En palabras de los expertos -y que fueron coincidentes con el ministro Marcel- “se mantiene la necesidad de zanjar con velocidad la reforma previsional, el pacto fiscal y dejar las reglas claras en relación a la permisología”, para que efectivamente se pueda reactivar la senda del crecimiento económico.
Si bien estuvo dentro de las expectativas tras el último dato del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), expertos calificaron como “desacelerada” la expansión del PIB de un 1,6% el segundo trimestre de 2024.
Sin embargo, lo que más preocupa a los economistas es el desplome en la inversión, asegurando que debería ser “una alarma para el sistema político en general”, de la mano con la necesidad de avanzar en las grandes reformas pendientes.
La evolución de la actividad económica en el segundo trimestre de 2024 se mostró más bien “decepcionante”, de acuerdo al informe de Cuentas Nacionales publicado esta mañana por el Banco Central.
En términos del PIB, este exhibió un crecimiento anual de 1,6%, impulsado principalmente por las actividades de minería, EGA (electricidad, gas, agua), comercio y transporte. Mientras que, en contraste, las actividades de servicios empresariales, agropecuario-silvícola y pesca presentaron las principales incidencias a la baja.
Si bien el dato se ubicó dentro de las proyecciones del mercado, posterior al último Imacec, da cuenta de una desaceleración de la economía, considerando que en el primer trimestre la actividad se expandió 2,5%.
Rodrigo Montero, decano de la facultad de administración y negocios de la Universidad Autónoma, señaló que “la economía está creciendo a una velocidad consistente con lo que es su capacidad”.
Sin embargo, dijo que el mercado laboral deteriorado nos deja un signo de pregunta respecto de la meta de crecimiento para el cierre de 2024.
Por otro lado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se mostró tranquilo respecto de la meta de crecimiento para este año, corregida recientemente a un 2,6%.
Si bien dijo que hay sectores especiales como el de la construcción, donde se debe poner mayor énfasis, insistió que el segundo semestre será clave para determinar si se cumple este objetivo o no.
La autoridad, en este contexto, emplazó al Congreso a que avance “más rápido” en los proyectos pro inversión que ha planteado el Ejecutivo.
Caída de la inversión
Desde la perspectiva del gasto, el crecimiento del PIB se sustentó en un mayor nivel de exportaciones. Pero la demanda interna disminuyó 1,4% como resultado de una menor inversión.
La inversión retrocedió 8,7% arrastrada por sus dos componentes; la formación bruta de capital fijo (FBCF) decreció 4,1% incidida, principalmente, por una menor inversión en vehículos de transporte y en equipos eléctricos y electrónicos.
Y la variación de existencias exhibió una disminución -en particular de productos mineros-, alcanzando un ratio acumulado en doce meses de -0,6% del PIB.
En esa caída consistente fue que se encendió una alarma.
Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, opinó que el Gobierno debiese poner ahí sus focos, para no ver después implicancias en el crecimiento.
El consumo de los hogares registró una variación anual de 0,5%, bastante marginal, sobre todo considerando, por ejemplo, el consumo de alimentos.
El comercio exterior presentó resultados mixtos; las exportaciones de bienes y servicios crecieron 7,3% mientras que las importaciones cayeron 2,2%.
En palabras de los expertos -y que fueron coincidentes con el ministro Marcel- “se mantiene la necesidad de zanjar con velocidad la reforma previsional, el pacto fiscal y dejar las reglas claras en relación a la permisología”, para que efectivamente se pueda reactivar la senda del crecimiento económico.
Respecto de eso, el gobierno no la tiene nada fácil ya que su proyecto estrella para reducir la permisología, una modificación de la Ley Bases del Medio ambiente que reduce tiempos de tramitación, fue duramente criticado hoy por sectores ambientalistas.
"El proyecto, que era esperado como una oportunidad de mejora en los estándares de protección ambiental, puede transformarse, en caso de aprobarse las indicaciones presentadas por el gobierno y por la oposición, en una amenaza las posibilidades de sustentabilidad, entregando un poder desmedido a los intereses económicos y limitando al control del Estado sobre sus bienes naturales. La desigualdad en esta materia es una fuente de conflictos sociales que esta reforma legal potenciaría, al olvidar cualquier lógica de justicia social y ambiental", han dicho 229 organizaciones ambientales y ciudadanas chilenas.
