A raíz de la salida de Venezuela en 2006 del Tratado de Libre Comercio G3, en el que participaba con México y Colombia, los inversionistas mexicanos no cuentan con un instrumento internacional que otorgue certidumbre jurídica a sus inversiones en la economía venezolana.
Los flujos de comercio e inversión entre México y Venezuela, hoy en medio de la incertidumbre política después de unas cuestionadas elecciones presidenciales este fin de semana, han mantenido una tendencia a la baja en la última década, hasta quedar actualmente marginales, de acuerdo con datos del Banco de México.
En 2023, las importaciones mexicanas de productos desde Venezuela fueron de US$ 17 millones (-56% interanual), mientras que las exportaciones de bienes de México al mercado venezolano totalizaron US$ 228 millones (-32% interanual).
Desde otra arista, la participación de Venezuela en las exportaciones de México fue de 0,04% y la participación del país sudamericano en las importaciones de México fue de un raquítico 0,003%.
En la última década, el valor total del comercio bilateral se contrajo 89% de US$ 2,243 millones (con un superávit mexicano por US$ 2.062 millones) a solo 245 millones el año pasado (con un superávit mexicano por US$ 211 millones).
En general, el comercio internacional de mercancías de Venezuela con todo el mundo ha menguado en los últimos años, hasta los US$ 7.500 millones de exportaciones y US$ 11.300 millones de importaciones en 2023, según cálculos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Entre los productos mexicanos exportados a Venezuela están maíz; agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) y preparaciones para lavar; medicamentos; mezclas de sustancias odoríferas y mezclas; y aceites de petróleo, excepto crudo.
Venezuela exporta al mundo productos como petróleo, camarones, urea y aluminio, algunos de los cuales embarcó en el pasado a México.
También los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) entre México y Venezuela se mantienen prácticamente nulos, con inversiones acumuladas de empresas venezolanas en México por US$ 190 millones y con desinversiones por parte de empresas mexicanas en Venezuela.
En 2014, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México calculó que las empresas mexicanas tenían inversiones productivas por US$ 1.285 millones en ese país sudamericano.
A raíz de la salida de Venezuela en 2006 del Tratado de Libre Comercio G3, en el que participaba con México y Colombia, los inversionistas mexicanos no cuentan con un instrumento internacional que otorgue certidumbre jurídica a sus inversiones en la economía venezolana.
ENTORNO ADVERSO
Con ese nuevo contexto, en agosto de 2008, el gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez expropió los activos de Cemex.
“La región continúa viéndose afectada por la crisis económica y política de Venezuela, que ha tenido un gran impacto en la economía regional y supone un importante riesgo económico, social y de seguridad”, dijo Cemex en su reporte de 2023.
Luego, en febrero y marzo de 2009, Coca-Cola FEMSA enfrentó una la toma de varias de sus instalaciones en ese país por parte de obreros inconformes.
Actualmente, esta empresa mantiene operaciones ahí. Pero al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el valor razonable de su inversión en Venezuela fue nula.
Un tercer caso fue el de Gruma, cuyos activos en Venezuela fueron adquiridos de manera forzosa el 12 de mayo de 2010 por el gobierno de esa nación.
Gruma detentaba su inversión en Monaca y Demaseca a través de dos compañías españolas, Valores Mundiales y Consorcio Andino.
Sobre este último caso, el 25 de julio de 2017, un tribunal resolvió el arbitraje a favor de Valores Mundiales y Consorcio Andino y ordenó a Venezuela pagar a estas empresas US$ 430,4 millones en concepto de daños y perjuicios, monto que, actualizado al 31 de diciembre de 2023, considerando intereses, ascendía a US$ 630 millones.
Por otra parte, la compañía venezolana de alimentos y bebidas Empresas Polar inició operaciones comerciales en México, con el objetivo de producir los tequeños, un snack típico venezolano relleno de queso.
