La deuda pública ronda los US$17.000 millones, muy por encima de los US$10.830 millones que registraba en 2009 cuando el presidente saliente, Ricardo Martinelli, asumió el Gobierno.

El presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, tendrá que ser muy creativo para enfrentar una deuda de más de US$20.000 millones, una esperada bajada de los ingresos nacionales y, en ese escenario, cumplir sus "costosas" promesas de campaña.

Panamá sigue líder en crecimiento regional con una expectativa de entre 6 % y 7 % de expansión del producto interno bruto (PIB) este año, según organismos internacionales.

Pero esos cálculos demuestran al mismo tiempo una desaceleración si se compara con 2013 y 2012, cuando la economía creció 8,5 y 10,6%, respectivamente.

El Gobierno que asumirá Varela el próximo martes "va a tener que ser sumamente creativo para poder cumplir con sus costosas promesas de campañas y afrontar una deuda millonaria, en un escenario donde se dejarán de recibir unos US$3.000 millones en los próximos años por concepto del Canal de Panamá", dijo a Efe el economista Raúl Moreira.

El expresidente del Colegio Nacional de Economistas de Panamá recordó que la deuda pública ronda los US$17.000 millones, muy por encima de los US$10.830 millones que registraba en 2009 cuando el presidente saliente, Ricardo Martinelli, asumió el Gobierno para el período constitucional de cinco años.

A esa cifra hay que sumar unos US$2.000 millones en débitos por los llamados "proyectos llave en mano", que el Ejecutivo paga y contabiliza solo una vez concluidos, y otros US$2.000 millones que deben las empresas estatales Transmisión Eléctrica (ETESA), Nacional de Autopista (ENA) y Tocumen, dijo Moreira.

El aumento de la deuda en estos últimos cinco años ha sido inferior al de la economía y por ello la relación "deuda-PIB ha disminuido al pasar de 45 % en 2009 a 36,5 % a finales de 2013", dijo en mayo pasado el ministro saliente de Economía y Finanzas, Frank De Lima.

Al tema de la deuda se suma la caída en las expectativas de aportes del Canal de Panamá, vía por donde pasa cerca del 6 % del comercio mundial y que está inmersa, desde 2007, en una ambiciosa ampliación que por diversos tropiezos comenzará a operar en enero de 2016, unos 15 meses después de lo previsto originalmente.

El ministerio de Economía y Finanzas indicó en un informe difundido en mayo pasado que recalculó los aportes esperados del Canal entre 2014 y el 2018, que sumarán US$5.320 millones, unos 2.617 millones menos que los US$7.937 millones previstos inicialmente.

Ese es parte del escenario macroeconómico que espera al Ejecutivo que asumirá Varela, quien durante su campaña proselitista prometió obras "muy costosas" como la construcción de las líneas 2 y 3 del Metro de la capital, un tercer puente sobre el Canal, y un programa para eliminar las letrinas en las zonas más pobres, recordó Moreira.

La "creatividad" a la que deberá apelar el nuevo gobernante debe reflejar que la inversión pública responderá a una necesidad "real y específica", y estará marcada por la "transparencia", lo que a la postre redundará en un ahorro importante para el Estado, aseveró.

Es decir, "hay cosas" que el Gobierno entrante puede hacer y que podrían significar no solo más recursos para el Estado sino también medios para impulsar el crecimiento, añadió Moreira.

Varios economistas locales han dicho que Varela tendrá que apelar a un alza de los impuestos, una posibilidad que el ahora gobernante electo negó durante su campaña por la Presidencia.

"No necesitamos aumentar impuestos", lo que hay que hacer es combatir la "corrupción y el clientelismo" para acabar con los gastos excesivos, dijo en ese sentido en una entrevista exclusiva con Efe la ahora vicepresidente electa y canciller panameña designada, Isabel Saint Malo.

Los panameños además enfrentan una escalada de los precios de los alimentos, una veintena de los cuales Varela piensa regular con un decreto temporal que firmará al asumir el poder el próximo martes, en un intento por ponerle freno a la situación.

El llamado control de precios de emergencia ha levantado polémica en el país y es rechazado por el presidente Martinelli, un magnate de supermercados, que ha asegurado que no funcionará e incluso podría propiciar la escasez de algunos productos.