Este miércoles se dio a conocer dos proyectos de ley para mejorar la entrega de permisos sectoriales y modernizar instrumentos de gestión ambiental. Mientras un gremio saluda la iniciativa, otros se manifiestan cautos.

“Estamos trabajando en construir un Estado que potencie con fuerza las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que generen empleos de calidad y cumplan con altos estándares medioambientales y sociales”, dijo esta jornada el mandatario chileno Gabriel Boric desde el Palacio de La Moneda, rodeado de parte de su gabinete, al presentar dos iniciativas para impulsar la inversión pública y privada del país.

Se trata de dos regulaciones que permitirían dejar atrás la denominada “permisología” de la que se quejan empresarios, orientadas a levantar la economía del país sudamericano, que este año tuvo un crecimiento equivalente al 0,1% de su PIB.

El llamado ‘Gabinete Pro-Crecimiento y Empleo’, compuesto por los ministerios productivos y el de Medio Ambiente, se presentó el Sistema Nacional de Permisos, para simplificar y reducir en un 24% el tiempo de los procesos de entrega de permisos sectoriales.

En tanto que el proyecto Evaluación Ambiental 2.0, que actualiza la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente a casi 30 años de su promulgación, para modernizar y mejorar los instrumentos de gestión ambiental vigentes. Lo principal es que elimina instancias políticas como el Comité de ministros, estableciendo una sola vía de impugnación o creando un proceso voluntario de participación temprana. También fortalece la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y establece que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estará legitimado para presentar una acción legal frente al daño ambiental.

“Son dos reformas clave para el crecimiento y el desarrollo sostenible de Chile, que están en el marco del Pacto Fiscal que le hemos presentado al país. Estamos presentando propuestas sólidas que conjugan distintas miradas y perspectivas en función del desarrollo de Chile”, señaló el presidente Boric.

RESPUESTA GREMIAL

Desde la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) del Biobío, valoraron la presentación ambas iniciativas.

El presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, dijo sentirse esperanzado que esta ley “efectivamente logre agilizar los problemas que existen hoy para los permisos de inversión, porque crea un sistema de permiso inteligente, y busca simplificar el proceso de autorizaciones, reducir tiempos y dar mayor certeza a los inversionistas”. 

“Estamos alineados con el Gobierno que esos son los objetivos y esperamos efectivamente que esto genere plazos más acotados en la evaluación de proyectos y, por lo tanto, mayores y mejores inversiones”, agregó.

Hoy la queja en Chile para la inversión productiva es la falta de certeza jurídica: debido a la baja previsibilidad en los criterios de evaluación, excesiva discrecionalidad en cuanto a requisitos exigidos, falta de plazos explícitos y no cumplimiento de dichos plazos para los permisos que sí los tienen establecidos. 

Diversos informes dan cuenta que la mayoría de los permisos sectoriales en Chile –unos 460- demoran más tiempo en ser resueltos de lo que establece la norma. Superando en tres veces a siete veces el tiempo que deberían tardar.

Así, el objetivo planteado por el ejecutivo es simplificar los procesos de autorización, reducir de forma sustantiva sus tiempos y dar mayor previsibilidad.

Tampoco habría proporcionalidad que diferencie por el tamaño de los proyectos de inversión, siendo todos evaluados por los mismos servicios y sometidos a los mismos trámites, distrayendo recursos e innecesario para proyectos de bajo riesgo. 

Además, se reclama la existencia de una ventanilla única para la tramitación de todos los permisos de un proyecto y tampoco herramientas que permitan centralizar la información para facilitar su gestión.

“Los problemas de la actual regulación dan cuenta de procesos de evaluación excesivamente largos”, comenta Dante Pancani, director de consultoría y socio de la firma de análisis Gestión Social.

De todos modos, el análisis de la consultora es que en la tramitación de los permisos sectoriales el proyecto debe asegurar que el examen de admisibilidad no se transforme en una barrera de entrada que solo difiera la entrada en vigor de los plazos. 

“Respecto de la incorporación de criterios de proporcionalidad en la tramitación se debería incentivar que la responsabilidad se traslade a la fiscalización y la responsabilidad del sector privado. Por ejemplo, la responsabilidad del cálculo de estructuras en obras civiles radica en profesionales responsables, en instituciones que certifican calidad e inspeccionan de manera independiente, todo se acredita ante instituciones públicas. De este modo, la responsabilidad pública está debidamente resguardada en la cadena de valor”, asegura Pancani.

En tanto que desde la ONG Ecosistemas, se mostraron más bien desilusionados de la propuesta de gobierno.

"Chile es un pais que esta absolutamente saturado industrialmente, con ríos agonizantes, pérdida de biodiversidad y deforestación brutal, prácticamente en todo el territorio, junto a tasas de cáncer y otras enfermedades disparadas que han generado una pérdida de calidad de vida para la población. Todo esto se debe al liberalismo con que el Estado ha permitido a las empresas extractivistas operar. Entonces, lo peor que podrían hacer es darle aún mayor libertad, como propone el Gobierno, acortando los plazos con esta estrategia de facilitar la 'permisología' de proyectos. Nuestro país debe evaluar su actual 'modelo de desarrollo'  y transitar del extractivismo colonial a una fase terciaria de servicios e intangibles", indicó a AméricaEconomía Juan Pablo Orrego, director de Ecosistemas.

REFORMA A LA LEY AMBIENTAL

El anuncio de reforma a la Ley ambiental chilena se da en el marco de la discusión generada por los largos periodos que sufre la tramitación de proyectos de inversión en el país.

Un reciente informe de la consultora Faro UDD, ligada a la Universidad del Desarrollo reporta que la tramitación total de un Estudio de Impacto Ambiental en Chile tarde en promedio 1.433 días, es decir, casi cuatro años.

En ese sentido, el proyecto de Ley, que aún no ha sido enviado al Congreso, tiene como objetivo fortalecer el rol del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para poner fin al Comité de Ministros, establecer obligatoriedad de la Participación Ciudadana Anticipada, por parte de titulares de proyectos junto a la comunidad y ciudadanía, así como ampliar la posibilidad de participación de los ciudadanos en los procedimientos de participación ciudadana que se inician mediante Declaración de Impacto Ambiental (días) y potenciar la capacidad de organismos. Potenciar el rol de los Órganos de la Administración del Estado con Competencias Ambientales (OAECA) en cuanto a calidad y oportunidad de sus informes.

“Eliminar el comité de ministros y COEVAS supone darle fuerza al rol técnico del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA) y eliminar instancias que tienen un carácter más político, y parece ser un buen avance para dar confianza tanto a titulares de proyectos como a la ciudadanía en general”, destaca la consulta GS.

Con todo, la entidad prevé una tramitación compleja.

“Si bien el tema es urgente y está entre las prioridades de Boric, se espera una discusión parlamentaria dura con dos actores enfrentados en el cabildeo: gremios empresariales y grupos ambientales. El diablo está en los detalles. Como toda ley que regula procesos, habrá que estar muy atento a los tecnicismos y reglamentos que la ley disponga”, finaliza Pancani.