que afectó desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos.
De hecho, casi 65% de las personas en el quintil de menores ingresos conocía a un familiar que había perdido su trabajo, mientras que en el quintil de personas más altos ingresos, esa cifra fue de solo 22%.
El Salvador, Uruguay y Argentina, mejor parados. El BID hace varios rankings en su estudio en el que Uruguay resulta bastante bien posicionado en muchos de sus indicadores, en comparación con otros países de América Latina. Por ejemplo, la región presenta un coeficiente de Gini promedio de 0,46, siendo El Salvador, Uruguay y Argentina los más igualitarios.
Las desigualdades más marcados están en Brasil, Honduras y Panamá.
Las tasas de participación laboral femeninas son heterogéneas, oscilando entre el 50% (Guatemala) y 80% (Uruguay y Perú).
En Uruguay, Bahamas, Chile, Costa Rica, menos de la tercera parte de los trabajadores son informales, lo que también contribuye positivamente en la evaluación de esos países.
Sociedades más segregadas. El desafío, según el informe, es asegurar que la recuperación beneficie a todos los ciudadanos para tener sociedades más inclusivas y resistentes a los choques económicos y climáticos.
La región ha avanzado en la reducción de las brechas de ingresos, particularmente durante el boom de las materias primas entre los años 2000 y 2013. La pobreza se redujo de un promedio de 42% en 2002 a 23% en 2018 y millones de personas se sumaron a una creciente clase media.
Además, en 2019 el 10% más rico de los ciudadanos en la región ganaba 22 veces más que el 10%, mientras que en 2002 la proporción era de 49 veces más.
No obstante, la región está muy rezagada frente a las economías desarrolladas agrupadas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde el 10% más rico gana solo 9 veces más que el 10% más pobre (estos números excluyen los países de América Latina que están en la OCDE).
Otros factores que determinan la inequidad son el género y la raza. A pesar de los avances en igualdad de género, persisten normas culturales arraigadas que excluyen a las mujeres de los altos puestos gerenciales, mientras trabajan en promedio tres veces más en los hogares que sus parejas.
Los afrodescendientes ganan en promedio sueldos 17% más bajos que el resto de la población, y la brecha salarial para las personas de origen indígena es del 27%.
Las diferencias en la calidad de la educación también explican la inequidad salarial para los trabajadores en América Latina y el Caribe. Si bien es cierto que los pobres tienen un mejor acceso a servicios de educación que antes, existe una importante separación de las escuelas por estatus social.
Políticas fiscales. Según el informe, una de las claves para corregir estas inequidades es introducir mejores políticas fiscales. Sin embargo, por medio de impuestos y gastos fiscales los gobiernos de América Latina disminuyen la desigualdad en menos de un 5% – mientras que los países de la OCDE y la Unión Europea lo reducen en un 38%.
Un obstáculo importante es la alta tasa de informalidad en las economías y su impacto en las pensiones, que son una de las principales herramientas para redistribuir ingresos en la OCDE. Además, algunos programas de gasto social son ineficientes y la evasión fiscal es más alta en América Latina y el Caribe que en otras regiones más desarrolladas.
El reporte llama a los gobiernos y otros actores sociales a generar un nuevo contrato social y señala la necesidad de rediseñar los servicios sociales para hacerlos más inclusivos.
