Una de las posturas empresariales implica que el IVA de 15% impacta menos que eliminar subsidios: para un ingreso mensual de US$ 400 el alza afecta en US$ 17 y quitar subsidio US$ 50.
El incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 15% para financiar la lucha contra la violencia que actualmente vive Ecuador y que plantea el proyecto Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, genera reacciones en el sector privado y abre el debate sobre si esa era la medida más idónea de financiamiento y cómo asegurar que lo recaudado sea destinado para la seguridad y no para otros gastos del Gobierno ecuatoriano.
Con esta ley que el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional el jueves 11 de enero, el régimen busca generar un incremento en la recaudación de ese impuesto de US$ 1.071 millones en este 2024, tomando en cuenta que el alza se aplicaría a partir del 1 de marzo, según indica la documentación adjunta al proyecto presentado. Y recaudaría US$ 1.306 millones adicionales en un año completo, según las proyecciones del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Para Mónica Heller, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador y de la Cámara de Comercio de Quito, el incremento de impuestos es necesario para afrontar la crisis de inseguridad que atraviesa el país, sin embargo, señaló que el esfuerzo también debe venir del Estado y no solo de los ciudadanos.
“Entiendo que pagar más impuestos es un esfuerzo para todos, pero es necesario para afrontar la crisis que atraviesa el país. Sin embargo; para que este ajuste sea aceptable para los ciudadanos, debe venir acompañado de una reducción por parte del Estado en el gasto corriente, focalización de subsidios y transparencia fiscal”, manifestó la dirigente empresarial.
Por su parte, Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, aseguró que el incremento de tres puntos en el IVA como planeta el Gobierno de Noboa equivale a retirar alrededor de US$ 2.000 millones del bolsillo de los ciudadanos, liquidez que podría servir para invertir, construir o ahorrar y en vez de eso financiar un “gasto público creciente e imparable” en un entorno donde la economía se está desacelerando, al señalar que en octubre de 2023 las ventas se contrajeron alrededor el 2%.
Acosta analizó que subir el IVA es una alternativa costosa, pues advirtió que se trata de un impuesto regresivo que afecta más a los más pobres. Para el experto existen otras alternativas para financiar el conflicto y coincide con Heller en citar, por ejemplo, la focalización de subsidios a los combustibles. “La focalización de subsidios a los combustibles no afecta a los más pobres y esa es la diferencia, entonces hay alternativas que no son regresivas, que no van a tener un impacto tan grande en la población más pobre”, sostuvo Acosta.
Paralelamente el Gobierno ecuatoriano debe trabajar en priorizar el gasto público, el Estado “está plagado de instituciones inútiles que no agregan valor a los ciudadanos”. “Hay que eliminar lo que no agrega valor y priorizar los recursos en lo importante: seguridad, salud, educación!”, recomendó Acosta.
"CREAR UN FIDEICOMISO PARA QUE RECURSOS SE USEN ESTRICTAMENTE PARA SEGURIDAD"
Por otro lado, advirtió que lo recaudado por el incremento de IVA irá a la Cuenta Única del Tesoro de Ecuador, “pero la característica de esa cuenta es que todo desaparece, todo va a financiar ese gasto público desmedido y descontrolado, y no se puede garantizar que vaya a lo que realmente se quiere”. Por esto, Acosta indicó que si se quiere crear confianza en un mecanismo para una contribución ciudadana se debe crear un fideicomiso, donde se asegure que el destino de esos fondos, incluidos también los que se generen de la focalización de los combustibles, sean para financiar la seguridad.
Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, coincidió en que hay que revisar los gastos públicos improductivos. Como ejemplo citó el caso de las compras públicas, a través de las que se pierden miles de millones de dólares, según él. “A veces compran los insumos por hasta cinco veces el precio normal”, añadió.
“Los sacrificios no siempre tienen que venir de los contribuyentes”, agregó y explicó que cuando se suben los impuestos es más difícil atraer la inversión, resta poder adquisitivo a los consumidores y competitividad a nivel internacional.
"ES MÁS COSTOSA LA ELIMINACIÓN DE SUBSIDIOS"
Sin embargo, en los sectores productivos también hay actores que no están de acuerdo con tocar los subsidios a los combustibles y ven como mejor opción el incremento del IVA. José Antonio Camposano, presidente del Directorio de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) y de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), señaló que es más costoso para la gente la eliminación de los subsidios a los combustibles que el incremento del IVA. “Ante la necesidad de cubrir los costos de la lucha contra la delincuencia, las opciones son limitadas. Ojalá entendamos eso”, sostuvo el dirigente en su cuenta de X.
Camposano explicó que para un ingreso promedio de US$ 400 mensuales el incremento del IVA a 15% afecta en US$ 17 mensuales, es decir, un impacto del 4,2% de su ingreso, mientras que la eliminación de subsidio impactaría en US$ 50 mensuales, es decir, 12,5% sobre ese ingreso.
La Cámara de Industria de Guayaquil también esta de acuerdo con el incremento del IVA, pero también aspira que el Estado ecuatoriano reduzca el gasto público. El gremio, a través de un comunicado, explicó que el IVA es un impuesto de fácil recaudación y baja evasión, lo que asegura su rápida recolección.
“Creemos que esta medida aportará recursos importantes para ayudar a combatir al terrorismo”, indicó el gremio, que indicó que el costo que tiene alcanzar la paz es muy alto y toma mucho tiempo. “Para lograrlo se necesita el esfuerzo de todos”, manifestó la Cámara.
Mientras, el plazo de trámite económico urgente en la Asamblea Nacional es de 30 días calendario, es decir, podrá pronunciarse hasta el 11 de febrero sobre el proyecto presentado por el presidente Noboa.
