Los expertos resaltaron que los cambios para favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y los que están en discusión para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generan preocupación porque facilitan la revocación de licencias y limitan las capacidades de sus competidores.
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la desarticulación de la reforma energética que está conduciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue afectando el ambiente de inversión y obstaculiza la fortaleza de la recuperación económica.
En la revisión de las calificaciones que tiene México para renovar la Línea de Crédito Flexible (LCF), los expertos del Fondo Monetario resaltaron que los cambios para favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y los que están en discusión para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generan preocupación pues facilitan la revocación de licencias al sector privado, limitan la capacidad de los competidores, afectan la posición de las empresas para hacer reclamos y disuelven a los organismos reguladores.
En el documento que acompaña al comunicado de la renovación de la LCF, resaltaron que “hay claras debilidades que van creciendo, relacionadas con la delincuencia, la corrupción y el Estado de derecho”.
“Las preocupaciones más amplias están relacionadas con las iniciativas de reformas que se han impulsado generando mayor incertidumbre y alimentando el deterioro de la inversión”. Agregaron que estos puntos se suman a “la percepción de una independencia erosionada en las instituciones y en la calidad regulatoria”.
Observaron también que “el fortalecimiento del clima empresarial aumentará la productividad y la inversión que ha venido debilitándose desde el 2016”.
Explican que la combinación de políticas macroeconómicas se percibe “relativamente restrictiva” considerando la holgura de la economía y las cicatrices de la pandemia.
Enfatizan que el gobierno ha implementado una política fiscal conservadora durante la pandemia con un enfoque de contener el aumento de la deuda pública, y para muestra toman el proyecto de presupuesto para el año entrante, que mantiene una postura fiscal ampliamente neutral con una meta de déficit general de 3,5% del Producto Interno Bruto.
Resaltaron que las autoridades buscan profundizar los esfuerzos para abordar la evasión fiscal que, a pesar de la recesión histórica del año pasado, impulsó los ingresos.
El presupuesto incluye una simplificación de los regímenes tributarios para las pymes y auto empleados moviéndose a una base de efectivo que consideran desestimula la inversión.
Postura monetaria
Sobre la postura monetaria, explican que la tasa de interés de referencia pasó de 7% en febrero del 2020 a 4% en febrero del 2021. Pero a partir de junio de este año, el rédito ha subido en 100 puntos para ubicarse ahora en 5% respondiendo a las presiones inflacionarias.
Refieren las expectativas del mercado, basadas en encuestas, para advertir que estiman que la tasa aumentará otros 100 puntos el año próximo, con lo que quedaría la tasa ligeramente arriba de la tasa neutral.
Consignaron, en cambio, que con la normalización de las políticas fiscal y monetaria de las economías avanzadas, los riesgos externos inclinan las perspectivas a la baja para los emergentes, y para México en particular
Esto genera incertidumbre sobre el tipo de cambio que puede provocar una fuga temporal de capitales por parte de los inversionistas no residentes.
Salida de recursos
De presentarse este escenario, suponen un impacto de US$ 27.000 millones de salidas que representa 25% de las liquidaciones que se han presentado en episodios anteriores.
Al reducirse el monto de cobertura de la Línea de Crédito Flexible de US$ 61.000 millones a US$ 50.000 millones, también bajará la comisión anual que paga el país por tenerla abierta.
El pago más reciente por la citada anualidad, lo realizó México en la semana del 13 al 20 de noviembre pasado, por el equivalente a US$ 169 millones.
La LCF garantiza una línea abierta de dólares para usar en el momento que el acreditado lo decida y sin condicionalidad alguna.
Solo cinco países del mundo han contado con ella: Chile, Colombia, México, Perú y Polonia. Y sólo México, ha contado con los estrictos requisitos de estabilidad financiera para mantenerla durante una década.
En noviembre del 2018, el equipo de transición que ya incluía a funcionarios del gobierno de López Obrador, negoció la reducción de la “cifra de aseguramiento” para dejarla en US$ 74.000 millones. Esa fue la primera renovación autorizada por López Obrador.
En noviembre del 2019, el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, solicitó la renovación del acuerdo por otros dos años, y la redujeron a US$ 61.000 millones. Esa fue la segunda negociación liderada por la administración actual.
La LCF es un instrumento de carácter precautorio que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa así las herramientas de las autoridades mexicanas para enfrentar condiciones externas adversas y preservar la estabilidad económica y financiera.
