Con el proyecto, que probablemente será aprobado con el visto bueno de la Cámara de Diputados, la administración del presidente conservador Mario Abdo busca aumentar los ingresos fiscales para llevar adelante iniciativas que le aseguren gobernabilidad.
Asunción. Una reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Paraguay que tuvo media sanción esta semana en el Congreso va a desalentar inversiones y reducir el tamaño de las industrias procesadoras de granos, dijo la cámara que las agrupa.
Con el proyecto, que probablemente será aprobado con el visto bueno de la Cámara de Diputados, la administración del presidente conservador Mario Abdo busca aumentar los ingresos fiscales para llevar adelante iniciativas que le aseguren gobernabilidad.
Una de las modificaciones elimina la devolución del 50% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las industrias procesadoras de granos, principalmente soja, que son controladas por multinacionales como Bunge, LDC y ADM, un porcentaje que ya se redujo hace dos años.
El viceministro de Tributación, Fabián Domínguez, dijo que el cambio obedece a la necesidad de un aporte más sustancial de parte de empresas con alta rentabilidad. "Queremos seguir incentivando la industria y la exportación, pero no necesariamente con el IVA", dijo el funcionario al diario Última Hora.
Pero la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) asegura que la decisión, que implicará el pago de US$60 millones anuales adicionales en impuestos, va a significar despidos en el sector, posibles cierres y un menor ingreso de divisas.
El proyecto establece que los productos agrícolas en estado natural y los derivados del primer proceso de industrialización que sean exportados no recibirán la devolución del 5% del IVA que tributan.
"Con esto Paraguay se convierte en un país que no es confiable para invertir (...) en menos de cinco años nos cambiaron las reglas de juego tres veces y esta sería la cuarta", dijo a Reuters la gerente general de Cappro, Sandra Noguera.
"Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad" en contra de la norma, agregó.
Según datos del Ministerio de Hacienda, el sector pagó US$14 millones por el IRACIS, un impuesto que grava la renta, y obtuvo US$68 millones en devolución del IVA en el año fiscal 2018.
Noguera aseguró que la presión tributaria para las industrias es de 28,5%. "El IVA es un impuesto indirecto y la devolución es para hacer más competitivo al sector, porque la tendencia es no exportar impuestos", dijo.
El proyecto también eleva las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo de algunos productos considerados de lujo o de efecto negativo para la salud, reduce deducciones del Impuesto a la Renta Personal, modifica el gravamen a los dividendos y unifica el impuesto la renta empresarial y agropecuaria.
Empresarios cuestionaron los incrementos en un contexto de desaceleración de la economía y exigieron mejorar la calidad del gasto público, ante las frecuentes denuncias de corrupción y privilegios que salpican a funcionarios estatales.
