La calificadora señaló en un reporte que el gasto de capital ya se mantiene en mínimos debido al impacto de la ola de protestas sociales que se inició a fines del año pasado, sumado a las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
Santiago. El proceso para la redacción de una nueva Constitución en Chile llevará a las empresas a posponer sus decisiones en espera de los efectos que pueda traer el nuevo marco legal, dijo el martes la agencia Fitch.
La calificadora señaló en un reporte que el gasto de capital ya se mantiene en mínimos debido al impacto de la ola de protestas sociales que se inició a fines del año pasado, sumado a las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
"Las empresas chilenas probablemente pospondrán las grandes decisiones de inversión debido a la reescritura pendiente de la Constitución del país y pueden estar sujetas a impuestos más altos para ayudar a financiar un mayor gasto fiscal", dijo Fitch en una nota.
El mes pasado, los chilenos aprobaron con cerca del 80% avanzar hacia la redacción de una nueva carta fundamental, cuyos redactores serán electos en abril y tendrán hasta un año para presentar el nuevo texto en un referendo para su aprobación.
"Una nueva Constitución que refleje mayores beneficios sociales podría crear un entorno operativo más desafiante para las empresas", agregó.
Fitch destacó que se esperan nuevas políticas sociales que lleven a un mayor gasto fiscal, una mayor deuda y la posible necesidad de aumentar los impuestos.
"Los impuestos corporativos más altos inicialmente reducirían el flujo de caja y la rentabilidad de las empresas", señaló.
Además la nueva carta magna podría cambiar o aumentar la regulación de algunos sectores importantes y conducir a nuevas políticas ambientales y requisitos más estrictos para las empresas.
Días atrás, el jefe de una importante asociación de empresas mineras dijo a Reuters en una entrevista que las inversiones se ralentizarán en los próximos dos años.
En octubre, Fitch Ratings rebajó la calificación soberana de Chile a "A-" desde "A" por lo que consideró un debilitamiento de las finanzas públicas debido a las mayores demandas sociales.
