El ajuste al sistema implantado bajo la dictadura de Augusto Pinochet fue solo una medida de emergencia, pero a medida que creció en popularidad, también amplió la ambición de quienes lo respaldan y podría abrir la puerta a nuevas incursiones contra los fondos hasta ahora celosamente administrados por entidades privadas.
Santiago. Pocos minutos después de que el Congreso chileno aprobó una ley que permite a las personas retirar el 10% de sus fondos de pensiones como apoyo en medio de la pandemia de coronavirus, una frase empezó a circular en Twitter: "Vamos por más".
Los autores del proyecto dijeron que el ajuste al sistema implantado bajo la dictadura de Augusto Pinochet fue solo una medida de emergencia, pero a medida que creció en popularidad, también amplió la ambición de quienes lo respaldan.
Entre los legisladores que votaron a favor hubo muchos de la coalición gobernante del presidente Sebastián Piñera, dando un giro en un país conocido como baluarte del libre mercado, que sirvió de ejemplo a vecinos como Brasil y Perú.
Si bien el retiro de las cuentas se estableció en 10%, expertos consideran que el proyecto despertó en muchos la idea de que podrían ir por más para acceder a todos sus fondos.
Eso podría abrir la puerta a nuevas incursiones contra los fondos hasta ahora celosamente administrados por entidades privadas y de acceso muy controlado.
El sistema de pensiones fue una de las soluciones creadas por los llamados 'Chicago Boys' de la universidad de esa ciudad estadounidense. Pero a medida que la región sufre bajo el desempleo y los ingresos reducidos por la cuarentena, el ímpetu contra la ideología de libre mercado gana terreno.
Perú aprobó una ley en abril que permite a los ciudadanos retirar hasta el 25% de sus pensiones anticipadamente, y hay iniciativas similares en Brasil y México, incluso cuando algunos expertos advierten sobre el costo fiscal en el largo plazo.
"Sin vuelta atrás". "La amenaza latente de nuevas protestas se suma a la presión política, mientras se socava el chance para un debate más razonado", dijo Nicolás Watson de Teneo Intelligence, al subrayar la influencia de las violentas protestas sociales contra la desigualdad que estallaron en octubre.
Pamela Jiles, una diputada de izquierda que representa a suburbios pobres de la capital y viralizada en redes por correr con una capa rosada por el Congreso para celebrar la aprobación del proyecto, dijo que el sistema de libre mercado había llegado a un punto sin retorno.
"La gente invadió el Congreso con una demanda muy específica y simple, pero que golpea el corazón de este sistema desacreditado (...). No hay vuelta atrás ahora", afirmó.
Además consideró que cualquier preocupación financiera de largo plazo puede abordarse más adelante.
"¿De qué me sirve largo plazo si me moriría de hambre?", dijo. "Eso no es hoy relevante y además yo creo que se ha exagerado, que no ocurre tal desastre en realidad. Y si ocurrieran esas amenazas terribles, bueno, para eso está la clase política, para proponer soluciones".
Cuando se implantó en la década de 1980, el sistema privado de administración de fondos de pensiones de capitalización individual (AFP) prometía sólidos pagos.
El expresidente estadounidense George W. Bush lo llamó un ejemplo del que se podía "tomar algunas lecciones" y el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, lo consideró más recientemente como una alternativa a su propio modelo.
Pero si bien las AFP impulsaron un auge económico interno al llevar liquidez al mercado de valores, la gran fuerza laboral informal y un interrumpido historial de contribuciones, llevó a pagos muy por debajo de las necesidades de los jubilados. En marzo de este año, el jubilado promedio recibió US$289.
Puerta difícil de cerrar. Algunos economistas dijeron que los fondos restantes podrían verse como un juego justo para llegar a fin de mes en futuras crisis bajo futuros gobiernos.
"Efectivamente se abre una puerta difícil de cerrar porque esta medida es altamente popular", dijo Hernán González, coordinador de macroeconomía del centro Clapes, vinculado a la Universidad Católica.
"Se genera un riesgo de que en escenarios posteriores, distintos a esta emergencia, se pueda abrir de nuevo esa puerta", agregó.
Por su parte, el politólogo Cristóbal Bellolio dijo que era un camino sin retorno "simbólico" donde las AFP estaban obligadas por ley a entregar los ahorros a cualquiera que los solicite, sin multas ni impuestos.
"La mayoría de las personas, independientemente de su posición política o estatus social, quieren recuperar el dinero que han estado ahorrando durante tanto tiempo", opinó.
Entre ellos está María José Manríquez, de 32 años, quien perdió su trabajo en la ciudad costera de Valparaíso cuando la pandemia golpeó y lucha por mantener a sus cuatro niños.
"Podría decir que voy a ocupar de esta plata para salir de donde vivo y poder postular para una casa, pero en este momento voy a tener que ocupar todo en comida", dijo a Reuters.
