El gremio de empresarios de Colombia (ANDI) rechazó la decisión de la Comunidad Andina sobre negar las salvaguardias (aranceles) que solicitó el Gobierno de Petro para proteger e incentivar la industria local.

El comercio de acero en la región andina está en el centro de una controversia que enfrenta Colombia con sus socios comerciales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La reciente decisión del bloque de negar las salvaguardias que Colombia impuso a las importaciones de barras de acero corrugadas ha generado un fuerte rechazo por parte de la industria siderúrgica nacional, que ahora ve en riesgo su competitividad frente a productores de países vecinos.

La Cámara Colombiana de Productores de Acero de la ANDI manifestó su preocupación ante lo que considera una decisión arbitraria que desprotege la producción local y va en contra de los hallazgos de la investigación que justificaba la medida. El Gobierno colombiano, por su parte, evalúa la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración y redefinir su estrategia frente a la CAN.

El eje de la disputa es el mercado del acero corrugado para refuerzo de concreto, un insumo clave en la construcción. En octubre de 2024, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció un cupo de 29.529 toneladas anuales libres de arancel. Para cualquier importación que superara ese límite, el Gobierno impuso un gravamen del 14,5% por dos años.

Sin embargo, tras una evaluación del caso, la Secretaría General de la Comunidad Andina, compuesta por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, determinó que la imposición de salvaguardias no cumplía con los criterios necesarios y, por lo tanto, ordenó la suspensión inmediata del arancel y la devolución de los montos cobrados durante su vigencia.

El informe de la CAN concluyó que no se presentó un incremento súbito ni desproporcionado en las importaciones, y que la contracción de la producción nacional no estaba únicamente vinculada a la competencia externa, sino a otros factores como la ralentización del sector construcción y el aumento en los costos de insumos.

La ANDI, por su parte, argumentó que la evaluación del organismo tuvo fallas metodológicas, interpretaciones arbitrarias y desconoció los principios básicos de defensa comercial reconocidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Además, señalan que el impacto del acero importado en el mercado colombiano es innegable. En 2023, las importaciones de barras de acero corrugadas desde la Comunidad Andina alcanzaron 33.654 toneladas, de las cuales 99,4 % provinieron de Perú. Este incremento habría desplazado la producción local, generando pérdidas en la industria nacional.

El sector también advierte que la importación de alambrón –otro insumo siderúrgico clave– proviene en 76,6% de países sin acuerdos comerciales con Colombia, como China y Rusia, lo que genera una competencia desigual, ya que estos productos llegan al país con precios entre 7% y 15% más bajos que los del mercado local.

La decisión del ministro Luis Carlos Reyes ha venido ajustando su política comercial para contrarrestar el impacto de estas importaciones. Además del arancel de 14,5% sobre las barras de acero corrugado, el Decreto 1294 de octubre de 2024 impuso un arancel de 35% sobre el alambrón proveniente de países sin acuerdos comerciales.

El jefe de cartera señaló que se busca corregir prácticas desleales que afectan la industria local.