Un cálculo sobre las tarifas eléctricas en el país sudamericano determinó que solo en once años más los ciudadanos podrían ver un alivio en su cuenta de suministro eléctrico, según el académico Ronald Fischer. 

La frase "no hay almuerzo gratis" podría estar cobrando más sentido que nunca en Chile este mes.

En julio se produjo la primera de tres subidas -vendrán otras dos en octubre y enero- en las cuentas de suministro eléctrico y, desde que tal medida fue inevitable, las acusaciones cruzadas entre el gobierno de Boric, el de Piñera, parlamentarios y partidos políticos no ha cesado.

Tan solo esta jornada el ministro de Energía, Diego Pardow, ha salido a desmentir que la información sobre esta alza se le ocultó a la opinión pública. La verdad es que se conoce desde hace casi cinco años, pero solo ahora se toma el peso.

Eso ha hecho que Pardow hoy enfrente una posible acusación constitucional de parte de la oposición por la drástica subida de casi 60% en las cuentas de luz que afectará tanto a clientes regulados, o domiciliarios, como a clientes no regulados, o industriales.

Lo claro es que tales subidas -que podrían incluso echar por tierra la meta de una inflación del 3% del Banco Central- no van a cesar hasta el año 2035, cuando la deuda con el sector energético chileno deje de pagarse, a razón de 22 pesos (US$ 0,02) por kilowatt consumido (el promedio de una vivienda en Chile es 270 a 350 kilowatts por mes) tan solo como interés de la deuda.

DESDE EL DOLAR HASTA LA GUERRA DE UCRANIA

Como en todo, la primera explicación es buscar responsables. Pero acá la lista es larga y compleja, ya que el sector eléctrico chileno tiene varios actores y muchas formas de calcular los costos a los que se compra y paga la energía eléctrica.

Tratando de simplificar, fue en 2019 cuando la luz eléctrica en Chile debió haber subido de precio, pero el momento político del estallido social y luego la pandemia lo hizo inviable. Así que, por más de cuatro años, las tarifas se mantuvieron, a costa de las empresas del sector: muchas empresas empezaron a tener pérdidas, o muy baja rentabilidad.

"Simplemente lo que hizo el gobierno [de la época fue decir a las firmas] 'no suban la tarifa' y tampoco se podía desconectar a la gente que no pagaba", explica el académico Ronald Fischer, académico del Centro de Economía Aplicada (CEA) de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, a AméricaEconomía.

La meta del gobierno era dejar pasar el tiempo y que, cuando las tarifas eléctricas empezasen a bajar a causa de la mayor presencia de energías limpias y nuevo contratos de suministro, en vez de bajarlas, dejarlas en el mismo valor para suplir el lapso que había transcurrido sin registrar aumentos para los clientes finales.

El plan era: mantener precio y devolver el dinero a las empresas cuando ingresaren contratos de menor precio, lo que preveían que ocurriría cuando deuda alcanzara los US$ 1.235 millones.

Así, cualquier alza no se sentiría tanto en los bolsillos.

Pero el gobierno no contaba con los factores externos que ocurrieron durante esos años, matiza el académico. "Llegó la guerra de Ucrania, subió el IPC, subió el dólar, subió el valor del petróleo...", explica el académico del departamento de ingeniería industrial.

Así que todo ocurrió como en una avalancha de nieve: el plazo original para resistir cualquier alza se acabó mucho antes de lo previsto, y los precios seguían altos cuando todavía faltaba mucho para empezar a bajar los valores de la generación eléctrica, lo que afectó al gobierno entrante de Boric también.

"El nuevo gobierno mantuvo precios por otros dos años y medio más y hoy la deuda con las empresas alcanza los US$ 6.000 millones. Las empresas del sector estaban empezando a flaquear, no podían sobrevivir, estaban quebrando y, al final, había que sincerar eso", precisa Fischer.

El resultado es un enorme costo para generadores y distribuidores, que recién comienza a pagarse, con cientos de millones de dólares adeudados y con la publicación del decreto tarifario 2025-2028 aún pendiente, porque el decreto tarifario de distribución que correspondía a 2020-2024 se publicó hace muy poco.

SIN VÍAS DE SOLUCIÓN

En lo inmediato, la carrera por un subsidio a las cuentas está desatada, con propuestas como una sobretasa al impuesto verde, una sobretasa en el cargo por servicio público que hoy día se paga especialmente por los grandes consumos eléctricos y un mayor aporte fiscal vía la mayor recaudación del impuesto al valor agregado.

Pero también los sectores económicos acusan el golpe diciendo que no debería cargarse a una ya alicaída economía el coste de esta subvención.

Y si de malas noticias se trata, los chilenos deberían prepararse para otra dosis de realidad, ya que esta subida que terminaría en 2035, cuando se salde la deuda, se recalcularía tomando en cuenta el precio que corresponde al valor de los contratos. Pero eso "no incluye las otras cosas que pueden haber aumentado [en ese lapso], como la distribución [eléctrica] que tiene que subir también (...) Entonces el impacto va a ser más fuerte que eso".

Eso es lo que viene para el país: la distribución tiene los precios de hace ocho años, ya que el decreto tarifario que corresponde al 2020-2024 se promulgó hace poco. "Así que ahí, tomando la inflación más la deuda de los impagos, habría que pagar más por distribución también. Sumemos a eso que en transmisión hay que realizar más inversiones, porque las centrales solares  a menudo están en el norte y requieren ser transmitidas a los centros de consumo", concluye el académico.