Las investigaciones así como los procedimientos seguidos en forma de juicio que llevan ambos órganos actualmente pueden verse afectados en la transición.
La iniciativa de reforma constitucional para desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y reagrupar sus funciones en secretarías de Estado ya está generando incertidumbre entre inversionistas y, de concretarse, complicará la posición de México en la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en 2026, advierten desde la International Chamber of Commerce, Capítulo México (ICC-México).
"En la ICC-México, hemos estado recibiendo muchas llamadas de los miembros, muy preocupados con esta situación, pidiéndonos que les tratemos de explicar cómo va a ser el proceso (de desaparición de los órganos) porque están viendo qué hacen con sus inversiones", afirmó Miguel Flores Bernés, abogado y presidente de la Comisión de Competencia de la ICC-México.
Este viernes se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma que plantea la disolución de la Cofece y del IFT, además de otros cinco organismos, entre los que se encuentran la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El proyecto plantea que sus funciones sean absorbidas por secretarías u otras instancias de la administración pública federal (APF), bajo el argumento de que actualmente presentan duplicidad de funciones y resultan “costosos” para el presupuesto público.
Sin embargo, hay premura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador –quien presentó la iniciativa en febrero pasado como parte de un paquete más amplio de proyectos para reformar al Estado mexicano– para que la propuesta se apruebe en sus términos antes de que concluya su mandato el último día de septiembre próximo, por lo que no se ha discutido de qué manera la APF retomará las funciones de los órganos que se planea desaparecer.
“Esto abre una veta de incertidumbre en lo que se define quién va a ser la nueva autoridad, si va a ser un órgano colegiado, cómo se van a nombrar a los nuevos comisionados, si va a haberlos o va a tener un fiscal, cuál va a ser su presupuesto, cuántas personas van a trabajar ahí, si van a ser personas competentes o no. Toda esa incertidumbre se vuelve muy importante”, recalcó Flores Bernés, quien también fue comisionado de la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC), predecesora de la actual Cofece.
La iniciativa dictaminada el viernes pasado plantea que las funciones de la Cofece serán absorbidas por la Secretaría de Economía y las del IFT, por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero no plantea si serán retomadas a través de un órgano técnico desconcentrado de tipo colegiado, a través de una subsecretaría, unidad o dirección general.
Advirtió también que, tanto las investigaciones como los procedimientos seguidos en forma de juicio que llevan ambos órganos actualmente pueden verse afectados en la transición si no hay una continuidad del personal técnico especializado. Aunado a ello, resaltó que la reforma judicial en marcha tampoco especifica si se mantendrán o desaparecerán los juzgados especializados en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, lo que abona aún más a la falta de certeza.
Todo esto, dijo, pone en duda la capacidad de México para ir a la revisión del T-MEC en 2026 con las garantías suficientes de que sus compromisos en materia de defensa de la competencia plasmados en ese acuerdo podrán ser cumplidos a cabalidad, lo que pondría en riesgo el tratado.
