Ante la resistencia de los diputados a aprobar un proyecto de ley "grande e inconsulto", el Gobierno del presidente Lenin Moreno ha decidido ampliar la mesa de diálogo y, con ello, las posibilidades de lograr un consenso entre las partes.

Quito. El Gobierno de Ecuador está abordando una nueva estrategia política para alcanzar sus metas en materia económica ante una creciente amenaza de que se produzca un estancamiento por parte del movimiento indígena en el marco de las conversaciones.

Ante la resistencia de los diputados a aprobar un proyecto de ley "grande e inconsulto", el Gobierno ha decidido ampliar la mesa de diálogo y, con ello, las posibilidades de lograr un consenso entre las partes, según ha informado el diario local 'El Universo'.

El giro de timón de las autoridades ha tenido lugar debido, en gran medida, a la falta de asistencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) a las convocatorias de la Presidencia desde el pasado mes de octubre, cuando se registraron fuertes protestas en el país contra el "paquetazo" económico del presidente, Lenín Moreno.

No obstante, el dirigente sí ha mantenido conversaciones con organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas (Feine).

Estas dos agrupaciones no han llegado a acuerdos concretos aún, pero siguen negociando.

Por otra parte, el Gobierno se ha reunido con los jefes de las todas las bancadas de la Asamblea, quienes han mostrado su apertura a dialogar y analizar una nueva propuesta.

"Fue un acierto (la reunión), me parece positivo que estas reuniones se mantengan no solamente para fortalecer el procesamiento de leyes, sino también la gobernabilidad dentro del país", ha dicho Ximena Peña (AP), coordinadora de la bancada oficialista.

Además, el Gobierno ha segmentado su propuesta económica-productiva, así como los tiempos de envío, pese a los plazos que establece la Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La semana pasada Moreno envió una nueva propuesta de reforma tributaria con cambios menores para tratar de lograr el visto bueno de la Asamblea Nacional, que ya había rechazado previamente un primer proyecto con el que el Gobierno aspira a seguir reduciendo el déficit fiscal.

Moreno busca recursos para poder reducir un déficit estimado en US$3.600 millones para este año, pero ha tenido problemas para aplicar medidas que forman parte de un acuerdo con el FMI por la oposición de sectores sociales, empresarios y partidos políticos.

El momento más tenso se vivió en octubre, cuando tuvo que anular un decreto que elimina el subsidio a los combustibles y que había desatado las peores protestas de la última década.